INFORME DE SITUACIÓN 2003/2006 parte 2

PATOTAS:
El actual régimen acude de manera creciente a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud o perseverancia necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota.

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner se dieron una serie de conflictos en los que sindicatos u otras organizaciones controladas por el Partido Justicialista, llevaron adelante una agresión feroz y abierta contra luchadores populares, sin el más mínimo reparo en cuidar la imagen del gobierno, pues se pretende desvinculada del mismo.

Así fue como, frente a las repetidas movilizaciones de los estudiantes en oposición al intento de la asamblea del Consejo de la Universidad de Buenos Aires de nombrar a Atilio Alterini, represor de la dictadura, como decano de la Universidad, el sindicato de no docentes APUBA atacó a los estudiantes en la Facultad de Medicina, golpeando gravemente a uno de ellos que debió ser hospitalizado.

Del mismo modo en Neuquén, ante la perseverancia de las medidas de lucha llevadas adelante por los docentes, que cortaban la ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, patotas de la UOCRA los atacaron con piedras y palos hasta desalojarlos. Este hecho en particular fue acompañado por una campaña de propaganda llevada adelante por los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN) que distribuían volantes en la ruta con la inscripción “Queremos escuelas y rutas abiertas.” Este mismo grupo fue el que se encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de la misma localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo llamado del Consejo Provincial de Educación.

También se reprimen los conflictos laborales con el aporte de las agencias de seguridad privadas, quienes encarnando el rol policial, llegaron a retener dentro de los edificios a los trabajadores. Los empleados de Telefónica en Barracas se disponían a realizar una asamblea por la falta de pago de los salarios y la seguridad privada contratada por la patronal se encargó de impedir la entrada y salida de los trabajadores. En Crónica, los trabajadores en asamblea por despidos fueron atacados por “patovicas” contratados por la patronal, que hirieron a algunos de los trabajadores e impidieron la salida hacia un hospital y el ingreso de los médicos.

Los grupos paraestatales suelen ser los encargados de liberar las calles de manifestaciones opositoras. Como ocurrió un 9 de julio en Tucumán, en Rosario, durante una vista del presidente con el motivo de Día de la Bandera, organizaciones sociales promovieron una marcha de oposición. Barrios de Pie, organización de desocupados kirchnerista, atacó la movilización para impedir que se acercaran al lugar del acto, lesionando a varios manifestantes y a un periodista que se encontraba cubriendo la noticia.

Más recientemente, el 24 de marzo, las organizaciones oficialistas intentaron sabotear la lectura del documento que denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno.

DESALOJOS VIOLENTOS Y REPRESIÓN EN MANIFESTACIONES:
En los 37 meses de gobierno, desde mayo de 2003, hemos contabilizado 43 casos de represiones violentas, 22 de ellas destinadas al desalojo y desarticulación de medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores de distintos rubros, y las restantes 21 correspondientes a represiones a movilizaciones de desocupados, violentos desalojos de comunidades originarias con el fin de explotar las tierras que habitan, y razzias a barrios humildes tanto en la capital como en el interior del país.

Si bien los distintos hechos se distribuyen de manera bastante homogénea, la mayor parte de las represiones tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires y en el sur del país, donde se concentra la actividad petrolera con conflictos obreros reiterados y crecientes. La provincia de Santa Cruz, tierra natal del presidente donde se reiteraban las represiones cuando éste era Gobernador, es de las más recurrentes en la lista que conforman los ataques perpetuados por la policía a las organizaciones sociales en lo que va de su mandato presidencial.

AÑO 2003
21/09/03, Salta. Indígenas desalojados de sus tierras entre insultos y golpes. Se simulan fusilamientos. Veinticuatro personas fueron detenidas.
23/09/03, Ciudad de Buenos Aires. Unos 500 piqueteros de varias organizaciones son desalojados del Subte. Las fuerzas de seguridad los atacaron con golpes de bastones. 10 detenidos.
23/09/03, La Plata, Buenos Aires. La Corriente de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón fue reprimida con gases y balas de goma cuando exigían que se atendieran sus reclamos frente a edificios de la Provincia.
24/09/03, Neuquén. Los maestros que exigían mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo fueron desalojados por la represión.
Ese mismo día en la ciudad de Rosario, la policía santafesina reprimió una manifestación piquetera.
09/10/03, Jujuy. Libertador San Martín. 5.000 personas se movilizaron a la comisaría local, en la que cinco días antes había muerto en la tortura el joven militante de la Corriente Clasista y Combativa Cristian Ibáñez, de 20 años. Con refuerzos de la policía de San Salvador se desató la represión frente a la cual la gente respondió incendiando la comisaría. Los efectivos dispararon con balas de plomo. Fueron detenidos 30 manifestantes y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Un agente de civil disparó a quemarropa sobre Luis Marcelo Cuellar, militante de la misma corriente, primer muerto en una manifestación del gobierno de Néstor Kirchner.

