La judicialización del conflicto social

Luchas populares – causas judiciales
Escribir sobre la judicialización del conflicto social no es nada original y denunciar su existencia como una práctica habitual del poder contra de quienes reclaman cambios sociales no resulta tampoco novedoso. Desde el principio de la historia humana la clase dominante se ha valido del poder judicial para castigar a toda aquel que pretendiera cambiar el estado de las realciones sociales vigentes en determinado período histórico. En definitiva, el rol del aparato judicial y las doctrinas jurídicas no es otro que vestir de legal la desigualdad social.
Algunos lo han descubierto recientemente, pero la judicialización de la protesta social no es un fenómeno reciente en Argentina. Los antecedentes jurídicos nos demuestran que en décadas pasadas se han legislado delitos específicos a fin de poder penar judicialmente las protestas sociales, así como desde la administración de la justicia se desfiguran las descripciones de los tipos existentes para que ajusten a las conductas que se desea penalizar.
Podríamos decir que, ante el aumento de las luchas sociales y a fin de justificar la represión sistemática, el sistema va elaborando las nuevas leyes y jurisprudencia que le permiten ilegalizar las luchas y consecuentemente intentar detener a los luchadores.
Las nuevas formas de lucha que encaran los sectores populares hacen que se haga necesario, para el sistema, inventar “nuevos delitos” mediante la redacción de nuevas leyes o en su defecto “descubrir nuevos delitos” forzando interpretaciones que, a veces, los mismos fiscales y jueces no pueden sostener con una mínima seriedad jurídica ante sus propios pares.
Así, por ejemplo, en agosto de 2001 el Fiscal Leandro Heredia (Fiscalía nº 1 de La Plata) detuvo a 59 personas acusándolas de coaccionar al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a raíz de una movilización del Movimiento Teresa Rodríguez que reclamaba el pago de los planes de trabajo adeudados por la Provincia. El Fiscal salió orgulloso en los medios adjudicándose el mérito de poner fin a este tipo de hechos y de establecer límites claros a los “inadaptados” del Teresa Rodríguez, actitud que desde el silencio fue avalada por el Juez de Garantías del Juzgado nº 1 de La Plata, Dr. Atencio.
La lucha por la libertad de los detenidos puso en descubierto que la acusación era tan insostenible, aún para ellos mismos, que otro juez, esta vez del fuero federal (Dr. Corazza) se vio obligado a declarar la inexistencia del delito y ordenó la libertad de todos los piqueteros (que ya llevaban 30 días detenidos). La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación (a quien no se puede sospechar de ser solidaria con las luchas populares) sentenció que el delito imputado no existía.
Podríamos mencionar muchas causas similares a ésta, desde las más actuales y conocidas como las que encarcelaron a Emilio Alí o Raúl Castells hasta las que ya comienzan a ser pretéritas, como la de los referentes de desocupados neuquinos Panario, Christiansen y Estrada, la del dirigente de la Uom de Tierra del Fuego Oscar “Lobo” Martínez, las de los piqueteros Gatti y Natera, la arrasadora labor del Poder Judicial de Salta contra los compañeros de Tartagal y Gral. Mosconi y tantas otras basadas en situaciones directamente vinculadas a la protesta y la lucha social que son enmarcadas en figuras como coacción agravada, interrupción del tránsito vehicular, extorsión, usurpación, y por supuesto el conocido “Combo Manifestación”, integrado por atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones (éstas, generalmente, en los nudillos de los policías).

El agravamiento de las acusaciones. La actitud del poder judicial. Hacia dónde están apuntando.

