Documento del 26 de noviembre de 2002

CORREPI
26.Nov.02    Documentos y Comunicados

Texto del documento conjunto leído al término de la multitudinaria marcha antirrepresiva del 26 de noviembre de 2002, en la que más de 30.000 compañeros de 43 organizaciones piqueteras, asambleas populares, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y gremiales acompañaron la séptima entrega del Archivo de Casos de Personas asesinadas por el estado.

Soplan vientos de cambio a nivel mundial. Los pueblos oprimidos en diferentes lugares del mundo luchan, en sintonía con nuestro pueblo, para superar la desigualdad y la explotación que se profundizaron durante los últimos veinte años. En América Latina hay sobradas muestras de esa búsqueda de nuevos horizontes.

El remozado belicismo norteamericano -que apunta a Irak pero también a Colombia- es expresión de la crisis de los proyectos imperialistas y de gobiernos sirvientes del FMI que supieron encarnar Thatcher y Reagan, Menem y Fujimori, Bush y Blair, De la Rua y Duhalde.

Al profundizarse la voluntad de cambio de los pueblos, es lógico que se produzcan reordenamientos tanto en el militarismo imperialista como en las fuerzas represivas serviles que descargan sus balas contra los pueblos que se ponen de pie.

En la Argentina experimentamos el incremento de la represión en diferentes planos. Escondido bajo el ropaje de la “lucha contra el delito” vimos extenderse, ampliarse y endurecerse el sistema penal, echando mano de mecanismos legales e ilegales para amedrentar preventivamente a los más humildes y marginados. Gatillo fácil, hacinamiento en las cárceles, torturas en comisarías, crecimiento de las penas, son el reflejo de esa “mano dura”.

La represión cotidiana que sufren los jóvenes y los pobres todos los días a manos de las fuerzas de seguridad y en especial de la policía, ha asesinado 179 personas entre el 01/12/01 y el 22/11/02. EL TOTAL DE MUERTES CAUSADAS POR AGENCIAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE DICIEMBRE DE 2001 A NOVIEMBRE DE 2002 REPRESENTA EL 14 % DEL TOTAL DE CASOS DESDE 1983.

Sin solución de continuidad, con el pretexto de los delitos contra la propiedad y el discurso de la “inseguridad”, pretenden obtener y ampliar el consenso para facilitar el control social y la represión.

Al asimilar la “seguridad” de la población exclusivamente al problema del “delito” se perpetra un doble fraude político-ideológico. Por un lado se pretende secundarizar y relativizar el conjunto de demandas populares -trabajo, vivienda, salud, educación- que los rumbos actuales del regimen niegan. Al mismo tiempo, intentan manipular a la opinión pública hacia cuestiones que el gobierno y el gran capital son expertos en “solucionar”: más cárceles, menos derechos humanos, más pena de muerte, menos garantías constitucionales, millones de pobres bajo sospecha.

Pero la “guerra contra el delito” no estuvo sola: a medida que crece la resistencia popular a las políticas de hambre y entrega, aumenta la necesidad del sistema de ejercer el disciplinamiento a través de nuevas formas represivas, que se descargan contra los que luchan, contra quienes confrontan este sistema de hambre.

Por una parte, en los últimos tiempos se ha generalizado lo que llamamos la “judicialización de la protesta”, a medida que más y más militantes barriales, desocupados, estudiantes o dirigentes de los trabajadores son detenidos y procesados por hechos directamente vinculados al conflicto social, a cualquier reclamo de vigencia de sus derechos o en ocasión de manifestaciones, marchas o movilizaciones.

