La represión in crescendo

Fragmento del expediente
17 DE DICIEMBRE DE 1999: Fuerzas conjuntas de la Gendarmería y la Prefectura desalojan a sangre y fuego el Puente Gral. Belgrano que une Chaco y Corrientes que se encontraba cortado desde el 10 de diciembre por los correntinos autoconvocados en la Plaza del Aguante. Mauro Ojeda y Francisco Escobar son asesinados. Hay más de medio centenar de heridos de bala.
A 34 meses de la masacre no hay responsables juzgados ni mucho menos castigados. Las cinco causas vinculadas al hecho se unificaron. El juez federal (el mismo que ordenó la represión) sólo ha recibido hasta el presente declaraciones testimoniales a las víctimas. En agosto de 2002 citó como testigo al ex ministro del interior Federico Storani, quien se excusó de viajar a Corrientes y pidió declarar en Buenos Aires. Todavía no hay fecha para su tardía presentación.

Fragmento del expediente
19 y 20 DE DICIEMBRE DE 2001: Las policías de todo el país reprimen las manifestaciones contra el agónico gobierno de la Alianza asesinando por lo menos 32 personas. En la ciudad de Buenos Aires la policía federal produce cinco muertes, centenares de heridos y de detenidos.
En la causa que lleva la jueza Servini de Cubría están procesados con prisión preventiva los co-autores del homicidio simple de Alberto Márquez y de las lesiones graves de Martín Galli, y los autores del homicidio de Gustavo Benedetto. La Cámara Federal ordenó que se indague a Fernando De La Rua y a Ramón Bautista Mestre el homicidio culposo de Gustavo Ariel Benedetto, Diego Víctor Lamagna, Alberto Manuel Márquez, Marcelo Gastón Riva y Carlos Raúl Almirón y confirmó el procesamiento de Jorge Rubén Santos por el delito de abuso de autoridad, por los cinco homicidios -pero recalificándolos como culposos- y por 227 lesiones culposas, y ordenó indagarlo por el delito de vejaciones, al tiempo que lo puso en libertad. La Cámara también confirmó el procesamiento de Enrique José Mathov por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dispuso su procesamiento como autor de los delitos de homicidio culposo (cinco hechos) en concurso ideal con el delito de lesiones culposas (227 hechos) y ordenó su inmediata libertad.

Respecto de la cúpula policial, se confirmó la falta de mérito con relación a Carlos Alberto Zoratto (Jefe de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina), se revocó la falta de mérito que benefició a Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero (Director General de Operaciones y Superintendente de Seguridad Metropolitana), disponiendo su procesamiento en orden al delito de abuso de autoridad, y ordenando su indagatoria por vejaciones y que se resuelva su situación procesal respecto de los homicidios y lesiones. Se ordenó investigar la responsabilidad del oficial Weber en los mismos delitos, y se confirmó la falta de mérito que benefició al resto de la cúpula policial (Daniel Juan Fernández, Lucio Tirao, Carlos Alberto Contreras, Daniel Alfredo Mancini, Alfredo Héctor Salomone, Eduardo Mario Orueta, Jorge Alberto Palacios, Próspero Raúl Trezeguet, Alberto Alfano, René Derecho, Daniel Omar Vigliano, Jorge Alberto Bortolini, Víctor Hugo Condinanzo).

Fragmento del expediente
26 DE JUNIO DE 2002: Fuerzas conjuntas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Bonaerense reprimen los cortes de accesos a la Capital Federal convocados por el Bloque Nacional Piquetero, el MIJD, Barrios de Pie y la Coord. A. Verón. Desde el Puente Pueyrredón el operativo represivo se extiende por Avellaneda, con el saldo de dos muertos (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán) y centenares de heridos, muchos con balas de plomo.

En la causa en trámite ante la UFI 11 de Lomas de Zamora están procesados y detenidos por doble homicidio agravado dos policías bonaerenses (Fanchiotti y Acosta); fueron excarcelados, sin sobreseerlos por encubrimiento agravado otros dos (Quevedo y Colman) y el policía Leiva está prófugo por tentativa de homicidio agravado. No hay nadie más imputado, a pesar de que hay otros policías identificados por las víctimas, entre ellos el retirado en 1996 Robledo. No hay investigación alguna sobre el operativo en su conjunto, no se ha profundizado sobre la participación de las demás fuerzas ni sobre las responsabilidades políticas.

Cuando se produjo la represión del puente Gral. Belgrano, intuimos que había comenzado una nueva fase en la escalada represiva de las movilizaciones populares, pero aún no teníamos conciencia real de lo que esto suponía. Recordemos algunas cuestiones que hacen a los mecanismos fundacionales que se utilizaron en este operativo: existió una combinación de más de una fuerza –en este caso, Gendarmería y Prefectura- con una planificación detallada que incluyó maniobras distractivas protagonizadas por supuestos camioneros y un corte general de la energía eléctrica en la ciudad de Corrientes (táctica utilizada en diversas ocasiones, fundamentalmente en el norte del país para producir los secuestros de la década del 70) , así como el empleo de armas destinadas a instalar en los medios que los heridos y muertos eran obra de los propios manifestantes (carabinas calibre 22 largo). Esta modalidad, luego, se verá repetida en las circunstancias posteriores. El operativo de contrainsurgencia montado en Corrientes, para terminar no sólo con el corte, sino con el proceso de movilización popular que desde la Plaza del Aguante desarrollaban los autoconvocados, señaló una escalada cualitativa de la represión estatal: tanto por sus objetivos como por su modalidad de llevar adelante las acciones.

