INFORME DE SITUACIÓN 2003/2006 parte 1

INFORME DE SITUACIÓN 2003-2006: LOS DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN KIRCHNER.

INTRODUCCIÓN:

CORREPI presenta todos los años un Archivo con los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, que revela la continuidad de la represión posterior a 1983 más allá de algún cambio de formas. Hoy, a tres años del inicio de la actual gestión presidencial, presentamos este documento como un complemento de nuestra denuncia, con un recuento de la represión aplicada por este gobierno a los sectores pobres no organizados de la sociedad y a los sectores organizados de la política nacional desde el 25 de mayo de 2003 hasta el día de hoy.

La estrategia política del gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos es uno los ejes de su permanente búsqueda de legitimación. Un manejo hábilmente combinado de cooptación de referentes históricos del campo de los DDHH y de propaganda oficial disfrazada de información periodística intenta colocar a quienes denunciamos el carácter represor de este gobierno como peligrosos desestabilizadores provenientes de una izquierda calificada como siniestra.

Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la represión no ha dejado de aumentar y profundizarse en los pasados tres años. Los casos de gatillo fácil y tortura son cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier gobierno desde 1983 a la fecha, aunque en los titulares de los diarios sólo trasciendan unos pocos. Son cada vez más frecuentes las represiones en manifestaciones y movilizaciones populares, y las amenazas a militantes o a familiares de pibes asesinados que no abandonan su lucha. Ningún gobierno tuvo, desde 1983, más presos políticos y más militantes sujetos a causas judiciales que el gobierno de Kirchner.

Durante las tensas jornadas de militarización de Plaza de Mayo en el último trimestre de 2005, cuando la represión se sospechaba cercana, el Ministro del Interior Aníbal Fernández hizo alarde de “no tener muertos en represiones”. Negaba así, mientras se montaba sobre las denuncias de las masacres cometidas en otros gobiernos, como la del Puente Pueyrredón, el asesinato bajo las balas policiales de Luis Marcelo Cuéllar, militante de la CCC, durante una represión en Jujuy a cinco meses de la asunción presidencial.

A pesar de esta realidad, que se demuestra con hechos y datos, el gobierno no deja de crear consenso a su favor con el inapreciable concurso de los medios que reproducen y amplían el discurso oficial. La prensa adicta, aun la que de vez en cuando critica alguna medida de gobierno que califica de hegemonista o poco democrática, presenta a los militantes y a los pobres como delincuentes actuales o potenciales, justificando la represión en ambos casos en aras del orden y la seguridad.

El presidente Kirchner presenta su gobierno diciendo que el empleo ha aumentado; que las condiciones de vida de la población van encaminadas hacia la mejora; que nos hemos liberado del yugo imperialista pagando la deuda externa. Pero lo cierto es que los sueldos no alcanzan para nada; que la comida, los medicamentos, el gas, todo lo necesario para vivir, cada vez está más caro. Lo cierto es que Kirchner ha logrado lo que Menem no pudo, aprobar las leyes antiterroristas, expresión irrefutable de que este gobierno está incondicionalmente al servicio del imperialismo. Lo cierto es que crecen los hechos represivos en forma inversamente proporcional a su repercusión mediática.

Como una expresión natural de un pueblo que vive en condiciones miserables, se suceden las medidas de fuerza, las tomas de fábricas, los cortes de calle, las huelgas, las manifestaciones. Kirchner y sus aliados provinciales responden con represión, operativos multifuerza, saturación policial, militantes y obreros presos y procesados y tildando de “terroristas” a los trabajadores en huelga. En los barrios, aumenta el gatillo fácil, se acumulan las denuncias de torturas y se multiplican las detenciones arbitrarias. Cada día que pasa alguien muere en una cárcel o comisaría.

Este informe prueba que, en su gestión de gobierno, Kirchner fue empleando diferentes tácticas represivas, a fin de recuperar la legitimidad perdida de las instituciones, la centralización del poder político y los medios de comunicación.

Al comienzo de su gobierno adoptó el discurso de la “no represión”, complementado con la cooptación de sectores populares, la censura a los medios de comunicación y la deslegitimación de los movimientos u organizaciones no dispuestos a dejar su lugar de confrontación.

Continuó luego con una intensa campaña de los diferentes sectores del poder a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva.

La campaña de la inseguridad “Blumberg”, a partir de abril de 2004, se tradujo en una profundización de la política represiva tendiente a englobar y desdibujar peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.