29/10/03, Salta. La comunidad indígena Ava Guaraní fue desalojada de sus tierras. Fueron detenidos prácticamente todos los presentes, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas, todos sometidos a golpes y palazos.

25/11/03, Neuquén. La Policía local reprimió una manifestación de desocupados que repudiaba la medida del gobierno Provincial de suplantar el dinero de los planes sociales por bonos a ser canjeados sólo en ciertos negocios. La policía atacó con palos y gases. Luego comenzó a disparar con balas de plomo, apuntando a militantes populares. Pedro Alveal, joven del MTD de 20 años de edad que trabajaba hacía un año en la Cerámica Zanon, recibió 64 impactos de bala de goma y perdió el ojo izquierdo.

13/12/03, Santiago del Estero. La policía reprimió a dirigentes del MOCASE.

AÑO 2004
02/04/04, San Martín de Los Andes, Neuquén. La policía provincial procedió a desalojar brutalmente a una familia. Se generó un enfrentamiento en todo el barrio. Las fuerzas golpearon a los niños que llegaban del colegio.
05/04/04, San Miguel de Tucumán. Represión con gases lacrimógenos y balas de goma a los desocupados del MTR-CUBa.
26/05/04, Tucumán. El gobierno ordenó la represión sobre un grupo de desocupados que reclamaba bolsones de comida para los comedores de la zona.
29/05/04, San Luis. La policía desalojó a los maestros que habían tomado el edificio de la legislatura provincial. La caballería perseguía a padres y alumnos a golpes de machete y palos
30/08/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Farmacia Franco Inglesa que ocupaban el local en defensa de su fuente de trabajo fueron desalojados brutalmente por la Policía Federal.
14/08/04, Pigüé. Trabajadores de la Fábrica Gatic fueron desalojados por la policía bonaerense en plena asamblea.
18/10/04, Ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo. 300 obreros del frigorífico Yaguané fueron reprimidos por la Guardia de Infantería de la policía federal. Hubo siete heridos.
22/11/04, Tucumán, Banda de Río Salí. Obreros de FOTIA fueron reprimidos en el corte del puente Lucas Córdoba por la policía de Tucumán.
28/11/04, Catamarca, Tafí Viejo. Organizaciones barriales y de desocupados cortaban la ruta provincial 33 en reclamo de trabajo genuino, planes sociales y la construcción de dos guarderías. Por orden de la fiscal de instrucción III, Patricia Olmi, la Guardia de Infantería reprimió la manifestación. Hubo diez dirigentes detenidos y veinte heridos con balas de goma.
28/11/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Unión Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste en huelga fueron reprimidos con intervención de la seguridad privada y Policía Federal. Hubo doce detenidos.
05/12/04, Santa Cruz, Las Heras. Setenta trabajadores ingresaron al área de tanques de la firma Oil (subsidiaria de Repsol-YFP) de la localidad de Las Heras en reclamo de puestos de trabajo. La jueza Graciela Ruata de Leone ordenó el desalojo y mandó a la policía provincial desde Caleta Olivia. Hubo veinticinco detenidos. La trabajadora Karina Sauco perdió su embarazo debido a los golpes recibidos entre las piernas y en el vientre en una sesión de tortura aplicada por el Oficial Borquez en la comisaría de Las Heras, al grito de : “Qué bueno, llegó la represión a Las Heras, los vamos a matar a todos estos hijos de puta”.

