El Tribunal Penal Internacional parte de una falsedad ideológica que es la simetría entre los Estados, la preeminencia del derecho penal internacional sobre la potestad de los Estados y la existencia de las Naciones Unidas.

En estos momentos, cuando EEUU, en su avance imperialista, ha decidido superar la etapa de gendarme del orbe para constituirse explícitamente en el amo universal, el debate respecto a la jurisdicción y efectividad de la Corte Penal Internacional se torna aún más tramposo.

EEUU ha desarrollado una política de agresión directa sobre el T.P.I. logrando incluso que los países de la Unión Europea aceptaran la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses en acciones exteriores. Pero no ha sido el único país con expresiones imperiales que ha impugnado la jurisdicción internacional. Rusia, con sus masacres al pueblo checheno, se ha opuesto sistemáticamente a la implementación del derecho penal internacional.

China e India, cuyas poblaciones constituyen prácticamente la mitad de la población mundial, no han firmado el Estatuto de Roma. Por tanto, suponer que porque países intrascendentes en el marco de las relaciones de fuerzas internacionales hayan suscripto su normativa hacen efectiva su existencia, importa –al menos- desconocer la realidad del mundo en que vivimos.

Hemos sostenido que habrá países cuyos ciudadanos serán pasibles de cometer delitos de lesa humanidad y otros cuyas nacionalidades “privilegiadas” les garantizarán impunidad. Ciertamente, el T.P.I. servirá únicamente para enjuiciar a siniestros violadores de los derechos humanos y criminales de guerra de países de la periferia, sean latinoamericanos o de origen árabe, en tanto que los bien nacidos en EEUU (confesos enemigos de la humanidad) continuarán matando en nombre de los derechos humanos y la libertad.

Esta situación fáctica desnuda la carencia de seriedad intrínseca del T.P.I.. Otras inconsistencias, como por ejemplo impedir que las víctimas o las organizaciones humanitarias estén legitimadas para impulsar denuncias, o permitir que los integrantes del Consejo de Seguridad tengan veto sobre las denuncias, revelan el carácter cómico del T.P.I.

La noticia que publicó “La Nación” en la edición del 27 de marzo de 2003 refuerza la noción de comedia bufa de la Corte Penal Internacional: Para un puesto de la trascendencia que implica la acusación universal se ha seleccionado y elegido a un personaje jurídico que únicamente se ha destacado en su auto marketing. Nos referimos al mediático Luis Moreno Ocampo, quien pasó a la fama como fiscal adjunto del juicio a las Juntas. Pero no era un “fiscal democrático” ni “de la democracia”, sino que hizo su carrera en el ministerio público en plena dictadura militar. Es evidente que su “independencia” le permitió escalar puestos jerárquicos y no le deparó persecución alguna por parte de los genocidas.

Su posterior actividad profesional lo llevó a relevantes actuaciones como la proyanqui “Transparency International” o el paquete “Poder Ciudadano”, una de cuyas directoras es la ex diputada delaruista Marta Oyhanarte de Sivak, actualmente enrolada en el derechista Partido Recrear, en cuyas filas se inscriben colaboradores de la dictadura militar que apoyan la candidatura presidencial de López Murphy.

Moreno Ocampo también tuvo programas televisivos payasescos donde participaban personajes a la medida del conductor. Fue abogado defensor de Diego Maradona en la causa donde el astro futbolístico fue condenado por agredir a un periodista y el abogado intentó defenderlo atacando los alcances de la libertad de prensa. Fue asistente de Domingo Cavallo, el artífice de la política económica que arrojó a la marginalidad y a la miseria a millones de argentinos. Y para finalizar, resultó abogado del cura bufarrón Grassi. Para asistir este individuo, acusado de someter a abuso sexual a menores que estaban bajo su tutela, Moreno Ocampo inventó una causa por extorsión destinada a desacreditar el testimonio de una de las víctimas, la que ya fue archivada. Grassi, exponente del más intestino menemismo, estaba estrechamente vinculado al empresario Yabrán, instigador del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Sería interesante que los defensores del TPI se pregunten qué clase de funcionalidad tendrá Moreno Ocampo a la hora de ejercer su cometido en ese marco. Nosotros nos preguntamos cuáles habrán sido los organismos de DDHH que apoyaron su candidatura en Argentina.

Al primer interrogante, contestamos que el impoluto fiscal sólo impulsará denuncias contra luchadores por la liberación de sus pueblos, y cajoneará las que tengan que ver con los países poderosos del planeta.

A la segunda pregunta, nos permitimos presumir sin margen para la duda que habrán sido los mismos que dictan clases de DDHH a los represores de hoy.

