Declaración de CORREPI frente a las nuevas asonadas policiales.

En octubre de 2012, cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer (Boletín Informativo de CORREPI nº 674).

Un mes antes, en España, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la represión al movimiento de los indignados, la infiltración y el uso de policías encapuchados (Europapress, 26/09/2012). En años anteriores, el SUP defendió públicamente el tratamiento brutal a los independentistas vascos, y exigió al gobierno español que profundizara la represión contra ETA, desconociendo los términos del acuerdo de alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011).

Estos dos ejemplos internacionales muestran claramente cuál es el rol de las agrupaciones policiales o de otras fuerzas de seguridad, que sus defensores insisten en llamar “sindicatos”, como si sus integrantes fueran parte de la clase trabajadora, en lugar de desclasados que, aunque cobren un sueldo por la tarea que cumplen, son mercenarios cuya función es disciplinar al pueblo para conservar los privilegios de sus patrones.

No es diferente la cuestión en Argentina. Basta ver lo sucedido días pasados en la localidad bonaerense de Olavarría, después de que el sargento Juan Coria impidiera, con un certero disparo en el abdomen, que el trabajador de 33 años Jorge “Tito” Ortega se suicidara. El asesinato de Tito movilizó a vecinos y amigos de la familia, que se manifestaron en la plaza de la ciudad. La fuerte repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en el acto de CORREPI en Plaza de Mayo el pasado 29 de noviembre, allanó el camino para que el fiscal hiciera lo que hubiera hecho el mismo día del hecho si el asesino no llevara uniforme: imputarlo por homicidio calificado y ordenar su detención.

De inmediato, el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”, se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento Coria siguiera detenido. En poco más de 72 horas, el fiscal revisó su posición, y anunció que no iba a pedir la prisión preventiva del funcionario, por lo que fue liberado. En la página web de APROPOBA, otro de los “sindicatos” policiales bonaerenses, no sólo se puede leer su satisfacción por la noticia. También dejan claro que la libertad del asesino fue fruto de un acuerdo con la fuerza. Dice su comunicado: “Se confirman así todas las versiones que circularon insistentemente ayer en torno de un acuerdo para permitir que Coria llegue en libertad al juicio oral y público por el homicidio de Ortega. En ámbitos policiales se generalizaba un estado de ánimo satisfecho a medida que corría la noticia. Los familiares de la víctima seguramente la recibirán con desazón”.

El Sin.Po.Pe. es uno de los tantos “sindicatos” de fuerzas de seguridad en nuestro país, y se presenta como uno de los más “progresistas”, tanto desde su origen, de la mano del comisario Mastandrea, quien iba a ser secretario de Seguridad bonaerense si la Alianza, con Graciela Fernández Meijide de candidata, ganaba las elecciones a gobernador, como por su cuidado lenguaje, que intenta remedar el de una organización de trabajadores. A diferencia de otros de esos grupos de presión, que, por ejemplo, reivindican de forma explícita la última dictadura militar, el Sin.Po.Pe se esfuerza en parecer otra cosa, pero sus acciones concretas lo dejan al descubierto. Su secretario de Accidentes de Trabajo, por caso, tiene como tarea defender en las causas penales a los policías acusados por fusilamientos de gatillo fácil, hechos de tortura y otras “contingencias laborales” frecuentes. El Dr. Rubén Adrián Fernández defendió policías torturadores en los casos Duffau y Gorosito, y hoy es el abogado del capitán Alfredo Alberto Veysandaz, que a principios de año, en Quilmes, disparó sobre un grupo de jóvenes, que mató a David Vivas (21) y a Javier Alarcón (15), e hirió a otro muchacho.

Estos pocos datos permiten ubicar con claridad desde dónde se deben analizar las asonadas policiales de los últimos días, replicadas en casi todo el país tras el triunfo del motín cordobés. En ese caso, además, no se puede soslayar la particular situación de exposición del protagonismo de esa fuerza en el narcotráfico en los últimos tiempos, cosa que, aunque no sea novedad ni mucho menos privativa de la policía cordobesa –hace horas fue arrestado un policía santafesino con la pistola 11.25 usada para disparar contra el domicilio de su jefe político, el gobernador Bonfatti- puso un plus a la jugada, ya que necesitaban relegitimar su lesionada imagen. Qué mejor para ello que poner en evidencia el “caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles cordobesas, fue deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado, también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos sectores sociales con miras a la evidente profundización del conflicto social que se avizora en el horizonte próximo.

En resumen, los policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios NO son trabajadores que se organizan y pelean por mejores condiciones laborales. Junto con el reclamo salarial, generalmente en la letra chica de los petitorios, que no trasciende en los medios, está presente el reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos. En sus páginas web, blogs y sitios de Facebook nunca falta la explícita defensa a los “camaradas falsamente incriminados” por las organizaciones antirrepresivas como CORREPI. En una de esas publicaciones, por ejemplo, apodan a una de nuestras referentes, “la Dra. Odio”, que “ve en cada policía un asesino de menores y miente ante las cámaras”.

La lección para los gobiernos a partir de estas asonadas es más que transparente: a los policías hay que aumentarles el sueldo sin discusión pública, como hizo en su momento el gobernador de Chubut para no estimular el reclamo salarial de los empleados estatales. Pero hay que aumentarles, porque al perro guardián hay que tenerlo bien alimentado para que no se vuelva contra su amo. Tampoco hay que pasarles demasiadas facturas por los negocios comunes en los que los uniformados tienen a cargo la faz más operativa, como lo prueban los episodios de Córdoba y el ataque a Bonfatti en Santa Fe.

Estas asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos” paralelos a los acuartelamientos. La presión aplicada a los gobernadores es, a escala masiva, la misma que reciben a diario los pequeños comerciantes de los barrios, que saben que si no pagan la “cuota” a la brigada o comisaría de la zona van a ser prontamente asaltados.

La forma empleada es otra evidencia de lo alejado que están estos reclamos policiales de los métodos de los trabajadores. Por poner sólo un ejemplo, jamás un trabajador de la salud dejaría -o promovería- la muerte de los pacientes internados para mostrar la importancia de su tarea.

No menos característica es la inmediata y efectiva reacción de los gobernantes, que, en lugar de rechazar todo diálogo, como hacen habitualmente cuando el reclamo es de trabajadores, o de delegar en algún funcionario de cuarta línea un simulacro de negociación para desgastar el conflicto, se apresuran a atender personalmente a sus alterados perros guardianes y buscar soluciones, incluso si, como Scioli, deben interrumpir un viaje al exterior y suspender una reunión con un ex presidente yanqui.

Las declaraciones del jefe de gabinete Capitanich, que atribuyó el amotinamiento a una intención caricaturesca de “socavar las bases de la legitimidad democrática”, es muestra de su verdadera preocupación. La “legitimidad democrática” que Capitanich defiende, se conmueve si se pone en evidencia que su sustento es, como lo vemos a diario, la represión.