El desembarco de Carabineros en Rosario

El 28 de septiembre, las autoridades de Carabineros de Chile desembarcaron en la ciudad de Rosario por enlace parlamentario entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Agregado Policial de la embajada de Chile en Argentina. Patrullaron distintos barrios junto a los funcionarios locales, se reunieron con oficiales de la división de Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y Patrulla de Acción Táctica (PAT), y con los jefes de la Unidad Regional N° 2 de Rosario.

La “inquietud” surgió del gobierno provincial de Miguel Lifschitz, que desde hace cinco meses viene manteniendo relaciones con la fuerza del país vecino, para “palpar en el territorio las fortalezas y debilidades del programa que lleva adelante el Ministerio de Seguridad”. Esto significa, según ellos: compartir con la policía local su experiencia y trabajar en conjunto con ella, realizar un análisis de la situación en la ciudad, bajar los índices de “inseguridad” en la provincia e intervenir activamente en el terreno. Esto significa, según nosotros: brindar herramientas para reprimir mejor.

El objetivo es implementar el mismo plan de seguridad que rige en Chile desde 1995: el Plan de Cuadrantes, que se basa en “focalizar la demanda de la gente. Un cuadrante no es una zona exacta de patrullaje, sino un determinado lugar donde se detecta una demanda determinada de la población y se actúa en consecuencia”, según declaró David Rubio Leiva, jefe de la división de Análisis de Carabineros. ¿Y de dónde sacan las demandas? De la parte que más les sirve de la tesis “sensación de inseguridad”.

Una vez más, el discurso del combate a la delincuencia y el narcotráfico sirve para legitimar la militarización de los barrios, acá, en Chile, o en cualquier parte. La defensa del Estado sobre sus intereses económicos y políticos no resiste fronteras, ni tampoco métodos.

Hagamos memoria: los Carabineros fueron la principal fuerza de choque de la dictadura cívico militar encabezada por el Gral. Augusto Pinochet, y lo siguen siendo en democracia, con sus mandos conservados y los antiguos formadores que hoy lo hacen con las nuevas camadas; han sido durante décadas los responsables directos de reprimir cuanta manifestación y acto político se haya hecho, principalmente los estudiantiles, sobre los que han descargado todos sus recursos para combatir la lucha por la educación pública en el país; cuentan en su haber con miles de denuncias de abusos, torturas en comisarías, detenciones ilegales, desalojo de colegios o facultades y casos de gatillo fácil.

Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales demostró que desde 1990 hasta 2004, se registraron, sólo en la región central de Chile, más de 6.400 denuncias por violencia policial ante los juzgados militares. Si a eso se agregan los datos de los últimos doce años (entre los que se encuentran, por ejemplo, la muerte de Manuel Gutiérrez, que sólo observaba una marcha estudiantil), las cifras son enormes. El gobierno de Santa Fe le proporciona a su policía -que tiene el índice más alto de víctimas de gatillo fácil y muerte en comisarías y cárceles en el país en proporción a la cantidad de habitantes-, un “master” en represión.

Según declararon, el resultado del “estudio” tendría un diagnóstico para el próximo viernes. Vamos a ver con qué nos encontramos.