LA AVANZADA REPRESIVA

La información periodística podría resumirse así: El Secretario de Seguridad de la Nación, Dr. Mathov, fue abucheado durante el entierro de dos policías asesinados en un asalto en el barrio de Once. Luego de considerar necesario explicar que él no es es “zurdo” ni “erpio”, Mathov anunció la exhumación de un viejo proyecto del hoy presidente De La Rua para reformar el código procesal penal dando más facultades a la policía. Como “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, “los operativos fracasan porque los policías no pueden interrogar a los sospechosos en el lugar de la detención”, y “muchos delincuentes quedan impunes porque no se permite la requisa personal y de vehículos basada en el instinto policial”, hoy los diputados de la Nación van a votar la concesión a la Federal de esas “necesarias herramientas para combatir la creciente criminalidad”.
Al mismo tiempo, como postal de viejos tiempos, los genocidas Galtieri, Harguindeguy y Menéndez se lucieron junto al presidente en el acto del Día del Ejército. “Las invitaciones las hace el ejército con amplitud”, justificó el Dr. De La Rua, sin hacer públicos los motivos por los que él, que se llena la boca hablando de democracia, permaneció al frente de un acto público con semejante compañía. Finalmente, reverdecen en la legislatura de la Ciudad los intentos de reimplantar las figuras contravencionales del “acecho” y el “merodeo”.
El aumento de facultades policiales forma parte de la única respuesta del sistema a la exclusión y la marginación social, replicando la miseria con mayor aparato penal y policial. Todos los sectores en pugna en el congreso nacional –sean “garantistas” o autoritarios en forma más o menos expresa- pertenecen y trabajan por el mantenimiento y profundización de un mismo sistema político, económico y social, cuyo beneficiario nunca será –nunca podría ser- el pueblo. Por eso las protestas de unos y los reproches de otros son simplemente una disputa interna del régimen por una mayor cuota de poder en términos electorales, condicionados siempre por la ecuación gobernabilidad-legitimación y la necesidad de obtener consenso para sus políticas.
CORREPI viene señalando hace diez años que los hechos de represión policial como los homicidios de gatillo fácil, las torturas, las desapariciones o las detenciones arbitrarias, que impulsaron nuestra constitución como organización antirrepresiva, no son “errores, abusos o excesos” que pueden corregirse con una legislación un poco más garantista o expulsando algún impresentable de las fuerzas de seguridad. Si así fuera, los más de 400 años de prisión que sumadas representan las condenas que con nuestro patrocinio se han impuesto a policías asesinos y torturadores en estos años, mostrarían un indefectible avance de la libertad frente al autoritarismo. Sabemos que no es así, y por eso hemos caracterizado siempre la pelea en los Tribunales como parte necesaria, pero no la más importante, de una lucha coherente y sostenida confrontando al sistema represor.
Entre las medidas represivas que los diputados seguramente aprobarán se destaca la ampliación de facultades policiales. Debería decirse “legalización”, porque el único efecto real de la reforma será que la Federal, que siempre hizo lo que quiso con la población más desprotegida, ahora pueda seguir haciéndolo con el Código Procesal dando validez legal a sus actos.
Todos quedaremos a merced del conocido “olfato” policial, y todos (no los sectores dominantes, por supuesto) sucumbirán bajo el estado de sospecha legalizado por los legisladores.
Es necesario que los segmentos populares sientan la “presencia policial”, se “acostumbren” a su metodología de represión y ni se les ocurra resistir los ajustes y las injusticias, y que las capas medias aterrorizadas por la “ola de inseguridad” vean a “su” policía en acción, “al servicio de la comunidad”, reprimiendo pobres, jóvenes y morochos –los sospechosos de siempre.
Los autores y votantes de esta reforma serán responsables de la proliferación de privaciones ilegales de libertad, vejaciones, abusos de autoridad y sobre todo de gatillo fácil –que por cierto, nunca se fue.
La posibilidad de “recoger del presunto imputado indicaciones e informaciones útiles a los fines de la investigación” es la institucionalización de la tolerancia a la tortura.
Es ingenua la explicación de que sólo pueden ser extraídas esas informaciones en el lugar del hecho o en sus inmediaciones. La experiencia indica que las falsedades de las actas policiales son la constante, y las inmediaciones pueden ser hasta “aguantaderos” policiales para que las torturas no sean delante de otros presos que los pueden denunciar. En este sentido, el sistema también se retrotrae a la dictadura militar, donde los acusados siempre “espontáneamente” brindaban informaciones útiles para la instrucción policial, práctica que tampoco desapareció después de 1983.
Es falso que sea necesario que el policía pueda interrogar al sospechoso en el lugar de detención para poder actuar de inmediato si el individuo quiere decir algo útil. “Interrogar” significa preguntar, y siendo el interrogador policía, también quiere decir presionar. Nada impide, aun sin reforma, que si un detenido dice espontáneamente (de verdad) dónde está el botín, o dónde tiró el arma, el policía vaya a fijarse, y luego labre un acta diciendo que se enteró porque escuchó lo que dijo tal persona.
Pero si centenares de causas deben declararse nulas porque aun con testigos civiles de los operativos se prueba que se fraguaron pruebas, ¿qué podemos esperar si ni siquiera se tienen que molestar en buscar testigos?
La misma reflexión vale para el inefable “instinto policial” que permitiría, según sus defensores, distinguir “hombres de bien” (y de bienes) de criminales actuales o potenciales. La subjetividad plena del concepto de “actitud sospechosa” o de “indicios vehementes de criminalidad” impide que ese sea el rasero por el cual se decide a quién se requisa y a quién no. Los atildados señores disfrazados de empleados telefónicos que torturaron el 25 de mayo a la hija de Hebe de Bonafini en su propia casa no despertaron sospecha alguna en los policías de la comisaría a sólo 3 cuadras del lugar, mientras que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de las Madres seguramente responde al imaginario policial de “sospechoso”.
Con o sin reforma, la lógica interna del sistema será siempre la misma. Para la policía, para los jueces, para los legisladores (aún los “progresistas” o “democráticos”), hay ciudadanos (vecinos, como les gusta decir ahora) y sospechosos. Unos son blancos, ricos y propietarios, y los otros son pobres, negros y desposeídos.
Los segundos son la amenaza del bienestar ciudadano de los primeros, y hay que tener herramientas para controlarlos.