Volviendo a la actualidad, podemos ver que el agravamiento de la crisis económica ha producido un aumento de la protesta social en todo tipo de situaciones (reclamos a los funcionarios, exigencias de subsidios y fuentes de empleo, toma de fábricas, supermercados, edificios públicos y obviamente la jornadas del 19/20 de diciembre y la continuidad de ese proceso hasta hoy).
Como respuesta a tales situaciones el poder judicial se ha puesto al servicio de su verdadero dueño, el poder económico, demostrando que la independencia de poderes es una mera ficción esquemática.
Y en tal servicio se ha puesto a desarrollar la ecuación matemática que podríamos sintetizar en mayor protesta social = mayor gravedad del delito imputado.
Es así que, siguiendo los procesos judiciales de los últimos años, vemos que las protestas sociales han ido avanzando de “supuestos” delitos no detenibles (acusaciones por penas de menos de 3 años) a “supuestos” delitos graves que enfrentan penas de 15 o más años de prisión, mientras algunos jueces y fiscales pretenden autoproclamarse paladines del “estado de derecho” que vienen a poner fin a los “desmanes” que pretenden realizar los llamados “inadaptados sociales” que reclaman un puesto de trabajo o un cambio en las leyes que rigen esta sociedad.
Estos jueces y fiscales son los mismos que dejan prescribir las causas contra funcionarios policiales involucrados en casos de gatillo fácil o cierran por falta de mérito las investigaciones por corrupción, contrabando, asociación ilícita y otros graves delitos en los que están involucrados los políticos de siempre.
Esta tendencia a agravar los delitos y consecuentemente las penas pareció apuntar en una primera etapa sólo a causas individuales y contra determinados dirigentes (a Castells y Ali, por ejemplo, se los acusó de coaccionar o extorsionar a los supermercados conjuntamente con un numeroso grupo de desocupados pero sólo ellos fueron detenidos, acusados y condenados, a pesar de que en la causa de Castells se presentaron gran cantidad de jubilados declarando que ellos también estuvieron en el supermercado junto a su dirigente). Probablemente confiaba el sistema en que, descabezando un movimiento con la persecución y prisión de un dirigente, se neutralizaba al conjunto eficazmente. En tiempos recientes varios indicios parecen indicar que entramos en una etapa de imputaciones y detenciones masivas, dirigidas incluso a establecer las bases para ilegalizar a determinadas organizaciones sociales y/o políticas que están al frente de las luchas. En algunas causas recientes encontramos señales en este sentido, como cuando el juez federal Abel Cornejo de Salta se esfuerza en imputar “sedición” a los piqueteros, o alerta sobre presuntas intenciones de “destruir las instituciones”. En Florencio Varela, en un asentamiento, el conjunto de más de 400 personas han sido imputadas colectivamente en la causa, y más de 120 ya prestaron declaración indagatoria. En estos expedientes se empieza a identificar a los “supuestos delincuentes” como integrantes de determinado grupo, así la Corte en la causa de La Plata habla sobre “el grupo Teresa Rodríguez”, y a la jueza correccional Braidot le alcanza un informe policial de “inteligencia” del que surge que tres compañeros son militantes de esa agrupación para imputarlos e indagarlos por las lesiones sufridas por 15 policías, los destrozos en la Casa de Salta y las roturas a cinco móviles policiales supuestamente ocurridos en la movilización de repudio al asesinato de Barrios y Santillán en la ruta 34.
Sin duda el poder judicial apunta, como apéndice del poder político-económico, a agravar las acusaciones y masificar las detenciones como una de las formas de contención de la protesta social, generando el miedo real a ser detenido e incluso pretendiendo desarticular las organizaciones mediante la detención prolongada de sus dirigentes y amenazando con la ilegalización eventual de las mismas para que el solo hecho de pertenecer a un grupo militante constituya delito.

La respuesta popular.
Frente a esta situación, la única respuesta que no podemos dar desde el pueblo en lucha es la desmovilización y el retroceso. Los compañeros que cotidianamente sufren estas persecuciones saben que ese es el fin buscado desde el poder, como también son conscientes del avance represivo en todos los terrenos, incluyendo el judicial. Creemos que ese conocimiento debe orientar las acciones cotidianas para dificultar la tarea del sistema todo lo que sea posible. Es también un grueso error conceptual suponer que la respuesta a la judicialización de la protesta pase por la juridización de las luchas, o que la solución pueda ser aportada principalmente desde el ejercicio de la abogacía. Como organización antirrepresiva comprometida con las luchas sociales, CORREPI intenta contribuir en la defensa de los represaliados, lo que no es una labor técnico-jurídica aséptica, como no lo son las acusaciones. Los abogados somos un mal necesario, que hasta podemos resultar útiles en variadas circunstancias, pero nuestra principal función en la defensa de compañeros perseguidos es dejar bien claro que ésta no es una batalla judicial, sino que forma parte de la pelea de fondo, que es uno más -ni el principal ni el más importante- de los escenarios en los que se libra la lucha por una sociedad nueva.