A partir de agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, hasta ese momento dependiente del Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández.

Fue creciente el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes. Si en un principio la mayoría de los jueces recurría a delitos como atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción del tránsito, daño o similares, en la actualidad, se imputa a los detenidos delitos gravísimos muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculados de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos.

El carácter de clase de la represión queda en evidencia cuando se compara la reacción estatal frente a las movilizaciones o reclamos de los sectores medios con la forma en que se responde a las demandas de los trabajadores y el pueblo. Mientras los muy justificados cortes de los vecinos ambientalistas en Gualeguaychú son calificados de legítimo ejercicio de la libertad de expresión por el gobierno en su presentación en respuesta a la demanda uruguaya, el mismo tipo de protesta, cuando es protagonizado por desocupados, es considerado delictivo.

A continuación, desarrollaremos el panorama de estos tres años en materia de represión de “control social” –gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias-; y de represión política:

GATILLO FÁCIL, TORTURAS Y MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS:
A pesar de los denodados esfuerzos de una buena parte de la clase política argentina, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la pena capital, y como país firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -incorporada a la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional-, tenemos vedado reimplantarla.

Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la pena de muerte en las calles de todo el país. Denominamos “gatillo fácil” a las ejecuciones que configuran la aplicación por parte de la policía de la pena de muerte extra-legal. Se trata de “pseudoenfrentamientos” en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho, y el posterior encubrimiento.

EL FUSILAMIENTO: Prácticamente en todos los casos el hecho es relatado por los policías intervinientes de la misma manera, justificando su “legítimo accionar” en la agresión previa por parte de la víctima, que siempre es referida como “delincuente de frondoso prontuario” y quien, indefectiblemente en los partes policiales, disparó primero. Como se ha señalado en infinidad de relevamientos estadísticos, hay datos objetivos que tornan inverosímil la repetida versión del enfrentamiento. La desproporción numérica entre los muertos civiles y policiales lleva a dos posibles conclusiones: o tenemos la policía con mejor puntería del universo, o ellos son los únicos que disparan. También es llamativo que no exista relación en la cantidad de muertos y heridos no uniformados. La casi inexistencia de sobrevivientes civiles en estos supuestos tiroteos demuestra que la policía tira a matar, sin efectuar disparos disuasivos ni a lugares no vitales del cuerpo, de modo de no tener que cargar con molestos testigos. En gran número de casos, aun los que la propia policía confiesa “accidentes”, argumentando armas que se caen al piso, golpean contra paredes, o se disparan en un forcejeo, es notable que las balas impacten en la sien, la nuca o la espalda, volviendo imposible la tesis del enfrentamiento.

EL ENCUBRIMIENTO: Inmediatamente después de cometido el delito, comienza la segunda etapa, destinada a garantizar la impunidad del camarada que “puso” a uno. Es indudable la existencia de un espíritu de cuerpo que se patentiza en los primeros informes de quienes arriban al lugar del hecho cuando las muertes ya se han consumado. Si el homicida no tiene un arma de más para “plantársela” al muerto, son sus colegas quienes la proveen, como se ha probado en muchos casos. A estas armas plantadas se suman a veces, por aplicación de la tesis de la “culpabilización de la víctima”, sobres conteniendo alguna pequeña dosis de drogas, tucas, ganzúas, y hasta efectos robados. Es un clásico que en la instrucción inicial del caso, se consigne de inmediato que no se encontraron testigos del hecho, sin que conste diligencia alguna para hallarlos; así como que quienes espontáneamente se presenten para declarar sean rechazados con un elegante “ya los van a citar”.

La medida del encubrimiento da la pauta del carácter institucional de estos hechos, en los que el sumario policial -en particular cuando instruye la policía- en lugar de investigar, propone y da por cierta la tesis del enfrentamiento. De la misma forma que se planta evidencia de lo inexistente, se destruye la que pudiera echar luz sobre el asunto. Así, es frecuente que los cuerpos sean lavados evitando toda posible prueba de deflagración de pólvora en las manos, que se limpien las armas, impidiendo saber si fueron disparadas o si tienen huellas. También hemos verificado casos de espontánea reproducción de la cantidad de proyectiles intactos en las armas policiales en el trayecto hasta la oficina pericial, o la repentina aparición de averías en armas o proyectiles recuperados inexistentes en el momento del hecho. Estos homicidios han crecido enormemente en los últimos tiempos, de la mano de las políticas resumidas en el “hay que meter bala a los delincuentes”.