AÑO 2005
03/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Movilización tras la Masacre de Cromañón reprimida por la policía, hubo ocho detenidos, luego imputados con causas penales.
6/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Una nueva movilización por la Masacre de Cromañón culminó con 35 detenidos, luego imputados con causas penales.
10/02/05, La Rioja. Trabajadores del ex Policlínico ADOS fueron desalojados violentamente por la policía provincial. En el acto en repudio al accionar del gobierno local la policía volvió a reprimir dejando varios heridos.
14/02/05, Ciudad de Buenos Aires. Desalojo violento a los artesanos de Plaza Francia, con dos detenidos.
28/02/05, Trelew, Chubut. Brigadas del GEOP irrumpieron en una barriada de la ciudad golpeando y amenazando a los vecinos. La portada de los periódicos locales mostró cómo un miembro de las fuerzas represivas apuntaba con su fusil a la cabeza de un niño de cinco años.
2/04/05, Salta Capital. Docentes instalaron una carpa en la Plaza 9 de Julio en forma de protesta contra el gobierno. Fueron reprimidos con gases, palos y balas de goma quedando como saldo decenas de docentes golpeados y dos diputados del Partido Obrero presos.
24/04/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de LAFSA que se oponían a la privatización tomaron el Aeroparque Jorge Newbery y bloquearon las boleterías. Fueron desalojados por la policía con balas de goma y palazos. Hubo varios trabajadores encarcelados.
31/05/05, Neuquén Capital. La policía reprimió a los trabajadores de la educación que acampaban frente a la casa de gobierno. Hubo varios heridos por las balas de goma y afectados por los gases lacrimógenos.
02/07/05, Santa Cruz. Delegados de ATE fueron detenidos con la acusación de coacción y trasladados a los extremos territoriales de la provincia. Al mismo tiempo, delegados de ATE de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron panfletos en el interior de la Casa Rosada y dos sindicalistas fueron detenidos por desobediencia.
20/07/05, Santa Cruz, Cañadón Seco. Gendarmería y Policía Provincial desalojaron violentamente a trabajadores que ocuparon una planta petrolera. Hubo más de cincuenta detenidos. 500 agentes iniciaron la represión con gases lacrimógenos, palos y balas de goma. La represión continuó contra los familiares y amigos de los detenidos que reclamaban por su libertad. Frente a la comisaría 3ª de Caleta Olivia, el GEOP llegado especialmente desde Río Gallegos, apaleó a la gente.
18/08/05, Pico Truncado, Santa Cruz. Medio centenar de desocupados venían reclamando frente a las instalaciones de Repsol-YPF desde hacía 9 días capacitación y trabajo. La jueza Ruata de Leone ordenó la represión. Se encarceló a 19 trabajadores desocupados, desatándose una cacería sobre familiares y manifestantes en diferentes lugares del poblado, que fueron perseguidos durante casi 6 horas.
25/08/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores desocupados y organizaciones populares ingresaron a La Rural a presentar un petitorio. Cuando salían, escucharon al comisario gritar “Vamos a trabajar” y de inmediato los efectivos a su cargo realizaron una pinza, los encerraron, y se descargaron palos, culatazos de itaka y gases lacrimógenos, en una típica formación de “puentecito chino”, que se vio por TV. Hubo 20 heridos, entre ellos mujeres, algunas embarazadas y niños, en ciertos casos con lesiones graves y 15 detenidos, tres menores de edad, todos imputados por atentado y resistencia a la autoridad, daño, lesiones y violación de domicilio.
26/08/05, Ciudad de Buenos Aires. A tres años y tres meses de la masacre del Puente Pueyrredón, un operativo multifuerza descomunal cortó el tránsito desde la mañana. Las organizaciones sociales trasladaron el acto a Plaza de Mayo. El operativo se desplazó y no permitió el ingreso a la Plaza. Fue el primero de tres viernes consecutivos en que las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a la Plaza de Mayo. Las barreras policiales estaban compuestas por un millar de efectivos, 3 hidrantes, 4 autobombas, 16 carros de asalto, 3 traslados de detenidos, 1 camioneta patrullera, 9 patrulleros, 5 móviles no identificables, 3 colectivos, 1 ómnibus, 1 cuatriciclo, 12 motos del C.P.T., 4 motos de combate (es decir, más de 60 vehículos confirmados y muchos más probables).
14/09/05, Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Un grupo de 15 matones aproximadamente, comandados por los gerentes de la empresa y la Policía de General Pacheco, atacó violentamente (con palos, piedras, ladrillos, agua) a 10 trabajadores del Frigorífico Tango Meat. Cuando los matones se retiraban de la planta, un móvil de la Comisaría de General Pacheco (camioneta 10222, chapa EMB 229) intentó atropellar a varios trabajadores que estaban en la vereda.
14/09/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de FOETRA intentaron realizar una asamblea en la Avenida de Mayo por un conflicto sindical. La Policía Federal los desalojó a los golpes. Un telefónico recibió palazos en la cabeza y una pierna, debiendo ser internado en el Hospital Ramos Mejía.
14/09/05, Salta, General Mosconi. Trabajadores se habían concentrado frente a las oficinas de Contreras Hnos. La policía reprimió con palos, gases y hasta disparos de armas de fuego, con postas de plomo. Un herido ingresó al Hospital de Tartagal con diagnóstico de convulsión cerebral, víctima de los palazos. Hubo ocho detenidos.
01/10/05, Tierra del Fuego. La policía ingresó en la Subsecretaría de Trabajo de Río Grande arrojando gases lacrimógenos. Varios dirigentes del SUTEF (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguinos) fueron detenidos. Como consecuencia de la acción represiva, cinco docentes resultaron heridos.
02/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a los trabajadores motoqueros y cadetes, agrupados en el sindicato SIMECA. Tres trabajadores fueron detenidos y golpeados por personal de la Comisaría 2ª. Los tres detenidos terminaron con sus cabezas suturadas e imputados en una causa penal.
20/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a la huelga de los trabajadores del Subte. 200 miembros de la Policía Federal ejecutaron la represión. El operativo incluía 8 carros de asalto, colectivos oficiales y no identificables para traslado de detenidos, 8 patrulleros de diferentes comisarías, varios motociclistas, una autobomba.
26/11/05, Río Negro, Bariloche. Grupos de choque de la policía local, en conjunto con otras fuerzas de seguridad como Gendarmería, recorrieron las barriadas realizando razzias, irrumpiendo en las casas, golpeando especialmente a los jóvenes, revisando a los alumnos a la entrada de las escuelas.