También avanza la represión directa contra militantes y organizaciones. Más de 50 muertos en movilizaciones desde 1995: Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Mauro Ojeda, Francisco Escobar, Aníbal Verón, Carlos Santillán, José Barrios, Petete Almirón, Pocho Lepratti, Graciela Acosta y 34 muertos más del 19 y 20 de diciembre, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio. Tuvimos centenares de heridos en este tiempo, y padecemos constantes campañas de amenazas, intimidaciones y otras formas de amedrentamiento, como los hechos que sistemáticamente han sido denunciados de persecución a militantes y asambleístas, particularmente en distritos como Merlo, Matanza, San Isidro, Temperley y Lanús, incluso con la participación de punteros del PJ; la política de desalojos en la ciudad de Buenos Aires, las recientes represiones en Jujuy, Mendoza y Tucumán o el intento de imponer la ley de cacheo en la provincia del Chaco.

Mientras tanto las fuerzas armadas comienzan a abandonar su rol pasivo de las últimas décadas, y avanzan también en la búsqueda de consenso viciado con propuestas como comedores populares en Campo de Mayo, la reimplantación del servicio militar obligatorio mediante ficciones “educativas” o “sociales”, mientras se declaran a disposición del gobierno para intervenir en la represión interna. Es que la represión que sufrimos hoy entronca con la impunidad de los genocidas de ayer y es por eso que seguimos exigiendo la nulidad del indulto y las leyes de punto final y obediencia debida. ¡Cárcel para todos los genocidas!

En la Argentina del año 2002 lo único que crece es el presupuesto para reprimir. Mientras no hay recursos para la educación y la salud, mientras se caen los planes sociales y se nos mueren chicos desnutridos que pesan un tercio de lo mínimo para su edad, la gendarmería y la policía federal reciben 16 millones de pesos anuales por el negocio de la seguridad en andenes y estaciones ferroviarias, y se aumenta un 15 % el presupuesto de la policía bonaerense.

Los políticos del sistema que están perpetrando un verdadero genocidio social, defienden los privilegios de los ganadores del sistema, con incremento en partidas presupuestarias para la represión. A los que sobreviven al asesinato planificado del hambre, quieren asesinarlos por las balas policiales.

Pero también somos protagonistas y testigos de un aprendizaje popular que enfrenta el intento del sistema de avanzar hacia formas de terrorismo de estado. La multitudinaria movilización del 27 de junio, seguida por las no menos masivas del 3 y el 9 de julio, desbarataron el operativo represivo, judicial y mediático montado ex profeso para destruir a los sectores populares más combativos.

Por eso el objetivo común de las organizaciones populares que hoy convocamos a esta movilización es enfrentar las políticas represivas del estado, adopten la forma que adopten, con organización y lucha.

Porque sólo el pueblo organizado, de pie y en la calle puede frenar al aparato represivo del estado y desmantelarlo de una vez y para siempre. Por eso convocamos hoy por ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN - QUE SE VAYAN TODOS. FUERA EL GOBIERNO ASESINO DE DUHALDE. Empujemos la historia hacia el gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Acción Antifascista
Acción Directa
Agrupación HIJOS Bs. As.
APEL (Asoc. Profesionales en lucha)
APEMIA (Ag. Escl. de la Masacre de la Amia)
Asamblea de Temperley
Asamblea Popular de Villa Urquiza
Asoc. de ex Detenidos Desaparecidos
Attac Argentina
Barrios de Pie
Centro Cultural Azucena Villaflor
CeProDH
Comisión por la Libertad de Diego y Carlos
CORREPI
CTD A. Verón
CUBa
Familiares de Víctimas de la Represión Policial
Frente de Trabajadores Combativos
Frente Murguero
FUBA
Grupo de Arte Callejero
Juventud Rebelde 20 de Diciembre
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Liga Comunista
Marabunta
MIJD
Mov. de Artistas Etcétera
Movimiento al Socialismo
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
Movimiento Socialista de los Trabajadores en Izquierda Unida
Movimiento Teresa Rodríguez
Movimiento Territorial Liberación
MTD Solano, Varela, Lanús y Almte. Brown (A, Verón)
Partido Comunista
Partido de Liberación
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