Finalmente, y ya en el marco de las causas penales, la complicidad abierta o la ineficiencia siempre oportuna de peritos y jueces permite la manipulación desembozada de las pruebas, derivando muchas veces la investigación en causas seguidas contra la víctima, cuyos antecedentes se rastrean hasta el infinito.

El gobierno de Kirchner emplea esta herramienta de control social como lo hicieron todos desde 1983. Las cifras que arroja su gestión en cuanto a personas asesinadas por las fuerzas de seguridad hablan solas, y son una demostración de que la represión para el control social sigue vigente y en ascenso.

Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del 2006 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada uno de los años de esta gestión son:

102 asesinados entre el 25/5/03 y el 31/12/03.
159 asesinados en el año 2004.
175 asesinados en el año 2005.
69 asesinados entre el 01/01/06 y el 28/07/06.

Desde la 10ª Presentación del Archivo, tomamos conocimiento de 95 nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura, en cárceles y comisarías en 10 provincias, 79 de ellos ocurridos con posterioridad al 10 de diciembre de 2005.

Las provincias de las que hemos recibido datos en relación a los primeros siete meses de 2006 son:
1. BUENOS AIRES, 20 casos.
2. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 9 casos.
3. CORDOBA, 10 casos.
4. CORRIENTES, 5 casos.
5. JUJUY, 1 caso.
6. MENDOZA, 7 casos.
7. NEUQUEN, 1 caso.
8. RIO NEGRO, 1 caso.
9. SALTA, 1 caso.
10. SANTA FE, 5 casos.
11. SANTIAGO DEL ESTERO, 3 casos.
12. TUCUMAN, 6 casos.

Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles y comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de tortura seguida de muerte.

Debemos destacar, respecto del relevamiento que presentamos posterior al 10/12/2005, que sólo se trata de los casos que nos fueran informados en forma directa o que se publicaran en la prensa, ya que CORREPI realiza la búsqueda activa para actualizar el Archivo a fin de año, próximo a la fecha de presentación pública.

La muerte de personas en situación de detención es la causa predominante de muertes en manos del Estado
El personal de los distintos centros de detención suele definir las muertes como resultado de suicidios, incendios, peleas entre internos y motines. Los suicidios suelen repetirse como método de encubrimiento de la tortura seguida de muerte. Luego de que en una sesión de tortura que suele involucrar golpes, violaciones, “bolsita” (dificultación mecánica de la respiración, generalmente utilizando una bolsa de polietileno en la cabeza) y picana, si se agotan los mecanismos de defensa frente al dolor y el detenido muere por un reflejo vasovagal o similar, el personal policial suele construir una escena de ahorcamiento. Cuando los partes médicos no son falsificados, en las autopsias se pueden encontrar luego del supuesto ahorcamiento, marcas de suelas de zapatos, golpes y quemaduras en el cuerpo de la víctima. Como en el caso de Cristian Domínguez, muerto en la comisaría 1ª de Berisso, hay casos en los que el personal médico forense remueve en la autopsia las partes del cuerpo que brindan la evidencia de que la muerte que se alega como suicidio no fue tal.

Los incendios se presentan más en casos de protestas, por reclamos, demandas y autodefensa ante la represión dentro de la cárcel. Cuando algún detenido se descompone y la guardia se rehúsa a brindarle atención los compañeros a veces recurren a la quema de un colchón para generar la situación en la que el personal deba abrir la puerta. Se repite en cárceles y comisarías de todo el país la negativa de abrir las celdas, incluso con la permanencia del personal observando el cuadro. Si bien todos los informes lo certifican incendio tras incendio, el gobierno rehúsa cambiar los colchones de poliuretano que con la combustión liberan químicos que matan por intoxicación más internos que el fuego. Las peleas entre internos y los motines pueden ser tanto una forma falsa de caratular en los medios una represión que resulta en varios muertos y heridos, o un enfrentamiento interno promovido por reclusos que tiene acercamiento al personal penitenciario.

