EL GOBIERNO “DE LOS DDHH” LIBERA A POLICÍA CONDENADO POR TORTURA SEGUIDA DE MUERTE Y LO AUTORIZA A TRABAJAR EN SEGURIDAD PRIVADA

Ver nota publicada en Clarin el 13/04/08: http://www.clarin.com/diario/2008/04/13/policiales/g-06016.htm

CONDENADO POR TORTURA SEGUIDA DE MUERTE…

Sergio Durán (17) fue torturado, durante no menos de 8 horas, en la comisaría 1ª de Morón la noche del 6 a 7 de agosto de 1992. Uno solo de los policías intervinientes, el oficial subinspector Jorge Ramón Fernández, fue detenido en 1993. Con evidente apoyo oficial, se profugaron el subcomisario Miguel Angel Rojido, el cabo Raúl Rodolfo Gastelú, el oficial Luis Alberto Farese y el cabo Hugo Nicolosi. Pericias médicas y de laboratorio, y el testimonio de varios detenidos de esa noche, determinaron que el adolescente fue sacado por Fernández de su celda, y llevado a la oficina del servicio de calle de la comisaría 1ª de Morón, donde fue golpeado brutalmente (tenía un diente roto, un corte en la lengua, laceraciones en las muñecas, y hematomas en la cara y testículos), le aplicaron la “bolsita” (submarino seco) y lo picanearon en los genitales, además de someterlo a maniobras masturbatorias violentas, que aumentan el dolor de la tortura. La muerte se produjo por un “un mecanismo reflejo que causó un paro cardiorespiratorio”. Es decir, Sergio murió de dolor.

El 14 de octubre de 1995 el oficial Fernández fue condenado a prisión perpetua por ser partícipe necesario de la tortura seguida de muerte. Los medios titularon “Perpetua en el juicio a la picana”, porque era la primera vez, desde 1983, que se comprobaba la utilización de la picana en una comisaría argentina.

Pero una condena a prisión perpetua, si el reo es un policía, y aunque el delito sea de lesa humanidad, puede significar, como en este caso, la libertad con menos de 10 años cumplidos, el premio de un trabajo en blanco en la rama privada de la misma actividad represiva, un subsidio oficial para medicamentos y la posibilidad de un retiro efectivo de la policía, con su consiguiente haber previsional.

EN LIBERTAD, Y HACIENDO SEGURIDAD PRIVADA.

Hace dos semanas, un anónimo llegado por correo electrónico hizo que CORREPI rastreara el expediente. Descubrimos que el 16 de diciembre de 2003, sólo ocho años después de su condena a prisión perpetua, Jorge Ramón Fernández fue excarcelado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, y casi enseguida empezó a trabajar como Supervisor en la empresa Segur Part SA. Aunque Fernández informó al poder judicial que su tarea es de “supervisor de maestranza”, la empresa confió al diario Clarín que el policía “hace tareas de gestoría, para nosotros y otras agencias, para la portación de armas de los vigiladores”. Eso sí, ni siquiera tuvo que acostumbrarse a un nuevo barrio. Su actual trabajo, en la calle Bartolomé Mitre 1131 de Morón, está a una cuadra y media de la comisaría 1ª de Morón donde Sergio Durán murió torturado.

No sólo con permiso de los jueces trabaja el torturador en la agencia de vigilancia y seguridad. Segur Part SA, CUIT 30-68526975-5, figura en el listado de prestadores de servicios de seguridad privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de manera que su nómina de empleados y contratados es visada por el poder ejecutivo provincial. Como si fuera poco, también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la tiene habilitada, con permiso para que su personal porte armas.

Según la ley 12.297 de la provincia de Buenos Aires, que regula el servicio privado de seguridad, “No podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada, (…): quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales (…); quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad”. Pero ni el ex ministro León Arslanián, ni el actual, Carlos Stornelli, impugnaron la contratación de Fernández, que trabaja en blanco y tiene sus aportes jubilatorios al día.

PRÓFUGOS EN SUS CASAS

En octubre de 1996, guiados por rumores y mensajes anónimos de vecinos, encontramos a dos de los prófugos, el subcomisario Rojido y el cabo Gastelú, que seguían viviendo en sus viejos domicilios y haciendo una vida normal. Logramos filmar a a Rojido en su casa de Mar del Plata, junto a su esposa -también policía, hoy comisaria e instructora de policías- y saludando con un abrazo a un uniformado que iba a visitarlo en patrullero. A Gastelú lo ubicamos en Moreno, en el barrio Las Catonas, llevando con custodia policial a sus hijos a la escuela, entrando a su trabajo en la municipalidad de Moreno -donde tiene un puesto su esposa- y caminando tranquilamente por la calle. La amenaza de difundir públicamente los videos garantizó que ambos fueran detenidos en día de la madre.

Pero no estarían presos mucho tiempo. En 1999, como la cámara de Morón no había tenido tiempo de juzgarlos, fueron excarcelados.

Mientras tanto, se detuvo al oficial Farese, que a pesar del pedido de captura en su contra siguió cobrando su sueldo de policía normalmente en la jefatura de La Plata hasta 1997. El 4 de febrero de 1998, Farese se escapó caminando de la comisaría donde estaba alojado. Nunca más se supo de él. El comisario responsable de su fuga, Pedro Montesinos, fue exonerado, y reapareció años después, al mando de las fuerzas de choque en el Mercado Central, con cargo de “asesor de seguridad” del secretario de comercio kirchnerista Guillermo Moreno. Como para compensar la fuga de Farese, en 1998 fue detenido el cuarto prófugo, el cabo Nicolosi.

El 20 octubre de 2003, once años después del crimen, debía comenzar el segundo juicio oral, contra Nicolosi, y los excarcelados Rojido y Gastelú, que, por supuesto, no se presentaron. Se libró una decorativa nueva orden de captura nacional e internacional contra los dos torturadores, mientras el juicio continuó sólo contra Nicolosi, que fue condenado a prisión perpetua como coautor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Sergio Gustavo Durán.

Nuevamente los vecinos de Moreno nos alertaron de que el cabo Gastelú había vuelto al barrio de toda su vida. En abril de 2004 comprobamos que el torturador vivía en otro domicilio que figuraba en su legajo policial. De nuevo lo filmamos y entregamos la evidencia a la justicia, que lo mandó detener con un grupo de elite del ministro León Arslanián, la brigada “antiprófugo” que debutó con un fenomenal blooper, permitiendo que Gastelú se escapara. Emprendimos una campaña pública responsabilizando al gobierno por la fuga. Gracias a la difusión de afiches con la cara del prófugo, que pregonaban “Si lo ve, NO le avise a la policía”, Gastelú fue recapturado en la Nochebuena de 2004, en la misma zona oeste del conurbano donde siempre se movió. En el tercer juicio del inacabable proceso, a fin de abril de 2005, el cabo fue condenado, como los dos anteriores, a prisión perpetua por el delito de tortura seguido de muerte. Rojido y Farese siguen prófugos hasta hoy.

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