Comunicado de Prensa contra la Ley Antiterrorista

A fines de enero de 1997, un conjunto muy representativo de entidades de derechos humanos, organizaciones sindicales y estudiantiles, partidos políticos y personalidades de diferentes ámbitos convocamos a la prensa para, a través de la misma, hacer saber al conjunto del pueblo que se podía avecinar un hecho muy grave para los derechos y garantías de los habitantes de nuestro país.
Denunciamos en aquella oportunidad que en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados había conseguido dictamen favorable un proyecto de ley llamada “antiterrorista” que agredía los más elementales principios democráticos y constitucionales. Señalamos también que dicha propuesta había sido tratada en un clima de secretitud altamente sospechoso y que se recurría hipocritamente a los salvajes atentados de la Embajada de Israel y la AMIA para justificar el nacimiento de una ley que sería usada para reprimir opositores políticos y luchadores sociales. Advertimos, finalmente, que el proyecto con dictamen no era el único, que había varios más (todos hostiles a los más elementales derechos humanos) y que uno de los proyectos que podía sustituir al “oficialista” era el conocido como “consensuado”, de leves diferencias con el primero. Naturalmente, las personas y organismos autoconvocados hicimos conocer nuestra opinión a la prensa y los legisladores: esos proyectos debían ser retirados inmediatamente de la legislatura.
Ninguno de los bloques predominantes en el Congreso (PJ, UCR, Frepaso) opinó publicamente sobre nuestro pronunciamiento ni aclaró su verdadera posición al respecto. Sólo se conocieron declaraciones de diputados radicales negando la existencia del proyecto “consensuado” y de la diputada Garré (Frepaso) criticando el proyecto oficial y afirmando que debía tratarse “otro”, sin mas aclaraciones.
Concientes de que ese silencio (muy coherente con el secreto inicial) era una señal de riesgo para los que defendemos los derechos humanos, buena parte de las entidades autoconvocadas nos seguimos reuniendo para dar la batalla contra la sanción de semejante engendro legal. Fue gracias al aporte de este grupo que la movilización unitaria convocada para el próximo 24 de marzo incorporó entre sus reclamos el retiro de los nefastos proyectos de ley, a los que se denuncia como represivos y de visible inspiración en el FBI norteamericano.
El motivo del presente comunicado es hacer conocer a la opinión pública que:
1. El proyecto “consensuado” existe, en los términos de nuestra denuncia original, y 2. Que los diputados del PJ han estado intentando conseguir los votos necesarios para tratarlo “sobre tablas” y que, como no habrían conseguido el número necesario, el proyecto se trataría a mediados de abril.

El proyecto “consensuado”
Tal como podemos acreditar con fotocopias que están en nuestro poder el citado proyecto fue debatido en el ámbito de la Comisión Bicameral conformada en razón del atentado a la AMIA y lleva la firma de los legisladores Picchetto (PJ), Arias (PJ), Storani (UCR), Cruchaga (UCR) y Alvarez (Frepaso). Con respecto a los miembros de la UCR debe señalarse que bajo su firma han puesto “en disidencia parcial”. En relación a Alvarez, la CORREPI se comunicó con el bloque del Frepaso para confirmar si era el Alvarez miembro de ese partido y se nos informó que efectivamente esa firma le pertenece, pero que luego la retiró de la comisión mediante nota a fines de febrero.
En cuanto al contenido el proyecto “consensuado” no difiere demasiado del que denunciamos en su momento: vaguedad en la definición de lo que serían delitos “terroristas”, competencia de la justicia federal, posibilidades del juez de actuar fuera de su jurisdicción, posibilidad de instaurar el secreto de sumario por tiempo indefinido, prórroga automática de todos los plazos procesales, creación de las figuras del arrepentido, el agente encubierto y el terstigo de identidad reservada, creación de la Dirección General de Protección de personas, etc.

Los proyectos instauran la doctrina de la Seguridad Nacional y deben ser retirados del Congreso
Prácticamente nada de lo que se pretende legislar mediante los proyectos que denunciamos es nuevo para la Argentina. Astiz se llamaba Gustavo Niño cuando actuaba como “agente encubierto” y se infiltraba entre las Madres; Scilingo merecería ser desafectado de su causa (si no lo hubieran salvado la Obediencia Debida y el Punto Final) por sus espeluznantes relatos de “arrepentido”; Redruello actúa hoy mismo en su condición de “informante”. Ni que hablar de las facultades judiciales: no nos olvidamos de los jueces del “proceso” (muchos todavía en funciones) que se sentían “facultados” para denegar los habeas corpus por los desaparecidos, ni del “Camarón” (Cámara Federal en lo Criminal en tiempos de Onganía) que en los 60′ tenía amplias facultades para librar una supuesta lucha contra el “terrorismo”.
En el pasado reciente también abundan ejemplos: por decreto Menem creó la Super Secretaría de Seguridad después de la voladura de la Embajada para, claro está, “combatir al terrorismo”. De su jefe, el Brigadier Antonietti, y del presupuesto asignado sólo tuvimos dos noticias: el indigno desalojo de las familias humildes que ocupaban la abandonada bodega Giol y la gestión para construir el vergonzoso aeropuerto de Anillaco.
Lo que sí resulta verdaderamente novedoso es la pretensión de legalizar semejantes herramientas represivas en los marcos del estado de derecho.
Nuestro país y nuestro pueblo necesitan trabajo, salud, educación, vivienda. El gobierno se empecina en aplicar un proyecto marginador y hambreador, a la vez que se prepara para endurecer aún más los niveles represivos. El lamentable proyecto consensuado (o, al menos, “bastante consensuado”) con la oposición pone en peligro las mas elementales garantías constitucionales. Desde la CORREPI redoblaremos fuerzas para que dicha norma jamás sea aprobada y seguiremos participando de cuanto ámbito se cree para exigir el inmediato retiro de todos esos proyectos.
Bs. As. 21/03/97