Tras los motines, donde se producen gran cantidad de muertes, se suceden los reclamos por aumento de presupuesto para el penal y de sueldo para sus empleados, con el argumento de la falta de seguridad para los mismos. Lo curioso es que en los motines generalmente sólo mueren presos, y cuando ha muerto personal penitenciario, como en el caso de Córdoba (penal San Martín), las balas resultan ser policiales. Las muertes en motines no son muertes “que se podían evitar”. Son muertes que se fomentan.

Si los pliegos de reclamos penitenciarios posteriores a los motines se centran en pedidos de garantías para una más eficaz represión, resultan también de los motines los traslados, abriendo nuevos cupos en el penal o celdas de comisaría. Los motines permiten la remoción de un excedente de población carcelaria y juegan un papel importante en la política interna del penal, donde una cúpula directiva suele ser removida tras un hecho de estas características. No hay que olvidar que la población carcelaria es una gran fuente de ingresos para todo el círculo administrativo que la rodea. Se explota el trabajo de los internos dentro y fuera del penal con la comercialización de los productos que elaboran intramuros, con el circuito ilegal de reventa de los insumos oficiales (caso Magdalena) y salidas “laborales” de internos reclutados para robar para sus guardias (como se probó a partir del caso del Restaurant Dolly). La explotación del comercio carcelario está en manos de los guardias y sus autoridades, siendo mercancías el abrigo, la comida, la comunicación, la droga y los medicamentos, lo que agudiza las ya de por sí miserables condiciones de vida intramuros, caracterizadas por el aislamiento, la violencia, la tortura, el hacinamiento.

Esto se lee en los números: Campaña propagandística contra la inseguridad mediante, la población carcelaria aumentó de 30.000 a 63.000 personas en todo el país, lo cual no se condice con el aumento del delito en el mismo período, que fue menor a un tercio. De ese universo de personas, hay 52.000 personas alojadas en cárceles federales y provinciales que tienen capacidad sólo para 32.000, mientras 11.000 están hacinadas en comisarías u otras dependencias de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Lo acontecido en el penal de Magdalena, como en Coronda o Córdoba, por sólo nombrar los casos más recientes de impacto mediático, contiene la impronta del aniquilamiento sistemático como política de Estado.

La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44 % de las que fue responsable el Estado durante estos 3 años de gobierno. Las muertes en las dependencias policiales en su mayor medida corresponden a casos de tortura seguida de muerte, aunque son mínimas las condenas por este delito. En la reticencia oficial de emplear las figuras penales de tortura y tortura seguida de muerte confluyen la acción del poder legislativo y la del poder judicial. El primero ha previsto en el código penal la existencia de otras figuras legales, excarcelables, cuya diferencia con el tipo de la tortura es únicamente la lenidad de la pena. Delitos menores en términos de sanción, como los apremios ilegales o las vejaciones, son provistos por los legisladores a los jueces, que sólo en circunstancias muy especiales condenan usando la figura real de aplicación de tormentos. Es bien evidente cómo opera este mecanismo, cuyo principal objetivo, además de penar de la forma más leve posible a los guardianes del sistema, es silenciar el término “tortura”, que remite ineludiblemente a la responsabilidad institucional. Así es frecuente ver fallos judiciales que califican el tormento de la “bolsita” como apremios porque… sólo se aplicó una vez al detenido. Del mismo modo, los jueces prefieren tipificar como homicidio calificado en concurso con vejaciones, u homicidio preterintencional en concurso con apremios clarísimos casos de tortura seguida de muerte, como en los casos de Diego Gallardo y Jorge González, por tomar dos recientes, siguiendo la tradición inaugurada en el caso Rodríguez Laguens. Así evitan la palabra “tortura”, desincriminando al propio estado. La habitualidad de esta política explica que, pese a la enorme cantidad de casos de personas asesinadas en la tortura desde 1983, se cuenten en menos de una docena los fallos que condenaron por el delito específico de aplicación de tormentos seguido de muerte desde esa fecha. (Ver Anexo de casos al final).

Detenciones arbitrarias:
Uno de los permanentes reclamos antirrepresivos es el cese de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Este tipo de arrestos, que afectan a centenares de miles de personas por año en todo el país, es una de las herramientas de control social más efectivas, pues instala y naturaliza en la población más vulnerable –aquella que debe ser disciplinada- la idea de que cualquiera puede ser detenido sin motivo alguno en cualquier momento, por la pura discrecionalidad policial.

