Discursos en el Acto de Presentación del Archivo de casos 2010

REPRESIÓN PREVENTIVA

3.093 personas asesinadas por el estado en democracia, desde diciembre de 1983 hasta hoy.
Más de la mitad, 1.634, corresponden al gobierno de los Kirchner, que tanto gusta autoproclamarse como gobierno de los DDHH.
Y sólo en estos últimos 12 meses, tenemos 220 casos de muertes por el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores.
Esta es la política sistemática que denuncia CORREPI, la de la represión preventiva que nos mata casi un pibe por día.
Si no, qué son los casos de Chaco González, Matías Bárzola, Jonathan Aragón, Gastón Lezcano, Walter Robles y Leandro Pérez, todos asesinados por la misma policía de Fiorito en sólo 10 cuadras a la redonda.
O ¿qué son los casos de Checho Casal, Christopher Torres, Fernando “Pata” Díaz, Ramiro Castro, Ricardo Argañaraz, Cristian Vallejos, Miguel Da Silva y Luis Bolaños…. asesinados por la policía y la gendarmería en el partido de Moreno?.
Estos son los datos que dan sustento a lo que hace mucho denunciamos y el gobierno quiere ocultar: que el gatillo fácil y la tortura son política de estado. Una política destinada a disciplinar a los jóvenes y sobre todo a los pobres, que tienen mucho por qué pelear.
Que la tortura es tortura, en dictadura y en democracia. Si no, ¿qué son los muertos a golpes, picana o bolsita en las comisarías y las cárceles, como Walter Bulacio, Maxi Miño, Sergio Durán, Fito Ríos, Diego Gallardo o Fabián Gorosito?.
Que no es un policía, que es toda la institución. Porque actúan de la misma manera en todos lados: en el conurbano bonaerense, es tan asesina la policía del municipio de Hurlingham, gobernado por el PJ, como la de la ciudad de Buenos Aires, con Macri, y la de Morón, donde gobierna el “progre” Sabatella; son parejos los índices de gatillo fácil y muerte en la tortura en Rosario, gobernada por el partido socialista, y en San Martín donde gobierna un partido vecinal. O en la ciudad de Córdoba, con su gobierno del Frente Cívico y Social, y en La Matanza o La Plata, del Frente para la Victoria.
Desde Jujuy a Tierra del Fuego se mata y se tortura y lo hacen tanto las policías federal, provinciales, municipales, la gendarmería, la metropolitana como también las agencias de seguridad privadas, que no es casual, están integradas por ex miembros de las fuerzas de seguridad.
No hay cursito de DDHH que alcance para contrarrestar lo que ES UNA POLÍTICA DE ESTADO. Nos quieren hacer creer que de lo que se trata es educar más y mejor a las nuevas camadas de las fuerzas desterrando los lastres de la dictadura.
Pero esta tesis se derrumba cada vez que escuchamos noticias como el fenomenal entrenamiento en la tortura a los cadetes de la Escuela Ramón Falcón, hace dos años, o en la Vucetich, hace apenas unos meses.
No podemos pensar que a los jueces y a los fiscales les queden cursos por hacer. Sin embargo, a la hora de dictar sentencias, tienen los mismos criterios que los “brutos” policías asesinos y torturadores. Por eso los resultados de los juicios, cuando no los suspenden, siempre son los mismos: la absolución, el cumplimiento de tareas comunitarias o como mucho, la condena en suspenso, o, a lo sumo, alguna pena livianita que purgarán en casa y gozando de todos los privilegios.
En cambio, cualquier pibe morocho y “con pinta de sospechoso” puede ser levantado por un patrullero en una esquina, ser llevado a una comisaría y ser golpeado o torturado hasta la muerte. O también puede ser encarcelado por las dudas, por tener cara de delincuente y comerse 4 ó 5 años en cana esperando el juicio. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, porque no han sido juzgados ni condenados.
O le pueden meter un tiro en la espalda sólo porque sí, como a Rodrigo Corzo, a Jonathan Mansilla o Romina Lemos; o en la nuca, como a Marcelo Bogado y a Mauro Vega. Total, siempre va a haber un juez que diga que fue un accidente.
Esto también es parte de la política del estado, que jueces y fiscales condenen a los pibes por portación de cara y defiendan a las fuerzas represivas. A ellas les garantizan la impunidad para seguir cumpliendo con su deber, ser los perros guardianes de los ricos y garantizar el disciplinamiento social de los pobres. ESTA es la justicia independiente de la que tanto habla el gobierno.