La represión en el otro puente, el de Avellaneda el 26 de junio, tendría características similares. Aquí fueron cuatro las fuerzas las que intervinieron, tres nacionales y una provincial. Está documentado en videos y filmaciones, además de decenas de testimonios, que los policías que dispararon con balas de plomo iban seguidos por otros que recogían los delatores cartuchos rojos y los guardaban en bolsas de residuos que han desaparecido. En una de esas imágenes, se ve a un policía de bajo rango, de civil, disparando cartuchos de uso general (de plomo), los que una vez servidos son levantados del piso por un comisario (casualmente -o no- el comisario Etcheverry, que sería acribillado a balas unos días después en un extraño intento de robo).
El 20 de diciembre en Plaza de Mayo la federal dispuso no sólo su personal de “choque” habitual, sino que intervinieron oficiales de alto rango, también de civil, algunos pertenecientes a reparticiones que nada tenían que ver –teóricamente- con un operativo “de control del orden público”, como Asuntos Internos.

En los tres casos hubo proyectiles de plomo usados por las fuerzas de seguridad, y quisieron hacernos creer que quienes los usaron los compraron en el kiosko de la esquina, porque la orden de cargar las armas con balas “de verdad” no aparece por ningún lado.

Así como son similares los operativos, con un crescendo represivo que quedó bien a las claras en el Puente Pueyrredón, se emparentan los motivos políticos que decidieron los ataques. En Corrientes, un gobierno nacional nuevito, tenía un escenario insurreccional “peligroso”: millares de autoconvocados, pertenecientes a diversos sectores sociales, se venían organizando. Abortar ese proceso de la Plaza de la Dignidad, de las asambleas de autoconvocados, fue el objetivo de la represión de diciembre de 1999. Como lo dijo claramente Storani al nombrar interventor a Mestre, “la intervención asumirá una vez pacificada la provincia”.

El 19 y 20 de diciembre el mismo gobierno nacional, ahora en estado terminal, necesitaba negociar desesperadamente con la “oposición” peronista una salida, un gobierno “de unidad nacional” u otra cosa parecida. El objetivo de la represión fue alejar al pueblo indignado de los espacios públicos, y en especial de la Plaza de Mayo, y amedrentar en los barrios periféricos a los vecinos con amenazas de ataques de otros barrios para evitar que hubiera más movilizaciones al centro. ¿La diferencia con Corrientes será que la pueblada del 19 y 20 dio paso a un proceso mucho más sostenido en el tiempo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano?

La jornada de lucha piquetera del 26 de junio estuvo precedida por mensajes amenazantes desde los más altos niveles del poder político nacional respecto de la intolerancia que habría a cualquier intento de corte de ruta o similar, y por acciones concretas tendientes a fortalecer el aparato represivo y dotarlo de comando único que hemos descripto en los informes anteriores.

Como se ve de los recuadros que resumen el estado de las tres investigaciones, ha sido diversa la suerte de las “investigaciones” judiciales iniciadas con motivo de estos tres hechos represivos, y su desigual desarrollo responde de igual modo a las necesidades del poder. Sintomáticamente, sólo la causa federal por el 20 de diciembre ha tenido algún movimiento dirigido a esclarecer las responsabilidades políticas. No puede sorprendernos que así sea, pues aunque desde nuestra posición no hay diferencias entre lo actuado y avalado por De La Rua y su troupe el 20/12 y por Duhalde y su comparsa el 26/6, para el sistema no es lo mismo un presidente renunciado por la gente e inútil para todo servicio futuro que quien todavía administra lo que queda del poder ejecutivo nacional. Tampoco es ajeno a ese marco que recién ahora, a 34 meses del hecho, el juez federal correntino decida escuchar –como testigo, no como imputado- al ex ministro Storani.
Nótese de qué manera son funcionales a las necesidades del poder –aun de un poder debilitado- las actitudes judiciales. Frente a la presión de la querella, la Cámara Federal ordenó a la jueza indagar por los homicidios a De La Rua y Mestre, y procesó por los mismos hechos a Mathov. Al mismo tiempo, en todos los casos “bajó” la calificación a homicidio culposo, cosa de poder ponerlos en libertad. Pero mientras en apariencia los jueces Vigliani y Cavallo disponían la inédita citación a indagatoria de un ex presidente por homicidios cometidos por su aparato de seguridad –indagatoria, digamos de paso, suspendida en virtud del recurso extraordinario interpuesto por la defensa ante la Corte- por otro lado, en la misma resolución, amparaban a los imputados que siguen teniendo alguna importancia dentro de ese aparato: los comisarios que integran la cúpula policial, todos con falta de mérito.

En la causa de Lomas de Zamora el fiscal no ha imputado siquiera a los jefes inmediatos de los policías que están presos, mucho menos al segmento político en funciones.