Comando unificado para la represión

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que en unos días asumirán sus cargos como presidente de la Nación, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y jefe de gobierno de la CABA, presentaron formalmente sus gabinetes. El perfil de los elegidos para dirigir las áreas de “seguridad” y comandar las fuerzas de seguridad en los tres estamentos, dice mucho de lo que vendrá a partir del 10 de diciembre.

1. Bullrich y Burzaco:

A nivel nacional, la designada ministra de Seguridad es una vieja conocida, y mejor entrenada en la materia. Se trata de Patricia Bullrich, que ya a fines de los ‘90 se dedicaba a mejorar los mecanismos represivos en el municipio de Hurlingham, desde su cargo como Coordinadora de Gabinete del varias veces intendente Juan José Álvarez. En 1998, Bullrich anunció a los vecinos de Hurlingham el “Sistema de Seguridad Modelo”, un plan que duplicó la cantidad de policías en las calles del municipio; implementó un mecanismo de coordinación con las empresas de seguridad privada; creó cuerpos municipales de policía y confeccionó un “mapa de la realidad del distrito”, que obviamente señalaba como sectores “peligrosos” los barrios más pobres. El plan también exigía que los nuevos policías de las tres seccionales, Hurlingham, Villa Tesei y William Morris, tuvieran domicilio en el partido. Casi 20 años antes que a Scioli se le ocurriera el concepto de “policía comunal”, y precediendo a otros “adelantados”, como Alejandro Granados en Ezeiza o Sergio Massa en Tigre, que hicieron experimentos locales en ese sentido, ya Patricia Bullrich explotaba lo de que “nadie te vigila mejor que el que te conoce bien”.

La eficiencia de su plan catapultó a Patricia Bullrich, después del recambio presidencial de 1999, al escenario nacional, ahora al servicio de la Alianza UCR-Frepaso. Entre ese año y el siguiente, fue la encargada de manejar ni más ni menos que al Servicio Penitenciario Federal, como Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bullrich estaba en Viena, participando de un congreso sobre prevención del delito en la ONU, cuando estalló un escándalo en las tapas de los diarios argentinos: Un preso le confesó al juez Alberto Baños, que investigaba a guardiacárceles federales que reclutaban presos y los forzaban a salir a robar para ellos, que a él también lo habían hecho salir, pero con la orden de matarlo. Los cuatro presos que dieron información al juez sobre el negocio de robos armado por el Servicio Penitenciario Federal, murieron muy convenientemente antes que la causa llegara a juicio oral, tres “suicidados” en la cárcel y uno fusilado en una aplicación de la “ley de fugas”[1].

Fue también durante la gestión de Bullrich a la cabeza del SPF que llegó a juicio oral la causa contra los penitenciarios Galarza, Mir y Tocayuk, asesinos de Rodolfo “Fito” Ríos, hijo de nuestra compañera Delia Garcilazo. En agosto de 2000, la funcionaria se dedicó a presionar para lograr la absolución de sus subordinados. Al término del juicio, el fiscal Marazzi no acusó a los torturadores, y la levísima pena impuesta por el tribunal sólo fue posible porque había una querella.

De nuevo, la eficiencia de Patricia Bullrich en su gestión la promovió a cargos superiores, en otras áreas. Para cuando el país ardía al compás de la desocupación y la miseria, y estallaba la rebelión popular que volteó el gobierno de De la Rua, ya había sido ministra de Seguridad Social, y era Ministra de Trabajo. Más adelante dejó los cargos ejecutivos para concentrarse en la tarea legislativa, e integró, con el rabino y nuevo secretario de Medio Ambiente, Sergio Bergman, el séquito de aplaudidores y promotores de Juan Carlos Blumberg y su Cruzada. En octubre de 2007, su partido Unión Ciudadana llevó al “no ingeniero”, con apoyo de Cecilia Pando, como candidato en la provincia de Buenos Aires.

La nueva ministra designada por Mauricio Macri será, ahora, la dirección política de la totalidad de las fuerzas del Estado Nacional: Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la nueva “agencia federal contra el crimen organizado”, que prometió crear, y que veremos combatiendo cualquier cosa, menos el crimen organizado que ellos mismos protagonizan.

Todavía no se conoce todo su equipo, aunque con lo que ya trascendió tenemos suficiente para preocuparnos. Como su segundo, estará Eugenio Burzaco, el gran admirador de Rodolfo Giulianni que quedó, por descarte, como jefe de la Policía Metropolitana, después que se cayeron Jorge “el Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro por el escándalo de las escuchas y espionaje. Burzaco tiene en su curriculum grandes éxitos, como haber sido asesor de seguridad del gobernador neuquino Jorge Sobisch y, desde allí, co-responsable del ataque represivo a los docentes en Arroyito, el día que fue asesinado Carlos Fuentealba. Como su nueva jefa, también tiene antecedentes en el gobierno de la Alianza, ya que integró la SIDE en épocas de Fernando De Santibáñez. Luego de un primer acercamiento al PRO, prefirió apoyar a Francisco De Narváez cuando Macri eligió a Guillermo Montenegro para la cartera de Seguridad, pero volvió al redil para hacerse cargo de la Metropolitana, cargo desde el que dirigió las grandes represiones del Parque Indoamericano, con tres asesinados, del Hospital Borda y de la Sala Alberdi, por la que hay tres policías metropolitanos a punto de ir a juicio por triple tentativa de homicidio calificado. Fue imputado en las tres causas, e indagado y sobreseído en la del Indoamericano.