Pero esta política no puede ser aplicada sin consenso. La habilidad de este gobierno está en reprimir todo lo que necesite, pero con el mayor consenso posible. Para eso la autoproclamación de ser el gobierno de los DDHH, enjuiciando a los genocidas de la dictadura que hoy ya no les prestan ningún servicio. Para eso la cooptación de muchos organismos que antes fueron referentes de la lucha antirrepresiva y hoy comparan a los Kirchner con los compañeros desaparecidos y hacen punta de lanza en la campaña Cristina 2011. Para eso la creación de una secretaría de DDHH que hace museos, descuelga cuadritos y manda a los punteros en los barrios a ofrecer chapas y plata para comprar la dignidad de nuestros familiares que pierden a sus hijos asesinados por la policía.
Para el consenso cuentan con la colaboración de los grandes medios de comunicación que instalan el discurso de la inseguridad, de la necesidad de mano dura y más policía en la calle. Y ocultan las muertes diarias que se suceden a lo largo y ancho del país por el gatillo fácil y la tortura.
Este es el gobierno de los DDHH. Y sí, de los DDHH de los que gobiernan, de los empresarios y de quienes los protegen: las fuerzas represivas estatales y paraestatales.
Porque en un estado dividido en dos clases antagónicas, no hay intereses comunes, como no puede haber defensa de los DDHH para todos.
Esta represión, la que está velada, la que se cobra una vida diaria en los sectores más golpeados del pueblo, es lo que nosotros llamamos “REPRESIÓN PREVENTIVA”. Es la represión que el estado ejerce sobre el pueblo, a diario, como forma de disciplinamiento. Es la impunidad garantizada por los jueces y fiscales para que las fuerzas represivas actúen en los barrios en forma sistemática persiguiendo, torturando y matando. Así marcan a fuego el destino de los sectores más explotados, enseñando con el palo y la bala que la vida sólo vale para aquellos que la explotan.
Esta es la naturaleza de las cosas, como decimos siempre y no tenemos ninguna expectativa de que el cambio provenga del estado ni sus instituciones.
Estamos seguros de que sólo depende de nuestra organización y nuestra lucha enfrentar a este estado represor y terminar con las muertes de nuestros pibes.
No queremos nada de este estado asesino y represor. Y les decimos que ante cada hecho represivo, ante cada gatillo, ante cada pibe torturado estaremos en la calle, cada vez más dispuestos dar la pelea y enfrentar la represión.
TODOS LOS PIBES ASESINADOS POR EL GATILLO FACIL Y LA TORTURA PRESENTES

REPRESIÓN SELECTIVA

La represión “preventiva” no siempre logra su objetivo disciplinador, para impedir la toma de conciencia y la organización popular. A pesar del gatillo fácil y la tortura, a pesar de las detenciones arbitrarias y el constante hostigamiento policial en los barrios, los trabajadores, en especial los más jóvenes, más temprano que tarde, ven que deben organizarse para luchar por una forma diferente de vida.
Por eso, la persecución de luchadores y militantes sociales y políticos, de los que contribuyen a la lucha organizada del pueblo, es una constante para cualquier gobierno que administre una sociedad con ricos y pobres. No es éste una excepción.
Este año fuimos testigos y víctimas de un fuerte avance en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. Desde 1995, 56 compañeros fueron asesinados en movilizaciones populares, mostrando cuál es la respuesta de los gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, Francisco Escobar y Mauro Ojeda en la masacre de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008.
En este año 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: En enero, Facundo Vargas, de 17 años, fue fusilado por la policía que reprimió una marcha contra el gatillo fácil en Pacheco. En junio, pasó lo mismo en Bariloche, con Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, movilizados contra el fusilamiento de Diego Bonefoi, asesinados en la represión a la justa pueblada.
Y mañana se cumple un mes desde que Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado, no por el aparato represivo de uniforme, sino por la represión tercerizada de la patota. Una variante represiva que les permite lavarse las manos y mirar para otro lado, como si no supiéramos que, desde siempre, gobierno, empresario y burocracia sindical son las tres patas de la alianza antiobrera.
Este año, también, creció el número de compañeros perseguidos por la justicia, acusados de cometer delitos por luchar por mejores condiciones de vida. Tenemos también nuestros presos políticos, como el Negro Martino, encarcelado por denunciar el carácter terrorista del estado de Israel, y que ya está cumpliendo 9 días de huelga de hambre.
Siguen presos, también, el negro VILLALBA, con prisión domiciliaria, y KARINA LA GALLE GERMANO, a quien se le niegan sistemáticamente las salidas que por ley le corresponden.