Los códigos de faltas y contravenciones y la facultad policial de detener personas “para identificar” o en “averiguación de antecedentes” existen en forma uniforme en todo el territorio nacional, dando a las policías federal y provinciales, y en menor pero creciente medida, a la gendarmería y prefectura, la posibilidad real de realizar detenciones que luego son “blanqueadas” por la vía contravencional o la identificatoria. No es exagerado afirmar que mientras estas facultades subsistan, todos los habitantes de la nación, pero en especial los que integran el segmento de “los sospechosos de siempre”, estamos en situación de libertad vigilada.

El sistema contravencional y la “doble A” son absolutamente incompatibles con un estado de derecho ya que atentan contra las mínimas libertades ciudadanas. Así lo afirmó la Corte Interamericana de DDHH en la sentencia del Caso Bulacio el 18 de septiembre de 2003, y por ello ordenó, en el más importante punto dispositivo de la condena al Estado Argentino, la revisión de todo el sistema de detenciones policiales y su adecuación a los principios consagrados en la Convención Americana que nuestro país se ha comprometido a respetar.

El actual gobierno, pese a sus recurrentes afirmaciones de defensa de los DDHH, viene incumpliendo sistemáticamente la sentencia de la Corte IDH, reconocida como órgano jurisdiccional superior, incluso, a nuestra propia Corte Suprema. Primero instruyó a los ministros de la “renovada” Corte Suprema para que, al filo de la aplicación de sanciones por el incumplimiento, en diciembre de 2004, sacaran un fallo lavado e inconsistente, puramente formal, que reconoce –porque la Constitución no les deja resquicio en ese punto- que la sentencia debe ser acatada. En ese pronunciamiento, encabezado por el voto del “progresista” Eugenio Raúl Zaffaroni, se admite que la causa no ha prescripto, pero dejan los ministros –y Zaffaroni en particular- sentado su desacuerdo con el punto esencial del fallo internacional: no admiten que todo crimen policial (o de cualquier fuerza de seguridad) es imprescriptible, porque al ser el estado el autor, es una violación a los derechos humanos. Se niegan a reconocerlo y cometen desobediencia a su superior, la Corte IDH, porque si lo hicieran, todos los delitos policiales y de los demás miembros de agencias represivas del estado deberían ser inmediatamente incluidos en la categoría de imprescriptibles, perdiendo los jueces una de las herramientas habituales para garantizar la impunidad de los sicarios del sistema: la prescripción de las causas penales. En el mismo fallo los cortesanos nacionales se alzaron contra la Corte IDH al no reponer a la familia como querellante, lo que explícitamente ordena la sentencia internacional.

En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura recibió hace más de dos años los antecedentes del caso para cumplir otro punto de la sentencia internacional: la sanción a los jueces y camaristas nacionales que la Corte IDH consideró “responsables de esta gravísima situación de impunidad”, por haber dilatado 15 años el trámite de la causa penal sin llegar a una sentencia. No sabemos que se haya iniciado un expediente todavía.

Finalmente, en lo que hace al sistema de detenciones arbitrarias, una y otra vez ha instado la Corte IDH a la Argentina a cumplir lo ordenado. Lejos de revisar los mecanismos que permiten a policías y otras fuerzas de seguridad realizar arrestos ilegales, esas facultades se han incrementado a nivel nacional y local. Los códigos de faltas y contravenciones son constantemente reformados para endurecerlos, mientras jueces y legisladores permanentemente amplían el menú de justificaciones para que se detengan personas fuera de las únicas hipótesis contempladas por la Constitución Nacional y la Convención Americana de DDHH, esto es, la flagrancia o la orden judicial preexistente.

Estas facultades, que tienen por objeto aplicar el control social, recaudar para la “caja” policial y simular un nivel de eficiencia en la “guerra contra la inseguridad” totalmente desvinculado de la prevención de hecho delictivo alguno, generan a su vez las condiciones materiales para hechos de muchísima gravedad, pues el detenido en esas circunstancias es la víctima habitual de torturas, que llegan en no pocos casos a producir la muerte.

No hay otra explicación para la deliberada omisión del gobierno de Néstor Kirchner en cumplir con la sentencia del Caso Bulacio que concluir que, como sus antecesores de todas las épocas, NO ESTÁ DISPUESTO A QUE SUS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDAN SU MÁS VALIOSA Y EFICAZ HERRAMIENTA DISCIPLINADORA.

