Fiscales y jueces del 18 de febrero: Dos mentiras no construyen una verdad.

Con estos sistemáticos profesionales de la impunidad y el encubrimiento, nadie puede esperar verdad y justicia. Ninguno de ellos se preocupó jamás por verdad y justicia para los trabajadores, a los que persiguen y condenan si se organizan y defienden lo que es suyo; ni por verdad y justicia para los pibes fusilados por la policía; para los presos torturados en cárceles y comisarías o para los desaparecidos desde 1983 hasta hoy. Estos son algunos ejemplos:

1. Los Centauros:

A principios de los ‘90, unos 20 fiscales del fuero criminal se agruparon bajo el liderazgo del veterano Norberto Quantín, integrante del aparato judicial desde 1958. El entonces fiscal de cámara era conocido por su extremismo religioso, al punto que repudió a una sobrina, a la que había conseguido un puesto en la fiscalía de su lugarteniente José María Campagnoli, porque se casó con un divorciado.

Otro que integraba el grupo era Pablo Lanusse, el fiscal que se hizo famoso durante el menemismo por la causa del contrabando de oro y el ataque que denunció, cuando lo secuestraron por un rato y apareció con la palabra “oro” tajeada. Tiempo después, resultó que uno de los involucrados en el delito era Antonio Lanusse, familiar directo del fiscal.

No se sabe bien si ellos mismos se denominaron Los Centauros, o si fue un aporte de la prensa, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a circular una explicación plausible: Eran Centauros por la cabeza de fiscal y el cuerpo de patrullero, como graficó por entonces una viñeta en un diario nacional, y como confirmamos con cada causa por torturas o por fusilamientos de gatillo fácil que sistemáticamente archivaron.

En mayo de 2003, los dos centauros principales fueron convocados por Néstor Kirchner para secundar a Gustavo Béliz en el ministerio de Seguridad. Así, los fiscales Quantín y Campagnoli, secretario y subsecretario de Seguridad, fueron los Berni de la época, y dirigieron epopeyas represivas como el operativo de la PFA el 16 de julio de 2004 en la Legislatura porteña, contra la manifestación que trataba de impedir el endurecimiento del código contravencional, que concluyó con 17 presos políticos por más de dos años.

Unos meses antes, el 19 de abril de 2004, el trío Béliz-Quantín-Campagnoli había presentado en público el “Plan Estratégico sobre Justicia y Seguridad”, el aporte del gobierno kirchnerista a la Cruzada Blumberg, con una serie de proyectos que iban desde la reforma manodurista de los códigos penal y procesal penal a la disolución de la SIDE y la creación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ¿les suena?), pasando por varias de las leyes antiterroristas promulgadas desde entonces hasta 2010 por el congreso nacional.

El tercer centauro, Pablo Lanusse, tampoco estuvo lejos de la gestión de Néstor Kirchner. Entre 2003 y 2004, fue secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios en el ministerio de Justicia, y luego fue enviado como interventor federal a Santiago del Estero.

Campagnoli y Lanusse fueron dos de los fiscales que encabezaron la marcha del 18 de febrero, convocada para homenajear al también fiscal Alberto Nisman.

2. Los encubridores de los crímenes de lesa humanidad de Alfonsín.

Unos cuantos años antes, en 1989, la justicia federal, a la que ya pertenecía Nisman, mostró la hilacha en el amañado proceso contra los trece sobrevivientes del ataque al cuartel de La Tablada, los seis militantes capturados fuera (el “grupo de agitación”) y el cura Puigjané. Los fiscales que intervinieron en la instrucción y el juicio, Juan Martín Romero Victorica y Raúl Pleé; el juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere (cuyo juzgado era conocido como “la cueva de los servicios”), y los camaristas federales de San Martín, Hugo Fossati, Marta Herrera y Jorge Barral, silenciaron sistemáticamente las denuncias por torturas, y obturaron toda posible investigación por el fusilamiento y desaparición de detenidos con vida, hecho hoy rotundamente probado y tardíamente en trámite de instrucción.