Este año, fueron condenados a prisión Fernando ESTECHE y Boli LEZCANO, por el delito de haber salido a las calles a repudiar a uno de los responsables políticos del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. Mientras tanto, el gobernador SOBISCH que sigue gozando de su impunidad.
En cada conflicto, en cada reclamo, hemos tenido que enfrentar la represión.
Los estudiantes porteños salieron a la calle en solidaridad con los obreros de KRAFT, suficiente para que un fiscal pidiera que se condene a prisión a tres de sus referentes.
Cada corte, cada manifestación, origina una causa penal o contravencional contra algún compañero.
Los secundarios, seguidos por los terciarios y los universitarios, salieron a reclamar por su derecho a estudiar con dignidad, y a defender la educación pública. El aparato de medios se cansó de pedir que se los reprimiera. Ayer mismo terminaron las indagatorias a los 11 estudiantes que el 13 de octubre pasado, detenidos frente al palacio Pizzurno, después de ser golpeados y gaseados por la policía.
En Andalgalá, Catamarca, cinco mil vecinos salieron a la calle para oponerse al atentado al medio ambiente de la empresa minera, socia del gobierno nacional. Allá también, la represión copó el espacio pueblerino.
Los vecinos de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, salieron a la calle para exigir el saneamiento cloacal de su barrio. Una dirigente de la Asamblea Barrial está procesada por tamaño delito.
Y así sigue el panorama, a lo largo y ancho del país, todo un síntoma de que la lucha está vigente, y que la respuesta del estado es siempre la misma: REPRESION.
No se privan, tampoco, de actualizar sus herramientas legales para garantizar la represión de la protesta y de la militancia. Así lo vemos con las leyes antiterroristas, que completan un cuadro donde comulgan sin fisuras oficialistas y opositores. Unos y otros, llenándose la boca de democracia, no han hecho otra cosa que implementar los paquetes legislativos ordenados por el imperialismo, obedientes al diseño de una nueva etapa de la doctrina de la seguridad nacional, basada en la “gobernabilidad democrática con cooperación internacional”.
Como administrador de turno del estado, cada gobierno determina quién es su enemigo interior. Antes, fue el comunista subversivo. Hoy, persigue a quienes luchan por una sociedad distinta con el aggiornado mote de terroristas.
El populismo kirchnerista propuso y votó la ley 26.268, una más de las leyes “antiterroristas” que ya suman media docena desde 1983. Y es la oposición del peronismo no kirchnerista, los radicales, el partido socialista, el PRO y la Coalición Cívica la que promueve una nueva y más dura variante de ese arsenal antipopular.
El gobierno kirchnerista no vino a representar el espíritu rebelde de diciembre de 2001. Vino para enterrarlo.
Un recurso osado, ingenioso y por cierto bien redituable, fue la cooptación de organizaciones y referentes que, tiempo atrás, eran emblemas de la lucha por el juicio y castigo a los represores. Pero no de todo tiene la culpa el gobierno. Para que alguien sea cooptado, tiene que dejarse cooptar. Tiene que claudicar en la lucha y aceptar el convite.
Todavía hay quienes sostienen que hoy, en la Rosada, están los artífices de las políticas por las que dieron la vida los desaparecidos, y que entonces se impone acompañar, aplaudir, cuando no, sentir como propias las medidas de un gobierno que gobierna para las mineras, las petroleras, los laboratorios, las agroquímicas, y que, de tanto en tanto, simula tirar un hueso para este lado.
La defensa de los intereses que el gobierno lleva adelante, inevitablemente conduce a la reacción popular. Por más que quieran persuadirnos de que allí está el espíritu rebelde de los ‘70 nosotros decimos que es sólo gestualidad, bien lejos del compromiso con la lucha de los compañeros, que hicieron historia, mientras ellos hacían fortunas.
Es un gobierno que acomoda su discurso a los acontecimientos. Si la policía mata en Neuquén o Río Negro; o si la gendarmería reprime desocupados en Salta, regionaliza el discurso. Y envía a cada rincón del país un delegado de la Secretaría de DDHH para controlar a la víctima, modo progresista de tirar la piedra y esconder la mano.
Mientras la justicia firma y sella el procesamiento y el encarcelamiento de los que luchan, el gobierno diluye su responsabilidad detrás de una supuesta independencia de poderes que –sabemos muy bien- es puro cuento: los intereses de la burguesía se defienden coherentemente en la Rosada, en el Congreso y en los Tribunales, y sus resultados están a la vista: Presos políticos, más de 6.000 compañeros con causas penales, muertos en las calles.
