Discurso de cierre del acto en Plaza de Mayo

Compañeros:

Desde hace 14 años, los convocamos a esta Plaza, para denunciar el alcance y la extensión de la represión estatal. Para mostrar, con los números a la vista, cómo y por qué los gobiernos que se turnan para administrar el estado argentino, reprimen al pueblo trabajador. No los convocamos para lamentarnos por los innumerables trabajadores represaliados, o para llorar a los miles de jóvenes fusilados y torturados.

Los convocamos para protagonizar, juntos, una jornada de denuncia pública, que contribuya a formar conciencia popular sobre la forma en que se descargan sobre el pueblo trabajador las políticas represivas del estado. Para mostrar que la represión, adopte la forma que adopte, es siempre de clase, y tiene la finalidad de garantizar y profundizar la explotación.

Dijimos el año pasado, en esta misma Plaza, que, de la mano de la crisis económica, síntoma y símbolo del sistema capitalista, los trabajadores sufrirían, en 2009, un embate represivo todavía más fuerte. No nos equivocamos. En nuestro país, una nación dependiente del poder imperialista, la crisis, que ya se sentía entonces, trajo gravísimas consecuencias para los más humildes. El gobierno y las empresas, autóctonas o multinacionales, respondieron de la única manera que pueden hacerlo para sostener su tasa de ganancias: con suspensiones, aumentos de tarifas, congelamiento de los salarios, despidos. En una palabra: hambreando al pueblo.

Frente a la lógica, justa y necesaria organización de los trabajadores para defenderse, vino, indefectiblemente, un aumento contundente en la represión, esa que todo gobierno, sea peronista, radical, “socialista”, “neoliberal”, “progresista” o de cualquier otro pelaje, emplea para sostener la política de ajuste que le impone la misma naturaleza del sistema, ese que defienden tan celosamente como a su propio bolsillo. La embestida represiva que el estado argentino continúa llevando adelante, hoy deja a la vista de quien quiera ver, la magnitud y el carácter central que tiene la represión como herramienta disciplinadora del poder de turno.

Todos los conflictos laborales del año fueron reprimidos. Lo hemos escuchado ya, desde este escenario, por boca de sus protagonistas. Huelgas, tomas de fábricas, movilizaciones, cortes de ruta: en todas las medidas de lucha, los trabajadores debieron enfrentar a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, a las patotas de la burocracia sindical y del partido de gobierno. Los gasearon, les dispararon, los apalearon, los llevaron presos. La peor parte, de más está decirlo, la llevaron los compañeros organizados por fuera y en contra de la burocracia sindical, socia de los empresarios y el gobierno en la tarea de aplastar toda resistencia a la explotación, de frenar la inevitable confrontación de las clases.

La represión selectiva adquiere más dureza, y se hace más explícita, en la misma medida que se profundiza la necesidad de la burguesía de sofocar el creciente conflicto social, de la mano de la crisis capitalista, que empuja a los trabajadores al reclamo. Pero no está sola. Del mismo modo, sufrimos, a lo largo del año, un impresionante aumento en la aplicación sistemática del gatillo fácil, de las torturas dentro de las cárceles, comisarías e institutos de menores, de las detenciones arbitrarias, y de todas las herramientas que complementan, de la manera más sangrienta, la política de aniquilamiento de la organización popular.

De manera preventiva, también golpean a la clase trabajadora antes de que tome la forma organizativa necesaria. Reprimiendo a los más jóvenes y los más pobres, de manera silenciosa, pero constante y creciente, buscan engendrar el miedo. Buscan imponer el terror, para apagar el fuego de la resistencia y la lucha antes que se encienda. Esta represión preventiva, la que busca el control social, hoy es una prioridad política del sistema. Por eso nos está matando, ahora mismo, un pibe pobre por día.

Así lo vimos a lo largo del año, literalmente desde Tierra del Fuego a Formosa, en toda la Patagonia, el Litoral, Cuyo y el centro del país, con más de 20 fusilados, asesinados en lugares de detención y comisarías por mes. Uno cada 28 horas. Sólo un mínimo puñado logra atravesar el muro mediático, a pesar del esfuerzo de sus familias y de los militantes antirrepresivos. Basta dar una mirada al Archivo que estamos presentando hoy para comprender la magnitud de la política de exterminio de jóvenes pobres que denunciamos.

Nuestro Archivo registra hoy los nombres y las historias de 2.826 personas, asesinadas por la policía, los gendarmes, los prefectos, los guardiacárceles y los vigiladores privados desde diciembre de 1983. La pertenencia de las víctimas a la clase trabajadora es la regla casi absoluta. Y la edad prueba que el blanco favorito de la represión preventiva son los jóvenes. Los jóvenes son potencialmente rebeldes, y por eso los gobiernos necesitan disciplinarlos primero y más profundamente. Más de la mitad de los asesinados por el gatillo fácil y la tortura eran pibes pobres de menos de 25 años de edad.