AÑO 2006
09/01/06 Chaco, Resistencia. Doscientas familias humildes fueron desalojadas de un plan de viviendas sociales nunca adjudicadas. La policía reprimió junto a efectivos de Infantería, Caballería y Comando de Operaciones Especiales. Hubo 40 detenidos y decenas de heridos, entre mujeres, ancianos, niños y periodistas. Germán Pomar, fotógrafo del diario Norte, de Resistencia, y colaborador de TELAM, recibió 12 impactos de perdigones en una pierna.
29/01/06, Neuquén. La Confederación Mapuche Neuquina fue desalojada del Consejo Deliberante por un dispositivo de policías con escudos y escopetas impactándolos con balines a quemarropa y regando gas lacrimógeno en el lugar.
01/02/06, Chascomús, Buenos Aires. Trabajadores de la ex Gándara, hoy Parmalat, cortaron la Ruta Nacional 2 que conduce a Mar del Plata. Menos de tres horas después eran violentamente reprimidos por personal policial bonaerense, con gases y disparos de postas de goma.
26/05/06, Tucumán. Diferentes organizaciones sociales y de desocupados se congregaron en la Plaza de la Independencia de la capital. Fueron atacados por la policía con palos y gases. Una mujer de 70 años, Rosario Elsa Rodríguez, fue arrojada al suelo, donde la patearon y apuntaron con armas. Hubo 5 detenidos, entre ellos una niña, Daniela Díaz, de 13 años.
28/05/06, Mendoza. Sesenta estudiantes secundarios fueron detenidos frente a la Casa de Gobierno en el marco de una represión que consistió también en una especie de cacería por parte de policías de civil. Todos menores de edad, fueron llevados a la Comisaría del Menor y fueron entregados a sus padres durante la tarde. Cinco de ellos estaban lesionados.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y CONFLICTOS SOCIALES

AÑO 2003
Una de las primeras declaraciones públicas del presidente fue su compromiso reiterado de no reprimir los conflictos sociales. Sin embargo, a poco del inicio de su gestión el dirigente Adolfo “Fito” Molodezky del MTL del Chaco fue condenado por el delito de daño a un patrullero provincial.

Las marchas, cortes de ruta y puentes pidiendo justicia por los asesinatos y exigiendo trabajo genuino eran moneda corriente en ese tiempo. Poniendo a prueba el discurso de que no se criminalizaría la protesta social, CORREPI, junto a otras 40 organizaciones, presentó un proyecto de ley de amnistía a los luchadores sociales que fue cajoneado después que el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde anunciara la creación de una comisión de notables juristas para estudiar el tema y elevar un proyecto.

Mientras repetía la misma consigna, el gobierno, por medio del ministro de interior Aníbal Fernández, empezó a advertir que ellos no reprimirían, pero actuarían con “el Código penal en la mano”. Al mismo tiempo que se anunció la creación de una “brigada anti-piquetera”.
Para los primeros días de agosto se reactivaron diversas causas entre las que se puede destacar una por entorpecimiento del tránsito en el Polo Petroquímico de Dock Sud de febrero de 2002, otra contra Rubén Sobrero de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y una tercera contra el ceramista Raúl Godoy.

El 23 de octubre de 2003 se realizó una manifestación en la puerta del ministerio de trabajo donde los manifestantes pedían la revisión de los planes sociales caídos. El piquete se dilató hasta las 4 de la mañana por la sucesión de reuniones de funcionarios menores con los referentes sociales. Al día siguiente el ministro Tomada denunció a los manifestantes de “privación ilegitima de la libertad”.

