Gatillo fácil en San Cristóbal: Para Bullrich, otro “acto de servicio policial”

El policía que disparó contra Álvaro Nicolás Soriano el 21 de diciembre a las 16:15, en la Av. Jujuy al 900, es el sargento PFA Sergio Damián Lucero, 40 años, DNI 25.027.509, LP 13628. Estaba citado a prestar declaración indagatoria hace dos días, pero sus abogados defensores pidieron tiempo para armar la historia que va a contar.

Hasta ahí, no habría noticia. Pero resulta que el sargento Lucero, a diferencia de cualquier persona acusada por un delito, no se vio en el dilema de elegir entre confiar en el abarrotado defensor oficial o empeñar todo el patrimonio familiar para tener una defensa particular. Ése no es su problema, porque es policía.

Porque es policía, tiene una tercera opción, gratis y eficaz. Una defensa particular, dedicada y experta, sin que le cueste un peso. Tiene a su servicio a los abogados de la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad.

Nos cruzamos por primera vez con estos funcionarios ministeriales de planta en abril de 1991, en la causa Bulacio. Desde entonces, los enfrentamos en la causa por la represión del 20 de diciembre de 2001, en la causa por Mariano Ferreyra. y en infinidad de casos de gatillo fácil y torturas, porque defendieron a Miguel Ángel Espósito (asesino de Walter Bulacio), Juan José Luquet (asesino de Marcelo Báez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (asesino de “Kunky” Méndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), Javier Almirón (asesino de Gonzalo Crespo), los cuatro policías asesinos de Marcelo Maione Míguez; los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuk, que torturaron hasta la muerte a Fito Ríos, hijo de Delia Garcilazo; otros torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo; los policías en la causa Cromañón; los asesinos de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, y al asesino de Esteban Paniagua, entre otros.

La intervención de estos abogados penalistas, algunos de planta y con grado policial, otros contratados, tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda solamente “cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial”.

Nada puede ser más claro: antes de la intervención de estos abogados, hay un acto administrativo del ministerio que determina que deben tomar la defensa porque es una causa que criminaliza un acto de servicio. La intervención de estos abogados-funcionarios, recurrente y sistemática en las causas donde el gobierno de turno decide defender públicamente su derecho al poder de fuego contra la población, es la prueba más evidente de que la represión es política de estado.

Para CORREPI nunca es una sorpresa descubrir que el represor de uniforme no necesita gastar un peso para tener una defensa de lujo con abogados especializados que paga el Estado. Lo que nos sigue sorprendiendo es que, mientras tanto se discute adónde van los fondos estatales, mientras nos propagandizan “recortes” (ajustes) en salud, educación, vivienda, tercera edad, niñez y programas sociales, a nadie le haga ruido que el gobierno asuma la defensa particular y gratuita de un policía de gatillo fácil, que a nadie le moleste que, además de matarnos un pibe por día, se garantice descaradamente la impunidad de los asesinos desde un despacho ministerial.

Este año supimos que la División de Asuntos Jurídicos salió a contratar más profesionales, porque no les alcanza con los que históricamente tienen, ya que, además de los policías, al aumentar la cantidad de prefectos y gendarmes en la calle “hay más causas de este tipo”, como confesó uno de sus nuevos abogados.

¿Hace falta algo más para que quede claro que no es un policía, es toda la institución, y que no es una fuerza fuera de control, sino una política de estado, que este gobierno profundiza como nunca antes?