Larrambebere designó a un hombre de su confianza para que actuara como secretario “ad hoc” en el cajoneo de esas denuncias: un tal Natalio Alberto Nisman, que ya entonces evitaba su primer nombre, y sería mejor conocido en el futuro como Alberto Nisman. El 23 de enero de 1989, el fiscal que hubiera debido intervenir era Santiago Blanco Bermúdez, pero estaba de licencia, por eso le tocó el turno a Romero Victorica. Por esas vueltas al parecer nada casuales de la vida, hoy Blanco Bermúdez es el abogado del ubicuo espía Antonio/Jaime Stiuso/Styles.

Romero Victorica y Pleé llegaron a la Cámara Federal, donde fueron colegas de Germán Moldes, el mismo que instó hasta el infinito la acusación contra los dirigentes de la FUBA, que habían sido acusados y absueltos por la toma del Rectorado durante una protesta estudiantil en 2008.

Pleé y Moldes también fueron convocantes de la marcha del 18 de febrero, a la que asistió en lugar destacado Romero Victorica, para homenajear a otro de los encubridores de las torturas, ejecuciones y desapariciones de La Tablada.

3. Los de la coima de Pedraza.

El 20 de octubre de 2010, una patota de la burocracia sindical, apoyada por la patronal ferroviaria y las policías federal y bonaerense, atacó a balazos una manifestación de trabajadores tercerizados. Mariano Ferreyra fue fusilado, Elsa Rodríguez recibió un tiro en la cabeza y otros dos militantes resultaron heridos de bala. Cuando la habitual reticencia judicial empezó a ser vencida por la fuerza de la movilización popular, parte de la patota fue detenida y se empezó a cerrar el cerco sobre los jefes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y el “Gallego” Fernández.

Una formidable maniobra de tráfico de influencias reunió a un ex juez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini; al ex agente de la SIDE y asesor de la Presidencia Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar. El objetivo era que, en plena feria judicial, la Cámara de Casación revocara la prisión preventiva y el procesamiento de la patota. El precio, “cincuenta mil verdes”, como se escuchó una y mil veces en la grabación de las conversaciones telefónicas de los participantes del intrincado esquema, cuya piedra angular era que la causa quedara radicada ante la sala integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, que era a la que Aráoz de Lamadrid aseguraba tener “buena llegada”.

El camarista federal Eduardo Riggi, involucrado en la causa de coimas, también marchó el 18 de febrero.

4. El ministro de Seguridad de Scioli.

Carlos Stornelli es otro especialista en perseguir trabajadores, militantes y cualquiera que se organice para defenderse, al mismo tiempo que se esmera en proteger funcionarios, salvo cuando los inminentes cambios de viento lo motivan a reorientar su velamen. En 1999, el ministro del Interior difundió un informe oficial de “eficiencia policial” que indicaba que, en el barrio de Once, la policía había detenido 12.500 personas en 1998, y 1.300 en los primeros 26 días de 1999, todos sin acusaciones por delitos, sino por averiguación de antecedentes o contravenciones. El detalle adicional era que el 90% eran inmigrantes latinoamericanos, la mayoría peruanos. CORREPI denunció a la comisaría y a todos los funcionarios responsables por esas detenciones arbitrarias. El fiscal Stornelli instó la desestimación de la denuncia por “inexistencia de delito”, y justificó que la policía hiciera sus razzias en un “universo de inmigrantes ilegales”.

En mayo de 2006, varias organizaciones piqueteras protestaron frente a la sede central de Repsol YPF, reclamando la rebaja del valor de la garrafa. El fiscal Stornelli pidió al juez Galeano que la policía federal llevara a cabo tareas de inteligencia sobre los grupos manifestantes para poder pedir capturas. El mismo año, pero en septiembre, Stornelli pidió la elevación a juicio de la causa contra los militantes de Quebracho, el MTR-Cuba y la FTC que habían repudiado la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Ratto, en el ministerio de Economía en 2004.

Unos años antes, fue el fiscal que impulsó la causa del “complot” contra De La Rua, usando como “prueba” una hoja del cuaderno de apuntes de nuestro compañero, el militante Carlos “Petete” Almirón, encontrado en la mochila secuestrada junto a su cuerpo cuando fue asesinado en la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. La hoja de cuaderno contenía el esquema para una charla de formación en un comedor popular, con puntos como “por qué la organización, qué es la lucha, qué es el cambio social, por qué el Hombre Nuevo”.