Se realizaron marchas multitudinarias contra la criminalización de la protesta. El gobierno tuvo que retroceder momentáneamente, y decidió convocar a grupos piqueteros afines a formar parte de su gabinete, con el objetivo de demostrar a la opinión pública una política de “entendimiento y pluralismo”. El mismo Aníbal Fernández desmintió el anuncio de creación de las “brigadas anti-piqueteras”, que poco después veríamos en acción denominadas “paleros” (DOUCAD).

A mediados de noviembre se realizaron en la plaza Congreso varias manifestaciones exigiendo la amnistía de los luchadores populares procesados, estimados en 4000 compañeros. El Ministro del Interior intentó desacreditar las manifestaciones alegando que tenían “contenido ideológico”.

El 25 de noviembre, en Neuquén, se realizó una manifestación piquetera contra la modificación del sistema de planes sociales y su pago con tarjeta de debito, la que fue reprimida ferozmente, dejando como saldo nueve heridos con balas de plomo, de los cuales siete eran dirigentes reconocidos. El gobierno habló por boca de Aníbal Fernández “…no vamos a reprimirlos, pero tienen que desaparecer”. También hizo declaraciones Eduardo Duhalde: “Ante cierto tipo de delitos, el Estado tiene que poner en marcha la actitud represiva”. Ese mismo mes la justicia penal procesó a cuatro asambleístas de Villa Crespo.

El 2 de diciembre, en Mosconi, Salta, hubo una protesta contra la detención del referente de la UTD, Pepino Fernández. Apenas la policía concretó la orden judicial, la protesta logró su liberación luego de una jornada violenta. A la madrugada detuvieron a 10 miembros de la UTD, acusados de robo, incendio, amenazas e instigación a cometer delitos. La denuncia fue presentada por el abogado de la empresa Tecpetrol, Antonio Restom, quien es el actual representante de la gobernación en Tartagal. Los detenidos fueron Oscar Ruiz, Rubén Sedan, Carlos Cabral, Hugo Carabajal, Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Víctor Chananpa, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia.

AÑO 2004
El Presidente Kirchner inició el año declarando “No vamos a criminalizar, pero hay que poner límites a la protesta”. Sin embargo, siguieron reactivándose causas antiguas, como ocurrió en abril cuando la sala III de la Cámara de Casación retomó una causa de diciembre de 2001 iniciada cuando nueve maquinistas hicieron un piquete en las vías del tren durante 40 minutos. Habían sido detenidos y llevados a juicio, la cámara de apelaciones de San Martín los sobreseyó, pero casi 2 años y medio después la Cámara de Casación anuló ese fallo.

En junio el Fiscal de la Plata Marcelo Romero instruyó a la policía bonaerense para que identificara a los desocupados que marcharan con la cara tapada o con palos, y que promovieran denuncias por intimidación pública. Argumentó que en su jurisdicción no se cometerían “delitos disfrazados de conflicto social”.

A comienzos de julio el abogado defensor del torturador ex comisario Etchecolatz hizo una presentación judicial en la que reprochaba al gobierno, a la policía y a los jueces la tolerancia en el accionar de los grupos de “encapuchados y armados con palos” que tiempo atrás habían hecho un escrache en su casa, culpando al gobierno de “abandono consciente y deliberado de no cumplir con las tareas de prevención” Los Fiscales Comparatore y Evers tomaron una serie de medidas que incluían pedidos al juez Urso para que acumulara “toda la legislación vigente que obligue a los funcionarios del Poder Ejecutivo a tomar medidas preventivas de control del orden público relacionadas con la actividad habitual que desarrollan” los grupos piqueteros, pidiendo aparte datos sobre “cuáles son los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan actividades en la ciudad de Buenos Aires, detallando su denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social por parte del gobierno nacional”.

El gobierno mandó a sus “empleados” a preparar el terreno. En un reportaje el funcionario ex piquetero D’Elía dijo: “Rechazamos los métodos violentos y la obstaculización del tránsito y el corte de ruta como forma sistemática de impulsar los justos reclamos populares.”

El 9 de julio el presidente iba a participar de un acto en Tucumán junto al gobernador Alperovich. Cerca del palco había grupos piqueteros opositores a Kirchner a los que la organización oficialista Barrios de Pie apedreó y apaleó. El acto fue suspendido.