AMENAZAS, APRIETES, HOSTIGAMIENTOS:
En el curso de los pasados tres años han arreciado los episodios de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes, activistas y defensores de derechos humanos protagonizados por el gobierno nacional o sus aliados provinciales. Esta es una enumeración, seguramente incompleta, de los principales acontecimientos represivos de esta índole desde el 25 de mayo de 2003:

AÑO 2003
El 9 de junio de 2003 personal de infantería de la Cria. 8ª que custodiaba los negocios del empresario Brukman, lesionó al periodista Alejandro Goldin. En julio, compañeros del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos fueron amenazados en la localidad de Eduardo Castex por un ex represor de la dictadura. En julio, integrantes de la Asamblea Popular de Villa Crespo sufrieron persecución y amenazas por parte de la Cría. 25ª de la PFA.

En agosto se sucedió una escalada de amenazas y atentados en Rosario. Eduardo Toniolli de HIJOS-Rosario sufrió un atentado en el que arrojaron una granada que no detonó rompiendo la vidriera de su negocio. Aparecieron pintadas contra el profesor Gustavo Brufman, víctima hace unos años de un atentado explosivo junto a Mariana Hernández Larguía, y denunciante en una causa contra un represor. A tres años de estos hechos no se conoce que hayan descubierto ningún responsable.

En octubre de 2003 el abogado peruano Ricardo Guzmán Cevallos sufrió un atentado xenófobo y racista por parte de integrantes de la Policía Federal en el barrio de Abasto. En ese mes, un grupo de derecha capitaneado por la diputada electa por el menemismo bonaerense Mirta Pérez intentó atacar al compañero Daniel A. Stragá a la salida de un programa televisivo donde polemizó con aquella. Por otro lado, una patota del PJ y de transas locales llevó adelante un violento desalojo de un comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz.

AÑO 2004
Éste fue probablemente el año con mayor persecución ideológica de la gestión K. y el año con mayor cantidad de presos políticos desde Alfonsín. También fue el año de la avanzada del “manodurismo” impulsado por el Juan Carlos Blumberg, instrumento de la derecha que se pronunció públicamente acusando a los organismos de derechos humanos de defender delincuentes, con el doble propósito de desprestigiar la lucha contra la violencia institucional y relegitimar a las fuerzas de seguridad. En ambos sentidos, su estrategia fue coincidente con la del gobierno, que hizo propias e impulsó legislativamente las medidas reaccionarias propuestas por el ingeniero.

Comenzó el año con la prédica del secretario general del Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani, que llamó a “matar a todos los piqueteros” en coincidencia con la decisión oficial de coartar aún más el derecho a manifestarse en la vía pública.

En mayo se conocieron los términos de la querella promovida contra el compañero Daniel A. Stragá de CORREPI por la diputada oficialista Mirta Pérez, causa que sigue abierta y camino al juicio oral.

A mediados de ese mismo mes, Juan López, trabajador del frigorífico Tango Meat, recibió un disparo de Ithaka efectuado por personal policial convocado por la patronal en el marco del conflicto gremial de la empresa.

En junio los fiscales platenses Romero y Heredia instruyeron a la policía bonaerense para fotografiar, identificar y detener a todos los piqueteros que cortaran calles utilizando capuchas y palos.

El 9 de julio, la agrupación oficialista Patria Libre y su brazo de desocupados apalearon a manifestantes que intentaban una protesta contra el presidente en la ciudad de Tucumán.

En julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de patotas del intendente Mariano West.

El 26 de agosto se sucedieron varias amenazas contra el movimiento de derechos humanos. Blumberg acusó a los organismos de ser defensores de delincuentes y se manifestó partidario de la pena de muerte.

En el mes de noviembre y en el marco del juicio contra los policías bonaerenses Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, jefe y lugarteniente del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, la familia Ríos fue amenazada por otros integrantes de la agencia Tres Ases, empresa de seguridad privada del primero.

En diciembre, mientras CORREPI y otras organizaciones sociales y políticas acampaban en Plaza de Mayo reclamando una “Navidad sin Presos Políticos”, varios de los manifestantes sufrieron amenazas de parte de la P.F.A.

AÑO 2005
Próximos a cumplirse 29 años del Golpe Militar, hubo una serie de amenazas y acciones intimidatorias contra militantes populares en la provincia del Neuquén, a las que no fueron ajenos ni el gobierno nacional ni el provincial de Sobich.