Daniel Stragá – 2 de abril de 2003

El Tribunal Penal Internacional parte de una falsedad ideológica que es la simetría entre los Estados, la preeminencia del derecho penal internacional sobre la potestad de los Estados y la existencia de las Naciones Unidas.

En estos momentos, cuando EEUU, en su avance imperialista, ha decidido superar la etapa de gendarme del orbe para constituirse explícitamente en el amo universal, el debate respecto a la jurisdicción y efectividad de la Corte Penal Internacional se torna aún más tramposo.

EEUU ha desarrollado una política de agresión directa sobre el T.P.I. logrando incluso que los países de la Unión Europea aceptaran la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses en acciones exteriores. Pero no ha sido el único país con expresiones imperiales que ha impugnado la jurisdicción internacional. Rusia, con sus masacres al pueblo checheno, se ha opuesto sistemáticamente a la implementación del derecho penal internacional.

China e India, cuyas poblaciones constituyen prácticamente la mitad de la población mundial, no han firmado el Estatuto de Roma. Por tanto, suponer que porque países intrascendentes en el marco de las relaciones de fuerzas internacionales hayan suscripto su normativa hacen efectiva su existencia, importa –al menos- desconocer la realidad del mundo en que vivimos.

Hemos sostenido que habrá países cuyos ciudadanos serán pasibles de cometer delitos de lesa humanidad y otros cuyas nacionalidades “privilegiadas” les garantizarán impunidad. Ciertamente, el T.P.I. servirá únicamente para enjuiciar a siniestros violadores de los derechos humanos y criminales de guerra de países de la periferia, sean latinoamericanos o de origen árabe, en tanto que los bien nacidos en EEUU (confesos enemigos de la humanidad) continuarán matando en nombre de los derechos humanos y la libertad.

Esta situación fáctica desnuda la carencia de seriedad intrínseca del T.P.I.. Otras inconsistencias, como por ejemplo impedir que las víctimas o las organizaciones humanitarias estén legitimadas para impulsar denuncias, o permitir que los integrantes del Consejo de Seguridad tengan veto sobre las denuncias, revelan el carácter cómico del T.P.I.

La noticia que publicó “La Nación” en la edición del 27 de marzo del corriente refuerza la noción de comedia bufa de la Corte Penal Internacional: Para un puesto de la trascendencia que implica la acusación universal se ha seleccionado y elegido a un personaje jurídico que únicamente se ha destacado en su auto marketing. Nos referimos al mediático Luis Moreno Ocampo, quien pasó a la fama como fiscal adjunto del juicio a las Juntas. Pero no era un “fiscal democrático” ni “de la democracia”, sino que hizo su carrera en el ministerio público en plena dictadura militar. Es evidente que su “independencia” le permitió escalar puestos jerárquicos y no le deparó persecución alguna por parte de los genocidas.

Su posterior actividad profesional lo llevó a relevantes actuaciones como la proyanqui “Transparency International” o el paquete “Poder Ciudadano”, una de cuyas directoras es la ex diputada delaruista Marta Oyhanarte de Sivak, actualmente enrolada en el derechista Partido Recrear, en cuyas filas se inscriben colaboradores de la dictadura militar que apoyan la candidatura presidencial de López Murphy.

Moreno Ocampo también tuvo programas televisivos payasescos donde participaban personajes a la medida del conductor. Fue abogado defensor de Diego Maradona en la causa donde el astro futbolístico fue condenado por agredir a un periodista y el abogado intentó defenderlo atacando los alcances de la libertad de prensa. Fue asistente de Domingo Cavallo, el artífice de la política económica que arrojó a la marginalidad y a la miseria a millones de argentinos. Y para finalizar, resultó abogado del cura bufarrón Grassi. Para asistir este individuo, acusado de someter a abuso sexual a menores que estaban bajo su tutela, Moreno Ocampo inventó una causa por extorsión destinada a desacreditar el testimonio de una de las víctimas, la que ya fue archivada. Grassi, exponente del más intestino menemismo, estaba estrechamente vinculado al empresario Yabrán, instigador del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Sería interesante que los defensores del TPI se pregunten qué clase de funcionalidad tendrá Moreno Ocampo a la hora de ejercer su cometido en ese marco. Nosotros nos preguntamos cuáles habrán sido los organismos de DDHH que apoyaron su candidatura en Argentina.

Al primer interrogante, contestamos que el impoluto fiscal sólo impulsará denuncias contra luchadores por la liberación de sus pueblos, y cajoneará las que tengan que ver con los países poderosos del planeta.

A la segunda pregunta, nos permitimos presumir sin margen para la duda que habrán sido los mismos que dictan clases de DDHH a los represores de hoy.

Buenos Aires, 2 de abril de 2003 – CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial el Institucional)