Las 40 medidas de KBQ

LAS “CUARENTA MEDIDAS” DE KBQ. ALGUNAS CONSIDERACIONES.

El equipo represivo de Néstor Kirchner, capitaneado por Gustavo Béliz (el seguidor del jefe de policía de Rudolph Giuliani, William Bratton) con el apoyo del por lo menos igual de reaccionario fiscal Norberto Quantin, ha anunciado una serie de medidas con la excusa de combatir la sensación de inseguridad que los mismos medios de comunicación a su servicio y las instituciones de seguridad han intensificado hasta niveles que tal sean los más altos de nuestra historia. Estuvo presente en el anuncio de las medidas el otrora progresista Aníbal Ibarra.
El objetivo de todas estas medidas es el refuerzo de las fuerzas policiales y de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires (en especial la Policía Federal Argentina) mediante medidas destinadas a darle mayor equipamiento, más personal con mayor capacidad de empleo en tareas externas y, sobre todo, a relegitimar la institución policial frente a la sociedad, objetivo principal que en reiteradas ocasiones es expresado en forma abierta por los funcionarios de este gobierno.
Entre las medidas anunciadas hay algunas que no son malas (pero sólo van a generar una apariencia de transparencia que ayudaría a ocultar la realidad), otras sumamente peligrosas y algunas tragicómicas.
Las fiscalías barriales han demostrado que no sirven para controlar el accionar de las Comisarías, sino que, por el contrario, al trabajar siempre con los mismos efectivos policiales, la tendencia es la opuesta.
La publicidad de la nómina del personal de cada Comisaría, sus horarios y funciones no es una mala medida, pero no garantizaría nada.
Hoy, por ejemplo, cada Comisaría tiene un cuadro en la oficina de guardia donde teóricamente figuran los oficiales jefes presentes, el jefe de servicio, el jefe de servicio externo, el oficial de guardia y, en algunos casos, el Presidente de los amigos de la Seccional, del CPC u organizaciones similares. La realidad es que cuando se desarrolla algún hecho grave, los nombres suelen desaparecer. El 21 de abril ppdo, por ejemplo, tras las masivas detenciones a quienes se solidarizaban con los trabajadores de Brukman, en la Comisaría 20º sólo figuraba el Presidente de los vecinos amigos de la taquería.
Cada efectivo de uniforme está también obligado a llevar su identificación individual y ello tampoco sucede cuando hay represiones, torturas o malos tratos a detenidos. Por ejemplo, el ya citado 21 de abril el personal de la Comisaría 8º, donde se golpeó sistemáticamente a los detenidos, no llevaba identificación alguna.
Los oficiales jefes y superiores no suelen llevar el uniforme sino costosos trajes. Están autorizados para ello por la normativa interna de la fuerza desde hace casi un siglo, cuando aún era la Policía de la Capital. En consecuencia, no sólo no suelen llevar identificación sino que ni siquiera se puede saber a ciencia cierta su rango. ¿De qué sirve tener una planilla pública de nombres si después no se los puede asociar a las caras concretas?
Para terminar con este punto, debemos recordar que el 20 y 29 de diciembre de 2001, cuando la PFA se mostró como verdugo de nuestro pueblo de un modo tan cristalino que es casi inconcebible fuera de una dictadura, su nómina completa (no sólo de quienes prestaban servicio en las Comisarías sino en todas las reparticiones) de oficiales superiores y oficiales jefes (es decir, desde el rango de Subcomisario hacia arriba) se encontraba en internet, en la página www.policiafederal.gov.ar (por supuesto, la lista desapareció prontamente).
Por las razones expuestas y otras que omitimos en razón de brevedad, el rol de la nómina de efectivos como herramienta de control del accionar de la PFA o para minimizar los delitos cometidos por su personal debe ser fuertemente relativizado, ya que sólo podría tener alguna pequeña relevancia frente a hechos aislados, realizados sin apoyo expreso o tácito de sus superiores, los cuales no constituyen la regla sino la excepción.