La esposa de un ceramista de la fábrica ex Zanón -hoy FaSinPat (Fábrica Sin Patrón)-, primero fue secuestrada en un Falcón verde, le cortaron la cara con un bisturí y en una segunda oportunidad fue golpeada y la quisieron asfixiar. En esos días, el gremio judicial recibió una esquela reivindicando a la dictadura del 76, enviando amenazas de muerte “si no se dejaban de joder con el gobierno neuquino”. El 14 de marzo volvieron a recibir amenazas la Defensora de Niños y Adolescentes, Dra. Nara Oses y la defensora adjunta Dra. Edith Galarza, ambas ligadas a la RED POR LA IDENTIDAD PATAGÓNICA (Neuquén-Cipolletti-General Roca-Lagos del Sur-Río Grande).

El sábado 28 de marzo, al abordar un colectivo en Villa Fiorito, Andrés Amado, militante de CORREPI, fue atacado por dos hombres que lo golpearon, le gatillaron en la cabeza y lo amenazaron diciendo que la próxima vez el arma estaría cargada. Otros integrantes de CORREPI sufrieron amenazas telefónicas e incursiones en sus domicilios en esa semana.

En los primeros días del mes de mayo la abogada salteña Mara Puntano fue amenazada por un jefe de la Gendarmería de apellido De la Colina. El 6 de junio el compañero Sergio Smietniansky de CORREPI encontró en la puerta de su estudio jurídico pintadas que decían “Zurdos = Judíos” y la consabida cruz svástica, atribuibles a grupos de neonazis ligados al PNOSP.

En el Barrio La Fe, Leonardo Santillán, hermano de Darío, fue agredido y amenazado por numerarios de la Cría. 6ª de Monte Chingolo.

El 20 de junio, en el acto en Rosario donde hablaría Kirchner, una manifestación que intentaba ir al lugar fue reprimida por la patota de Patria Libre y Barrios de Pie. Un periodista y un militante de la APDH de esa ciudad resultaron heridos.

Durante el mes de julio, Jorge Nicolai, sobreviviente de una de las tantas causas fraguadas por la Policía Federal de Aníbal Fernández, sufrió una serie de amenazas después de su aparición televisiva en el programa “La Liga”. Cerca de su casa en Florencio Varela fue interceptado por un automóvil, lo apuntaron y amenazaron de muerte. Para fin de ese mes recibió dos amenazas más. En las tres oportunidades los patoteros se refirieron a su denuncia contra la policía federal.

El 17 de agosto, el médico y colaborador de Liberpueblo Eduardo Marquesoni fue detenido en General Pico en ocasión de marchar contra el juez Julio Fernández. A mediados del mes de septiembre, en un barrio de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, una patota de empleados municipales encabezados por el senador provincial Traferri y la intendenta Mónica Quintana agredió físicamente a vecinos y militantes de derechos humanos. A mediados de ese mes, la UOCRA filial Chubut amenazó a los miembros de la Asamblea Popular de Esquel.

El 26 de septiembre el intendente marplatense Daniel Katz, en declaraciones radiales amenazó con prisión a todos aquellos que perturbaran la Cumbre de presidentes del mes de noviembre. Prometió mano dura contra los que hicieran pintadas contra Bush.

El 10 de octubre, mientras militantes del SIMECA aguardaban fuera de la comisaría 2ª de la PFA conocer la situación de tres compañeros detenidos en una movilización, algunos de sus referentes recibieron amenazas en sus handies y celulares de trabajo, provenientes de los aparatos que fueron secuestrados a los que estaban detenidos. El 23 del mismo mes, un militante del MTD Aníbal Verón de Morón fue detenido y golpeado por policías de las Crias. 2ª y 6ª de Morón.

El 30 de octubre ciento veinte familias que habían ocupado un predio desocupado en el Barrio San José de Almte. Brown, Pcia. de Buenos Aires fueron apaleados por una patota del municipio.

El 1 de noviembre, luego de una justificable reacción de los usuarios del ferrocarril Sarmiento en la Estación Haedo, el ministro del interior Aníbal Fernández ya encontraba culpables y amenazaba con consecuencias penales a la agrupación Quebracho y al Partido Obrero.

Para el mes de diciembre hubo una escalada intimidatoria en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Provincia, con ataques a los locales del SERPAJ, el PO y ATE Quilmes.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Yanzón de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció las amenazas de muerte a él y su grupo familiar de las que fue objeto apenas comenzado el día internacional de los derechos humanos.