El 16 de julio, frente a la Legislatura porteña donde se votaba la reforma al código contravencional, se realizó una protesta que fue fuertemente reprimida. Dos integrantes de Ammar Capital y 13 vendedores ambulantes fueron presos, acusados de graves delitos. Fueron excarcelados el 8 de septiembre de 2005. Procesados como autores de los delitos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños, en octubre de 2006 se celebrará el juicio contra Marcela Sanagua, Margarita Meira, María del Carmen Infrán, Antonio Medina, Eduardo Ruiz, Jorge Nieva, Eduardo Suriano, Fabián Scaramella, Carlos Santamaría, Horacio Ojeda, Jesús Calderón, Adolfo Sánchez, Pablo Amitrano, Héctor Gómez y César Gerez.

El 4 de agosto se realizó una multitudinaria marcha para pedir por la libertad de los 15 detenidos por los hechos de la legislatura. El gobierno dispuso 1500 efectivos para vigilar de cerca la manifestación.

El 25 de Agosto detuvieron a Raúl Castells acusándolo de extorsionar al Casino de Resistencia, Chaco.

El 31 de agosto, en el marco de la visita del titular del FMI Rodrigo Rato, varias organizaciones realizaron un escrache frente al ministerio de economía. El accionar policial desató una brutal represión dejando un saldo de 102 personas apresadas. Noventa y cuatro de ellos fueron liberados esa misma noche sin imputación alguna, demostrando lo arbitrario de la detención. Los ocho detenidos fueron procesados por graves delitos y trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Todos eran militantes de la CTD Anibal Verón, el MTR CUBa y la FTC Nacional. El juez usó como elemento de prueba informes de “inteligencia” aportados por la policía federal. El 3 de septiembre se reactivó una vieja causa contra Gustavo Franquet por un corte de ruta del año 2003, por “interrupción de transito” y Fernando Esteche fue imputado por la manifestación de Rato por “incitación a la violencia organizada”. El 2 de diciembre de 2004 los detenidos recuperaron su libertad pero continúan procesados.

El 4 de octubre trabajadores desocupados volvieron a cortar la ruta 3 y a ocupar las instalaciones de Termap en Caleta Olivia, Santa Cruz, pidiendo trabajo genuino. La justicia ordenó a gendarmería reprimir, dejando un saldo de 36 detenidos que denunciaron torturas. Treinta de ellos recuperaron su libertad relativamente rápido. Marcela Constancio, Elsa Orozco, Selva Sánchez, Jorge Mansilla, Mauricio Perancho y Hugo Iglesias permanecieron detenidos varios meses por los cargos de usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica.

El 8 de octubre la justicia de Bahía Blanca reactivó un proceso contra 52 manifestantes que en 2002 bloquearon la entrada de una petrolera pidiendo trabajo genuino.

El viernes 15 de octubre detuvieron a cinco integrantes del SIMECA (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes) en el marco de un reclamo gremial, imputándoles amenazas coactivas y violación de domicilio.

AÑO 2005
Ante una protesta piquetera realizada en mayo frente a la sede central de Repsol YPF donde se pedía la rebaja del valor de la garrafa y se encendieron gomas en la puerta del edificio, el Fiscal Stornelli y el Juez Galeano pidieron a la Policía Federal que llevara a cabo tareas de inteligencia sobre grupos piqueteros y ordenaron la captura de tres integrantes del MTR solicitando investigar la inacción de los policías.

El 20 de julio fue reprimida una manifestación en Cañadón Seco, Santa Cruz, donde más de 200 trabajadores reclamaban puestos de trabajo en la planta Deshidratadora de Petróleo, perteneciente a Repsol YPF. Fueron violentamente desalojados, dejando 60 detenidos. Todavía permanece preso Cristian Ruiz.

El 25 de agosto, un total de 16 piqueteros resultaron detenidos, acusados de “daños, lesiones, violación de domicilio y resistencia a la autoridad”, durante una protesta que realizaban frente a la Sociedad Rural en reclamo de “trabajo y salarios”. De esta protesta participaron integrantes del Frente Unido de Trabajadores Ocupados y Desocupados (FUTRADEyO), de la unión de changarines, trabajadores y desocupados UTDOCH, del Movimiento 26 de junio, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Quilmes y de los grupos La Llama y El Mortero del gremio de Comercio.

El 1 de noviembre se produjo una pueblada en la estación de trenes de Haedo de la línea Sarmiento, originada en las inhumanas condiciones del servicio de TBA, que venían siendo motivo de protesta en reiteradas ocasiones. La represión policial dejó cientos de detenidos de los cuales 84 fueron imputados del delito de incendio intencional y robo a mano armada, dictándose la prisión preventiva a siete personas de entre 19 y 30 años. Luego de varios meses presos, fueron excarcelados todos, menos Roberto Cantero.

