Esta vez, a la tortura le dijeron tortura

El Tribunal Criminal nº 3 de La Matanza condenó a diez años de prisión, por el delito de aplicación de tormentos agravado, al policía bonaerense Julio Diego Torales, uno de los que torturó a Luciano Arruga (16) en la cocina del Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Cuatro meses después, el adolescente fue nuevamente detenido y permaneció desaparecido hasta que se localizó su cuerpo el año pasado, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita por orden judicial. En el juicio, que terminó hoy, no se juzgó la detención ilegal ni hubo otros policías ni funcionarios políticos acusados.

La condena al policía Torales tiene un elemento fuertemente positivo, porque en lugar de recurrir a figuras menores, como apremios, vejaciones o severidades, que desdibujan la tortura y eluden decir la palabra que caracteriza el crimen de estado por excelencia, esta vez los jueces condenaron por lo que ocurrió: la imposición de tormentos, en una dependencia policial, a un niño de 16 años. La gran movilización popular que acompañó el juicio, y la indiscutible vinculación del hecho investigado con la posterior desaparición de Luciano, empujaron para lo que sin dudas es un triunfo popular. En esta sentencia, la definición del hecho como “tormentos agravados” se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, que sostiene que “en democracia no se puede hablar de torturas” (doctrina legal establecida en el caso del comisario Derecho).

Queda, desde luego, el sabor amargo de que sólo un policía enfrentara el juicio y fuera condenado. Es tan imposible apalear un niño en la cocina de una comisaría sin el conocimiento y aval de todo el personal y su cúpula, como lo es el uso sistemático de la tortura sin la bendición de los funcionarios políticos que dirigen las fuerzas de seguridad. Tampoco se juzgó ni condenó a nadie por la detención arbitraria de que fue víctima Luciano en esa oportunidad, ilegal en su origen, porque carecía de causa, e ilegal en la permanencia de un chico de 16 años en una dependencia policial por 10 horas, sin siquiera comunicarlo al juez competente de turno.

Queda, especialmente, la necesidad de profundizar la organización y la lucha, en unidad de acción, para enfrentar con más fuerza todavía la represión en todas su formas.