Para finalizar el año deben computarse las amenazas contra militantes de los derechos humanos por parte del intendente Scott de la localidad santafesina de Venado Tuerto. Este personaje afirmó, ante el anuncio de un escrache promovido por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UADH, que iba a recibir a los manifestantes a los tiros de sus dos nuevas pistolas calibre 9mm.

AÑO 2006
Durante el año en curso se han incrementado las intimidaciones a militantes.

La noche del jueves 2 de febrero la compañera María del Carmen Verdú de CORREPI, en esos días abocada a la defensa del dirigente piquetero Ricardo “Chacho” Berrozpe, detenido en Mar del Plata luego de la movilización en repudio a la presencia de Bush, fue intimidada por varios individuos a bordo de un automóvil. La patente del auto resultó estar registrada en Mar del Plata. Luego de efectuada y ratificada la denuncia penal, aportando el dominio del automóvil, no hubo ninguna novedad judicial.

Pese a la cercanía casi omnipresente de la Sra. Barnes de Carlotto con el gobierno, en marzo de este año otra dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Antonia de Zegarra, denunció que “ni en plena dictadura” las amenazaron “tanto como lo han hecho ahora”, desde que apareció Sebastián, el nieto número 82, en febrero. Zegarra dijo que las amenazas son “constantes” y “anónimas” y se reciben en domicilios y oficinas del organismo. Desde la sede de las Abuelas ubicada en pleno centro de Mar del Plata se informó que los mensajes que se dejan en los contestadores telefónicos reivindican al desconocido Comando 24 de Marzo.

En la misma época, en Córdoba, Sonia Torres de 77 años, titular de la filial local de Abuelas, fue golpeada brutalmente por tres individuos armados, en un hecho al que los dirigentes de la agrupación calificaron como “un acto intimidatorio” que se suma a amenazas recibidas en los últimos días.

En el mismo contexto, en la ciudad de Rosario un mural pintado frente a la Escuela Industrial Superior en el 30 aniversario del golpe de estado, apareció dañado con cruces svásticas y vivas a Videla.

Dentro de este marco, deben destacarse situaciones explícitamente impulsadas por el propio gobierno, como las amenazas sufridas por el compañero Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después del 24 de marzo, que consistió en grabar en el contestador de su teléfono celular una reunión en la que había participado.

No puede olvidarse, en el marco de las presiones impuestas desde el gobierno en torno del 24 de marzo, la calificación de “izquierda siniestra” que pronunció el ministro Aníbal Fernández respecto de quienes no aceptaron compartir el palco oficial. En el mismo sentido, haciendo gala de su obsecuencia, el referente de la organización oficialista Patria Libre se dirigió amenazante a la compañera Adriana Calvo de AEDD para evitar que se leyera un documento crítico hacia el gobierno y, en un programa de radio, calificó a nuestra compañera María del Carmen Verdú como “desestabilizadora”.

En abril del año en curso, el Centro Olga Vázquez del Frente Darío Santillán fue atacado e incendiado por una organización abiertamente oficialista. El día 8 de abril, militantes del oficialista Movimiento Evita fueron atacados por policías de la Cría. 30ª en Barracas, dejando un saldo de varios heridos, entre ellos uno de gravedad.
Ese mes, la UOCRA Neuquén atacó a los maestros en lucha y la misma UOCRA, pero en San Luis, agredió violentamente una manifestación contra Rodríguez Saa. Un mes después, los obreros de la construcción reemplazaron a policías que estaban autoacuartelados y patrullaron las calles de San Luis capital y Villa Mercedes.

El 10 de mayo de 2006 el abogado Cristian Hendrickse, que representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en Chubut, fue notificado de una denuncia en su contra radicada por un vecino y que databa de casi dos años atrás. La denuncia tenía como propósito intimidar por la manifestación que se impulsaba por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de Gumersindo Vergara y otras acciones judiciales contra la policía chubutense patrocinadas por Hendrickse. En el mismo mes de mayo se conoció el hostigamiento judicial sufrido por la abogada de FIDELA María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de los presos de Haedo.

Finalmente, en Neuquén, durante la realización de una actividad político-cultural en Casa Marx en la madrugada del 9 de julio, fue golpeado y detenido el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Leopoldo Denaday mientras hacía ejercicio de su profesión.
CONTINÚA EN PARTE 2