En los primeros días de noviembre detuvieron a tres hombres y una mujer, todos ellos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), mientras que otras once órdenes de captura habían sido libradas por el juez Oscar Juárez.

El 4 de noviembre, en el marco de la Cumbre de las Américas, distintas organizaciones sociales y políticas se manifestaron contra la presencia del genocida presidente norteamericano George W. Bush en nuestro país. El gobierno pro-imperialista de Kirchner desató una feroz persecución a los manifestantes dejando una decena de detenidos en la ciudad de Buenos Aires y casi un centenar en Mar del Plata. Todos fueron liberados en las horas siguientes, y los de la ciudad de Buenos Aires siguen procesados. El 14 de diciembre, en la causa de Mar del Plata, fue detenido el dirigente del MTR-CUBa Ricardo “Chacho” Berrozpe, acusado de incitación a la violencia colectiva y participación en la fabricación de artefactos explosivos peligrosos para la seguridad común. Luego de siete meses con prisión domiciliaria, el 10 de julio recuperó la libertad al ser excarcelado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que tuvo que admitir que para detenerlo el juez federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos fraguó una falsa situación de profugación.

AÑO 2006
El 6 de febrero, en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz), tras el reclamo de trabajadores petroleros por el encuadramiento sindical, aumento de salarios y reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores, fue detenido el referente del sindicato mientras estaba en una estación de radio local. La comunidad reaccionó con una pueblada frente a la comisaría, que logró la libertad del dirigente detenido. A raíz de la muerte de un policía durante la protesta, comenzó una cacería ordenada por la jueza kirchnerista Ruata de Leone al personal de gendarmería. Más de veinte detenidos en ilegales y violentos allanamientos denunciaron haber sido torturados, entre ellos un menor de 14 años. En la actualidad ocho trabajadores continúan presos y la ciudad de Las Heras sigue militarizada.

A mediados de marzo, en la localidad de San Vicente, Misiones, tres mil pequeños productores agropecuarios reclamaban el pago atrasado de un subsidio. Como consecuencia de la pueblada se dispuso la detención de cinco de los manifestantes acusados de coacción agravada.

Estos son algunos de los casos de los miles de luchadores populares presos y procesados que ha tenido el gobierno de Kirchner, superando el record de presos políticos de todos los gobiernos “democráticos” desde 1983, además del agravamiento en las calificaciones a la hora de los procesamientos.

LAS HERAS, ESPEJO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL RÉGIMEN KIRCHNERISTA.
Cuarenta y dos trabajadores de la empresa INDUS fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga. Las medidas de lucha llevadas adelante concluyeron con la detención de un referente sindical, lo que levantó la pueblada que fue a reclamar su libertad a la comisaría. Allí fueron recibidos con un operativo policial que inició la represión generando un enfrentamiento en el que resultó muerto el policía Sayago. El fundamento de la UOCRA para dejarlos aislados fue “haber participado en la rebelión”.

El 24 de febrero de este año, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, hubo un nuevo paso de los gobiernos provincial y nacional en la persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas, se allanaron casas, golpeando y torturando vecinos y trabajadores. En pocos días se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero.

Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación, cuyo estandarte fue el periodista Van Der Koy del grupo Clarín clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, siempre defendiendo los intereses empresarios, impulsó una parodia de “investigación judicial” cuyo único fin es condenar la lucha obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurrió a días de la escandalosa reforma del consejo de la magistratura que puso en evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó personalmente a través de la mencionada jueza los operativos, dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la misma jueza que ordenó la represión en noviembre de 2004, y toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.

El gobierno nacional, además de responder a las demandas populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a operadores políticos que reportan directamente a Aníbal Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.

En su momento junto a un conjunto de organizaciones a través del comité de apoyo, dijimos que en el marco de “esta campaña de persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo”.

Fueron parte de la metodología represiva las detenciones ilegales, torturas, allanamientos ilegales, rechazos a presentaciones judiciales, ilegalidad en la investigación, etc.

Pese al silencio de los medios de comunicación, se supo de todas maneras que para detener a Darío Catrihuala levantaron primero a su padre, a su cuñado y a su hermano, es decir, a todos los hombres de la familia. En especial su hermano sufrió una descomunal paliza. Se supo que otro de los detenidos, Ramón Cortés, había denunciado días antes ante la propia jueza Ruata haber sido secuestrado y torturado para que “cantara” quiénes participaron de la pueblada del 7 de febrero. Al niño de 14 años, detenido aunque fuera inimputable, lo tuvieron que liberar después que los vecinos, acompañando a la familia, hicieran varias marchas e irrumpieran en el consejo deliberante local. Hasta la viuda del policía Sayago, que por otra parte expresa los reclamos habituales de la familia policial, admitió que hubo “abusos” de parte de la policía al proceder a las detenciones.

