Causa por el ataque de la patota en la Comuna 4: Audiencia con sorpresa en la Cámara Criminal

El 4 de mayo pasado, un grupo de individuos, liderados por Rodolfo Corzo, alias “Cordobés”, agredió a los integrantes de varias organizaciones populares del barrio de la Boca que querían que se discutiera, en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, la venta a Boca de los terrenos de Casa Amarilla para construir un “estadio-shopping” en lugar de las viviendas sociales largamente postergadas. El hijo del Cordobés fue quien inició el ataque, armado con un cuchillo con el que lanzó una estocada al cuello de Matías Scínica, militante de la agrupación Boca es Pueblo, mientras sus acompañantes revoleaban sillas y repartían golpes y palazos a granel. Otros jóvenes resultaron lesionados. Ya en la calle, Fernando Abal Medina, de la Agrupación Descamisados de La Boca, fue también atacado a golpes cuando intentaba que la patota dejara pasar la ambulancia, y sufrió una grave fractura de la base del cráneo.

Apenas cuatro días después, el 8 de mayo, el juez de instrucción Roberto Ponce ordenó la detención de Corzo hijo, identificado con claridad, mientras blandía el arma blanca, a través de fotos y videos de las cámaras del lugar. De inmediato un abogado, “casualmente” apoderado fiscal del GCBA, pidió su eximición de prisión. El juez la denegó, lo que fue confirmado por la cámara de apelaciones y la de casación, ya que el delito reprochado es homicidio tentado.

Varios meses después, el 1º de septiembre, Rodolfo Corzo hijo fue detenido. Se lo indagó por la tentativa de homicidio de Matías, y a los pocos días el juez, apoyado en la abrumadora prueba testimonial, pericial y fílmica, lo procesó con prisión preventiva.

La defensa apeló, y por eso hoy comparecimos ante los jueces Julio Lucini y Luis María Bunge Campos, de la Sala VI de la Cámara Criminal. La audiencia se desarrolló normalmente, con la exposición inicial del defensor de Corzo, que aunque reconoció que Corzo hirió a Matías, sostuvo que “no fue una herida punzante, sino un corte” (¿?) lo que, según dijo, “elimina el dolo de homicidio”. Esto fue ampliamente rebatido por la fiscalía, y por nuestra compañera María del Carmen Verdú, que patrocina la querella de Matías y otros dos compañeros lesionados.

Pero la sorpresa vino en la segunda intervención del defensor de Corzo, cuando quiso replicar a la compañera Verdú, que había planteado que los cuatro meses de profugación impedían considerar alternativas a la prisión preventiva. Sin titubear, el abogado dijo que Rodolfo Corzo (h) estuvo todo ese tiempo en la casa de su madre, y que diariamente concurría a las oficinas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del GCBA, en la calle Maipú 116, en su condición de empleado municipal “sin cargo específico”. Una prueba irrefutable del amparo institucional que tiene el ex prófugo.

Por ello, la compañera Verdú pidió a los camaristas que se expida testimonio del acta de la audiencia y se investigue la comisión de delitos de acción pública por parte de esos funcionarios estatales.

No es la primera vez que nos encontramos con prófugos por gravísimos delitos que siguen yendo a cobrar en ventanillas oficiales. Pasó desde 1992 hasta 1997 con el oficial subinspector Luis Alberto Farese, uno de los torturadores y asesinos de Sergio Gustavo Durán (17), que personalmente cobraba sus sueldos en la jefatura de policía de La Plata cuando ya estaba prófugo. Pasó también con su consorte de causa, el también asesino y torturador cabo Raúl Rodolfo Gastelú, que, ya capturado, declaró en el juicio oral, en abril de 2005, que no estaba enterado de que lo buscaban, y entregó al tribunal los originales de los recibos de sueldo percibidos mes a mes, por años, en la misma Jefatura Bonaerense.

El caso de Rodolfo Corzo ratifica que no es sólo la policía, es todo el aparato represivo estatal, oficial o “tercerizado”.