Parece que la cosa viene de familia. El padre de Eugenio Burzaco fue secretario de Medios de Carlos Menem, y su hermano Alejandro se hizo masivamente conocido por el Fifagate. Como si fuera poco, Burzaco integró la Fundación Pensar, de la que participaba el represor del Batallón 601 Julio Cirino, y es actualmente CEO de Templar Seguridad Integral, una agencia de seguridad privada que asiste, entre otros, a varios municipios del conurbano, como el de Lomas de Zamora.

En sus primeras apariciones públicas como futuro reemplazante del Coronel Sergio Berni, ya mostró muy francamente la hilacha, como cuando cruzó a la gobernadora bonaerense electa, Vidal, que mencionó la necesidad de (más) purgas en la policía. “No estoy de acuerdo con la idea de una purga: hace pensar que está todo podrido, y no es así. (…) En la Nación no vamos a trabajar así”, tranquilizó a su fuerza.

2. Ritondo:

Cristian Ritondo, el elegido por María Eugenia Vidal para la cartera de Seguridad provincial, tampoco es un principiante en la materia. Entre 2001 y 2003, fue el subsecretario del Interior de la Nación del gobierno de Eduardo Duhalde. Como su jefe inmediato de entonces, el secretario Jorge Matzkin, es uno de los responsables impunes del asesinato de Darío Santillán y Maximilianbo Kosteki.

Ritondo llegó a la política en tiempos de Menem, de la mano de Carlos Grosso, entonces intendente de la Capital Federal, que lo reclutó por su buena performance como puntero en Mataderos. Como Burzaco, pasó por la SIDE, pero ya en los tiempos de Miguel Ángel Toma, el hombre fuerte de la época, que lo convirtió en su protegido. Con esa escuela, no sorprende que en sus primeras declaraciones, tras el anuncio de su futuro cargo, defendiera la gestión saliente del ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. “La policía, de la mano de Granados, ha tenido una mejora” dijo. Se deshizo en halagos a las policías comunales y no se olvidó de mandar un claro mensaje a los 91.000 efectivos que comandará desde el 10 de diciembre: “Hay que colaborar fuertemente con la fuerza, que se sientan respaldados”. Por si alguno no entendió lo que quería decir, agregó que su primera tarea es que la policía bonaerense “recupere el prestigio social”. Quizás el modelo al que aspira es el de la Policía Metropolitana, en cuyo armado tuvo mucho que ver, al punto que fue uno de los invitados de honor en los actos a 7 años de su creación. Por algo el 28 de octubre pasado colgó las fotos en su Facebook, y escribió: “Por ser parte de la conformación de esta Policía, me siento muy orgulloso de que desde hace siete años los vecinos de la Ciudad puedan contar con una fuerza de seguridad comprometida con la sociedad, que promueve valores como el profesionalismo, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de la ciudadanía”. Valores de los que nos dan una pauta los tres muertos del Indoamericano, los 17 fusilados por el gatillo fácil metropolitano, los represaliados del Hospital Borda o los compañeros de la RNMA baleados con plomo en el intento de desalojo de la Sala Alberdi.

3. Ocampo:

Para la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta eligió a Martín Ocampo, que indudablemente debe ser un abogado muy, pero muy brillante, ya que sin otro antecedente académico que una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral otorgada en 2007, y ninguna experiencia en la carrera judicial, logró ser nombrado, hace pocos meses, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.

Su candidatura para ser jefe de todos los fiscales penales, contravencionales y de faltas de la ciudad fue fuertemente impugnada por diversas organizaciones académicas y ONGs vinculadas a la labor judicial, que sostuvieron que carecía de idoneidad técnica, por su ausencia total de antecedentes, y de independencia de criterio, por tratarse de un conocido militante del PRO.

Ocampo, que pertenece al sector del macrismo liderado por Daniel Angelici, el operador judicial del PRO, no viene, como sus pares de Nación y provincia, del peronismo, sino del radicalismo. Y no de cualquier parte de la UCR, sino que se crió de chiquito bajo el ala de Héctor Tom Constanzo, el mítico “hombre de negocios” que lideraba el viejo Consejo Deliberante en el post-alfonsinismo, cuando la UCR conservaba allí una importante bancada, y protagonista del escándalo de la “escuela shopping” de Once[2].

