LA VERDADERA POLÍTICA DE DDHH DEL GOBIERNO

Hace exactamente un año el estado argentino fue notificado de su primera condena internacional en un caso de represión policial. La Corte IDH, en el caso Bulacio, condenó a la Argentina por la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio y su familia, y también dispuso que se revisara el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Respecto de la causa interna, el organismo internacional -cuyas resoluciones son obligatorias para el estado argentino- ordenó que se repusiera a la familia como querellante, que se rechazara la prescripción planteada por la defensa del comisario Miguel Angel Espósito por tratarse de un delito de lesa humanidad, y que se continuara sin más dilaciones hacia la sentencia, con una plena investigación y castigo de los responsables por la detención y muerte en 1991 del adolescente.

Además, la Corte IDH admitió que, como alegaron los representantes de la familia Bulacio ante el tribunal internacional en Costa Rica, en Argentina hay normas y prácticas no normadas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, refiriéndose en el primer caso a la detención por averiguación de antecedentes o para identificar y a los códigos contravencionales y en el segundo a las razzias . En este sentido, la sentencia ordena al estado argentino a cesar esas prácticas policiales y revisar las normas que permiten realizar detenciones fuera de los supuestos admitidos en la Convención Interamericana, adecuando su sistema jurídico a los compromisos asumidos al firmar el pacto regional.

Sin embargo, a un año de la notificación formal, NADA HA HECHO EL ESTADO ARGENTINO EN RELACIÓN A ESTAS DOS CUESTIONES CRUCIALES.

La causa judicial, actualmente radicada ante la Corte Suprema, sigue en el mismo estado que cuando se conoció la condena de la Corte IDH. El expediente ha circulado en este año por siete despachos de los miembros de la Corte, en algunos casos dos y tres veces, sin acatar la sencilla orden del tribunal internacional: reponer a la familia como querellante, rechazar la prescripción y continuar el trámite hacia la sentencia. Para que se entienda con claridad: en estos doce meses, el expediente E 224 pasó por las manos de:
Zaffaroni
Belluscio
Petracchi
Maqueda
Boggiano
Zaffaroni (2ª)
Belluscio (2ª)
Maqueda (2ª)
Vázquez
Fayt
Petracchi (2ª)
Belluscio (3ª)
Maqueda (3ª)

¿Qué están discutiendo tan arduamente los cortesanos? ¿Si cumplen lo ordenado por un Tribunal Superior? ¿Para que necesitan ver el expediente dos y tres veces? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Necesitan ayuda para decretar hágase como dice la Corte IDH?

Por otra parte, lejos de adecuar prácticas y normas para impedir detenciones policiales arbitrarias, se han generado mejores condiciones para ello con la reforma del código contravencional de la ciudad de Buenos Aires; todas las provincias mantienen sus propios códigos de faltas o contravencionales, que en algunos casos marchan también hacia reformas más represivas. La facultad policial para detener personas para identificar o en averiguación de antecedentes sigue produciendo arrestos ilegales en todo el país, y las razzias son cotidianas.

El gobierno argentino declama la defensa de los Derechos Humanos mientras garantiza la impunidad y profundiza sus políticas represivas. Más de 1.600 muertos por el gatillo fácil y la tortura en esta “democracia”, cientos de personas arbitrariamente detenidas por día, medio centenar de presos políticos y varios miles de procesados por luchar desenmascaran la verdadera política de DDHH del estado argentino.