Antes de las elecciones de octubre de 2007, tras rechazar el ofrecimiento de Mauricio Macri para ocupar el cargo de procurador de la ciudad de Buenos Aires que sí aceptó su colega de la justicia criminal Luis Cevasco-, Stornelli anunció que sería el ministro de Seguridad del gobernador en ciernes, Daniel Scioli. Tenía para entonces fluidos lazos con el kirchnerismo, al punto que, en la causa por sobornos y sobreprecios de la empresa Skanska, anticipó a su amigo Aníbal Fernández que iba a citar a los funcionarios involucrados (Ulloa y Madaro), cosa de que fueran convenientemente echados antes de entrar a Comodoro Py.

Hasta la crisis de 2010, que Scioli conjuró unificando los ministerios de Justicia y Seguridad bajo el comando de Granados, Stornelli fue el responsable político de la policía bonaerense por orden y cuenta del hoy presidenciable Scioli, pero no resignó sus otros vínculos. Nombró como su colaboradora cercana a la mujer del barra brava de Boca Rafael Di Zeo, por entonces preso, y fue jefe de seguridad del club dirigido por Macri, trabajito compartido con su amigo Pleé.

Por su parte, Cevasco, que como fiscal argumentó una vez que el homicidio del joven hincha de Vélez Germán Barbaresi no valía una acusación, porque “el fútbol no es un deporte de caballeros como el rugby”, es, hasta hoy, una de las cabezas del Ministerio Público de la justicia de la Ciudad.

Stornelli fue de los más enfáticos convocantes de la marcha del 18 de febrero, a la que no faltó el fiscal Cevasco.

5. Los que condenan trabajadores y protegen represores.

Muchos otros marcharon también, como el jefe de la UEJN y secretario de DDHH de la CGT de Moyano, Julio Piumato, que terminó siendo el único orador del acto y responsable de la fornida seguridad que formó “corralitos” para separar a los familiares de Nisman de los funcionarios judiciales, y a éstos de los políticos y el resto de la gente.

Estuvieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, Ricardo Sáenz, Carlos Donoso Castex y Jorge López Lecube; los jueces y camaristas Juan Carlos Gemignani, Jorge Gorini, Ezequiel Berón de Astrada, César Osiris Lemos, José Martínez Sobrino, Marcelo Gallo Tagle, Miguel Ángel Caminos, Diego Barroetaveña, Mariano Borisnky, Eduardo Riggi, Luis Salas, Diego Guardia, Sergio Paduczak, Leopoldo Bruglia, Adriana Pallotti, Julio Panelo, Gregorio Corach, Ricardo Farías y Gabriela Ruiz; fiscales de otras jurisdicciones como Alberto Losada (Córdoba) y Julio Piaggio, de La Plata, o Martín Ocampo de la CABA, y ex jueces y fiscales como Raúl Madueño, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz. Y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, claro.

De todos ellos hay mil historias para contar, pero digamos simplemente, para no aburrir, que siempre que pueden protegen a los suyos, y que cuando excepcionalmente no lo logran, porque la movilización popular y la lucha los acorralan y deben liberar un luchador o condenar a un represor, se cuidan bien de dejar a salvo al estado, preservando su buen nombre y honor, junto con la gobernabilidad democrática.

6. Ni con éstos, ni con los otros.

Tampoco hay verdad y justicia en la otra vereda de la familia judicial, la de los que siguen, por ahora al menos, fieles al gobierno kirchnerista, el campeón de los derechos humanos, con sus 2.778 asesinados mediante el gatillo fácil y la tortura; con 20 asesinados en la protesta social; con los petroleros de Las Heras condenados a prisión perpetua y miles de trabajadores sometidos a proceso penal por organizarse; con sus patotas de la burocracia sindical, sus uniformados militarizando los barrios, sus desaparecidos y sus leyes antiterroristas para perseguir la militancia.

Unos y otros son los jueces y fiscales que nos acusan de “presionar a la justicia” cuando nos movilizamos por la libertad de un compañero o por la condena de un represor; los que persiguen a cuanto trabajador se organice y vaya a la huelga, tome una fábrica o haga un piquete. A ninguno hemos visto ni veremos jamás defendiendo algo que no les convenga a ellos y a sus mandantes del poder, respondan a una u otra fracción de la burguesía.

Así como la suma de dos mentiras no resulta en una verdad, ni con unos ni con otros encontrará el pueblo trabajador ni un tantito así de justicia.

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