Para principios de 2005, había otro escándalo dando vueltas en la ciudad. Eran los últimos tiempos como jefe de gobierno de Aníbal Ibarra, y su secretario de Hacienda no era otro que Tom Constanzo, que nombró, como Director General de Concesiones y Privatizaciones de la Subsecretaría de Gestión Operativa, a Martín Ocampo. En 2004, su hoy colega nacional, Patricia Bullrich, los denunció a ambos por “una trama de corruptela que había alrededor de los boliches de la costanera” (sic).

La historia, digna del guión de una película clase “C”, estaba apoyada en grabaciones y filmaciones con cámaras ocultas, que mostraban a ambos funcionarios, y algunos de sus subordinados, en diversos tramos de una operación extorsiva contra cuatro boliches que funcionaban en el ex predio de Coconor (Pachá, Rodizio, Pizza Banana y Gardiner). A cada uno les exigieron montos de 200 mil a 50 mil dólares como contraprestación para no revocar las concesiones, que estaban algo “flojitas de papeles”. Los empresarios se unieron para resistir el pedido de coima, y entregaron a Bullrich las filmaciones obtenidas. En la causa estuvieron procesados Ibarra, Constanzo, Ocampo y tres funcionarios más. De nuevo, triunfó la “justicia”, y todos fueron sobreseídos, excepto Constanzo, que quedó procesado.

Cuando, a principios de 2015, empezó a rodar la candidatura de Martín Ocampo para la Fiscalía general de la ciudad, no faltó el periodista indiscreto que recordó el episodio e interrogó a Patricia Bullrich sobre quien ahora formaba parte de su mismo espacio político. Dando muestras de la firmeza de sus principios, siempre al estilo Groucho Marx, la antes denunciante tornó en defensora del futuro ministro de Seguridad de la ciudad: “… No, no. La causa se cerró… Yo creía que tenía argumentos, pero la Justicia cerró la causa. No podés impugnar a una persona que salió libre de toda sospecha”.

Estos son los personajes que, desde el 10 de diciembre, van a planificar la política represiva de los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la CABA. Uno más corrupto que el otro, y todos licenciados en impunidad. La policía federal, la policía bonaerense, la metropolitana, la gendarmería, la prefectura, la PSA, con todo su poder de fuego, estarán contenidas en un mismo puño, dirigido por Mauricio Macri y administrado por semejantes ejemplares.

Si sumamos el aparato represivo de Jujuy, Mendoza y Corrientes, que serán gobernadas por Cambiemos a través de la UCR, el escenario de mando común no tiene parangón en nuestra historia reciente, y da un cariz especialmente preocupante a lo que tendremos que enfrentar. No alivia el panorama que en otras 15 provincias la conducción será del PJ, ni que haya unas pocas “no alineadas”, con prontuarios represivos de la envergadura que ostentan el sapaguismo en Neuquén o el Partido Socialista en Santa Fe.

Los lineamientos de la política represiva que vendrá quedaron más que explícitos en la primera ronda de prensa de Mauricio Macri después de ganar las elecciones: “Vamos a declarar la emergencia y poner en marcha el trabajo en la línea de la profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país, que creemos una tarea pendiente. Como logramos con la Metropolitana en la ciudad, hay que lograrlo en cada policía provincial y empezar a trabajar desde el primer día para tomar control sobre el territorio. Eso ha sido inentendible y realmente imperdonable, la inacción que ha tenido el gobierno durante más de una década. Es prioridad absoluta para nosotros arrancar por ahí”. Durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fueron asesinadas 3.070 personas, víctimas del aparato represivo del Estado; hubo 70 desaparecidos y 21 asesinados en la represión a la protesta, sin contar los miles de represaliados a través del poder judicial. Si para Macri esto es inacción, su concepto de “acción” requiere que redoblemos nuestra fuerza.

Debemos profundizar la coordinación y la unidad de acción para estar a la altura de las luchas que vendrán.

[1] Rubén Juárez, Carlos Sández Tejada, Lucas Ricardo Carrizo y Maximiliano G. Noguera fueron asesinados en el penal. Miguel Ángel Arribas, que debía declarar en un tribunal en Paraguay 1536, fue trasladado dentro del camión solo, sin asegurar sus esposas al asiento, en una evidente invitación a la fuga. Cuando se abrió la puerta del camión, saltó y comenzó a correr. El agente del SPF Pablo Giménez le disparó un itakazo por la espalda.
[2] En 1990, se aprobó una ordenanza que cedió a un empresario el uso de la planta baja del colegio Presidente Mitre, en Pueyrredón y Sarmiento, para instalar locales tipo “shopping”. El proyecto había ingresado ese mismo día, y todo el trámite estuvo plagado de irregularidades, sin contar la irregularidad mayor, que una escuela fuera entregada para ser usada como centro comercial. Varios concejales, entre ellos el mentor de Ocampo, Constanzo, terminaron procesados, aunque la “justicia” prevaleció y la causa prescribió en 2005.