Todo el cuadro represivo que describimos tiene el objeto expreso de disciplinar y tratar de acallar cualquier atisbo de reacción popular.
Desde CORREPI sostenemos que no hay plan alternativo posible mientras este orden social se mantenga. La lógica de ellos es la explotación y la represión, siempre que se pueda, claro, con consenso. Y cuando ya no se puede, como sea.
Nuestra lógica es la de la denuncia, la resistencia y la lucha, organizados, independientes del estado y de sus diferentes redes de complicidad. Consecuentes con los principios de una sociedad sin privilegios de clase.
Por eso los convocamos a organizarnos para pelear por la libertad de nuestros presos políticos, por el cierre de las causas a los que se organizan, por el juicio y castigo a los asesinos de nuestros compañeros asesinados por luchar.
MARIANO FERREYRA, ¡PRESENTE!
TODOS LOS CAIDOS POR LUCHAR, ¡PRESENTE!

DISCURSO DE LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL

Nuestra lucha es por la sangre de nuestros hijos y eso no se vende. Nuestra lucha nunca ha sido ni será cooptada por éste ni por ningún otro gobierno, ni a través de organizaciones ficticias o creadas para la ocasión, queriendo hacernos creer que son el gobierno de los derechos humanos.
Cuando escuchamos sus discursos progresistas en el canal estatal, nosotros bien sabemos que tantas palabras sólo sirven para esconder que nos siguen matando pibes a un ritmo escandaloso.
Con su pantomima de que tienen una política de derechos humanos nos siguen matando a los pibes pobres y pretenden escudarse con las banderas de los luchadores de los ‘70 para autoproclamarse como el “gobierno de la transformación social”.
Los pobres seguimos siendo los perseguidos, los acorralados por la situación económica, los utilizados por las fuerzas políticas para llenar una plaza. Nos despojan de lo único que nos queda: la vida, en este caso, la vida de nuestros familiares. No les alcanza con no ofrecerles ni futuro, ni dignidad, ni trabajo, ni nada; los asesinan, los encarcelan desde muy chicos. Nos quieren disciplinar, así como lo hacían los gobiernos de la dictadura, y siempre tenemos la exclusividad de la represión y el dolor.
Quieren que nos hagamos “carne” de sus disputas de poder, en la búsqueda de un supuesto beneficio para todos, pero nosotros sabemos que los que ganan son ellos y las consecuencias siempre las sufrimos nosotros.
Trabajadores, desocupados, militantes en protestas sociales, todos reprimidos, encarcelados, asesinados, mientras que los calabozos siguen esperando algún político corrupto, algún policía asesino, de esos a los que el poder judicial del estado siempre beneficia con sus absoluciones fáciles.
¡Nos tienen miedo! ¡Somos peligrosos! Eso dicen los medios de comunicación de nosotros los pobres. La inseguridad de la clase “media”, los reclamos por más seguridad, la situación “inaguantable” en la que vivimos…esos pedidos desesperados, son, en realidad, el clamor por el gatillo fácil, la mano dura, las detenciones arbitrarias y en consecuencia “nuestra condena”.
No hay ley de medios, ni periodismo independiente en los medios de comunicación que nos mencione, somos los NN de la sociedad, los ignorados, los marginados, nuestros casos son como nosotros, de segunda… poco atractivos, irrelevantes, poco importantes…
Es a través de la lucha organizada que, día a día, damos la pelea para gritar nuestra verdad a los oídos de todos. Por eso nos sumamos a CORREPI, para organizarnos contra la represión que nos arrebató a nuestros seres queridos. Somos familias enteras que descubrimos, desde el dolor más terrible, la necesidad de organizarnos y dar pelea para denunciar a éste y todos los gobiernos que, a través de la represión del estado, pretende mantenernos adoctrinados y callados, explotados e ignorantes.
Pero es ese mismo dolor el que nos empuja a la calle. Con la muerte de nuestros familiares, firmamos un compromiso de por vida para luchar contra la injusticia. La resistencia en la lucha, es nuestra dignidad y nuestra bandera en alto.
¡BASTA DE REPRESIÓN, EN DICTADURA O DEMOCRACIA!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL Y TORTURAS!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡APARICIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
COMPAÑEROS, POR NUESTROS FAMILIARES, POR TODOS NOSOTROS, LOS CONVOCAMOS:
¡CONTRA LA REPRESIÓN! ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!