La modalidad más frecuente, por lejos, es el gatillo fácil. Más de la mitad de estos 2.826 pibes fueron fusilados en los barrios. Tiros en la nuca o la espalda, que después los medios publican como “peligroso hampón abatido en enfrentamiento”. Casi todos fueron ejecutados por la policía federal y las policías provinciales, ese ejército de ocupación en las calles, las plazas, los barrios. Pero, cada vez más, aparecen los gendarmes y prefectos, sumados al patrullaje urbano y el control territorial. El segundo lugar, con el 33% de los registros, es el de las muertes en cárceles, comisarías e institutos de menores, muchas por la tortura. Acá los asesinos son los servicios penitenciarios, federal o provinciales, los celadores de los institutos y, de nuevo, la policía.

También siguen desapareciendo personas a las que se vio, por última vez, en una comisaría o arriba de un patrullero. Este año, preguntamos a los gritos dónde estaban Omar Peralta, Jonathan y Ezequiel hasta que se encontraron sus cuerpos. Seguimos preguntando dónde están Luciano González y Luciano Arruga, dónde está Jorge Julio López y medio centenar más de desaparecidos en democracia.

Hace más de 6 años que nos dicen que éste es el gobierno de los derechos humanos. Néstor y Cristina Kirchner se abrazan con las madres y abuelas, descuelgan cuadros, inauguran museos y monumentos de la memoria, para que nadie se acuerde que, desde el 25 de mayo de 2003, nos mataron, con el gatillo fácil y la tortura, 1.323 personas: 928 en la primera versión del gobierno peronista de los Kirchner y 395 en el año y 10 meses de su segunda presidencia.

El gatillo y la tortura, las muertes en cárceles y comisarías, en fin, todas las formas de la represión, no son exclusivas de tal o cual provincia, de tal o cual fuerza. Ni siquiera de algún gobierno más autoritario que otro. Es fácil decir que Sobisch, Macri o Scioli son represores. Ellos no lo ocultan: hacen lo que proponen en su discurso. Otros, en cambio, son más sutiles. Tienen un discurso antiautoritario, hablan de los derechos y garantías, y critican a lo que llaman “la derecha”. Dicen que son “progresistas”, de “centroizquierda”, o a veces, hasta “de izquierda”. Pero el Archivo también muestra que esos “progres” reprimen igual o peor, porque gobiernan para la burguesía, aunque lo quieran disimular.

Este año, la policía de Scioli mató un pibe cada 10.300 habitantes de su provincia. Pero en la provincia de Santa Fe, la del “socialista” Binner, este año su aparato represivo también mató una persona cada 10.000 habitantes. Y en Tierra del Fuego, con su gobierno “progre” del ARI, encontramos el índice más alto: en 2009 hubo un pibe fusilado o muerto en sus cárceles y comisarías cada 6.300 habitantes. Y si quieren, saquen la cuenta, del total de muertos por la bonaerense, cuántos son del municipio del gran progresista Sabatella, que llenó de cámaras de video las plazas y calles, y explota estudiantes, contratados en negro, para que trabajen en las comisarías, así puede tener más verdugos patrullando Morón.

Todos reprimen, porque todos gobiernan para la burguesía. Todos reprimen, porque todos necesitan domesticar para seguirnos explotando. Y más ahora. De manera selectiva, sobre el activismo más combativo, y de manera preventiva, sobre los pibes pobres, todos reprimen al acelerado ritmo que marca la crisis y que aumenta al compás de la lucha y el descontento de la clase trabajadora en su conjunto.

Es una necesidad del pueblo hacer frente a esa represión y engendrar un movimiento de resistencia, denuncia y deslegitimación del accionar represivo. Es una necesidad del pueblo fortalecer la organización que lleve adelante la pelea antirrepresiva. Es una pelea estratégica para la clase. Cada uno de los conflictos que logra desarrollarse más allá de lo estipulado por las burocracias sindicales adictas al gobierno, choca con la represión. Y, en los barrios, la represión es el primer obstáculo para la libertad de acción política y para el desarrollo de la conciencia social y colectiva.

Por eso la lucha antirrepresiva es fundamental para el pueblo trabajador. La misma práctica de lucha impone la agenda, porque cuando no alcanza el aparato montado para generar consenso, a través de los medios de comunicación que reproducen las distintas versiones de la ideología burguesa, la propia naturaleza de cualquier estado capitalista impone el camino de los palos. Esa lucha antirrepresiva es la que CORREPI trata de sostener desde su militancia diaria y permanente.

Por eso, decimos: La plena vigencia de los derechos humanos no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo. No se trata, una vez más, de errores o insuficiencia de voluntad política: no hay reforma que pueda modificar lo que es la naturaleza de las cosas. Frente a ese panorama, que no puede ser diferente en las actuales condiciones materiales, cobra imperatividad nuestra consigna histórica: Contra la represión, organización y lucha.