Los presos fueron distribuidos en lugares alejados, impidiendo todo contacto con sus compañeros, familiares, o abogados. A pesar del secreto absoluto en que se manejó semejante “recta administración de justicia”, se supo en su momento de la imputación de “homicidio calificado”, en concurso con otros graves delitos, como lo común a todos los detenidos. Esa calificación masificada habla por sí misma de la discrecionalidad con que actuó la jueza que en su juventud compartiera el aula con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Como denunciaron familiares de los detenidos, trabajadores y ciudadanos: Las Heras militarizada, teléfonos celulares sin señal y cortado el servicio de Internet.

La Corte Suprema de la Nación rechazó el Habeas Corpus que varias organizaciones, entre ellas CORREPI, presentaron en beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras por la jueza Graciela Ruata de Leone. Se insistió con una nueva presentación, exigiendo poner fin a la “gravísima situación de indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza (…) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo privadas de su libertad con afectación de su integridad física a veinte personas, además de haber generado en la zona una situación de verdadera suspensión de facto de todas las garantías y derechos constitucionales”.

El escrito, firmado por representantes de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional); APEL (Asociación Profesionales en Lucha); CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), LIBERPUEBLO, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y MTL (Movimiento Territorial Liberación), denunció que las personas detenidas, arbitrariamente seleccionadas entre el casi millar de manifestantes que la noche del 6 al 7 de febrero pasado reclamaron la liberación de un referente sindical detenido en la alcaidía policial de Las Heras, estaban siendo indagadas con una descripción de los hechos genérica e imprecisa, sin indicar la conducta específica que se imputaba a cada una. Textualmente, se reprochaba a cada compareciente que “habría estado presente en el lugar”, lo que impide materialmente ejercer el derecho de defensa en juicio.

Hubo personas citadas en carácter de “testigos” a los que luego ubicaron en una ronda de reconocimiento, para que alguien los señale y los incrimine. Hubo detenciones producidas por una comisión policial de operaciones especiales, irrumpiendo violentamente en una asamblea que estaban llevando a cabo los trabajadores de la petrolera Indus. El operativo fue encabezado por el titular de la Cría. 1ª, sin exhibir ninguna orden de detención, como tampoco su identificación.

Tan manifiesta es la ilegalidad de la investigación, y tan comprobadas las denuncias de torturas, que hasta el presidente Kirchner tuvo que admitirlas como verdaderas, aunque como los militares en su momento, haya calificado lo actuado por su jueza, su policía y su gendarmería de “excesos”, y respecto de las ilegales detenciones de los represaliados de Las Heras sólo se habló de “abusos”. El propio K, que mandó a Hebe de Bonafini como emisaria para mediar entre las petroleras y el gobierno santacruceño por un lado y el pueblo por el otro, recogió el guante de los llamados “excesos”, y la jueza, a partir de allí, dándole la razón, procesó a 12 policías por haber “apremiado ilegalmente” durante las detenciones de los trabajadores patagónicos. Otra vez la utilización de una figura penal que encubre la tortura y garantiza penas menores, excarcelables, evitando aplicar el tipo de tormento, que implica coacción institucional, es decir aplicar suplicios con el fin de que los torturados “canten”, es decir, se auto incriminen o acusen a otros.

Sobre el elemental principio del “fruto del árbol envenenado” la causa contra los trabajadores deviene totalmente nula, ya que es evidente, por el propio procesamiento de los policías, que obtuvieron pruebas supuestamente incriminatorias a través de la tortura, y la que estaba al frente del proceso era la magistrada, empleada del poder kirchnerista.

Esos procesamientos se inscriben en el intento de disimular ese carácter, porque aun disfrazada de “apremios” tuvieron que admitir que la tortura fue el método usado para implementar el terror frente a la rebelión popular. El 9 de junio, la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, con voto del juez Miguel Ángel Meyer, liberó a dos detenidos y rectificó el procesamiento con prisión preventiva a los otros seis imputados; Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao, Juan Domingo Bilbao y José Enrique Rosales.

Un montaje sobre una investigación ilegal, que no hace más que mostrar una vez más que el presidente Kirchner se propone responder con represión a los levantamientos populares que son resultado de este sistema de hambre y represión.