La creación de un mapa del delito dinámico para la Ciudad de Buenos Aires no es una medida nueva, ya que está en curso desde hace años a partir de las tareas realizadas en las redes paralelas de Consejos de Prevención Comunitaria (CPC) creados por la PFA en 1998 y los Consejos de Prevención del Delito y la Violencias (CPDV) que funcionan en el ámbito de los CGPs. Lo mismo sucede con el plan de seguridad para cada Circunscripción (Béliz habló reiteradas veces de siete – como era hasta hace algunos años – en lugar de las ocho existentes desde la separación de la Dirección General de Comisarías en dos Direcciones Generales de Comisarías, Norte y Sur, integradas por cuatro cada una). En reiteradas oportunidades hemos denunciado desde CORREPI la confección de estos mapas y planes, en los cuales se ubican exclusivamente los delitos cometidos por determinados sectores sociales y se pone especial énfasis en las casas ocupadas por familias sin recursos (cada Comisaría tiene la nómina de las casas tomadas de su área). Por otra parte, para esta tarea de persecución a algunos vecinos la PFA cuenta con el apoyo de otros: así, es frecuente escuchar de boca de los oficiales jefes que los vecinos son “los oídos” de su seccional o que “el mejor servicio de informaciones es que nos puede brindar nuestro vecino”.
Las brigadas de investigaciones y drogas peligrosas en cada Circunscripción permitirán un control más cercano de sus negocios paralelos y dicha inmediatez les dará mayor seguridad a esas estructuras delictivas y tal vez disminuya el costo de la “protección”.
Las Comisarías deben ser PYMES de la seguridad, con presupuesto propio y balance público, su propio mapa del delito (también público) y su productividad también debe ser pública. La imagen de Comisaría empresa no está lejos de la realidad actual. Es público y notorio que muchos oficiales jefes y oficiales superiores han obtenido suficientes ganancias como para sostener otros negocios paralelos, desde la seguridad privada hasta la fábrica de tornillos de algún distinguido jefe patanegra, pasando por clásicos como los prostíbulos o la vinculación con grupos delictivos de otras especialidades.
En cuanto a la productividad, se aplica desde hace muchos años con el nombre de “estadística”. Para cumplir con estas estadísticas (destinadas a garantizar la presencia policial en el control de determinados sectores sociales) se detiene por averiguación de antecedentes, se realizan actas contravencionales. Las multas también se realizan por productividad y todos sabemos cómo funcionan. Pero hay hechos mucho más graves. A quien asesina a una persona, en muchos casos se le otorga algún tipo de premio. En este sentido, en una de los procesos judiciales por causas fraguadas, en el cual se investigan al menos dos homicidios, un efectivo policial que declaró bajo reserva de identidad afirmó que ”en el ámbito de la PFA se suele premiar a los policías que más abatidos tienen en su haber, por eso no debería extrañar que mueran personas en los procedimientos fraguados”. En cuanto a los contratos comunitarios de seguridad con los vecinos de cada barrio, son otro elemento importado de aquellos países en los cuales se ha buscado la creación de las llamadas policías comunitarias, que buscan que la población disminuya sus prevenciones hacia las fuerzas policiales y trabaje codo a codo con ellas (no por casualidad el actual subjefe de la PFA, al cual se le encomendó expresamente el seguimiento de buena parte de las medidas, es especialista en esta materia).
La certificación ISO 9001 de calidad que dentro de 4 años debería tener cada Comisaría forma parte del esquema de “el ciudadano – no el habitante – es cliente de la seguridad” que informa buena parte de las propuestas del gobierno, pero trae aparejados problemas adicionales. ¿Cómo calificaría la calidad de los apremios ilegales, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes? ¿La seccional que aplicara submarino seco tendría más o menos puntaje que la que sostuviera otras tradiciones como los insultos verbales o hacer pasar a los detenidos frente a una fila de efectivos policiales para que éstos los golpeen con sus bastones?
El traspaso de algunos trámites a los CGPs (como las denuncias por extravío, las actas de choque y las certificaciones de domicilio) obstaculizaría algunas de las posibles fuentes de recursos paralelas (como los acuerdos con abogados para ofrecerles casos de choques de automotores con o sin la conveniente modificación del acta), pero tiene pr objeto multiplicar la presencia policial en la calle, lo cual aumentaría la inseguridad de todos los habitantes.
El mismo incremento de los riesgos de morir o ser lesionado a manos de personal policial sería la consecuencia de otras medidas para aumentar la cantidad de policías en la calle como la disminución de las custodias a los funcionarios en un 30 % y la asunción de las tareas administrativas de cada Comisaría por personal de esa área. La incorporación a las seccionales de 500 cadetes recién egresados está en el mismo sentido.
La permanencia mínima de cuatro años en cada Comisaría permitirá que el personal conozca plenamente su zona de actuación, lo cual redundará en un mayor control policial sobre los vecinos, en vinculaciones más fuertes con los sectores de más poder económico o más próximos a la PFA de cada barrio y probablemente en una mayor coordinación de las tareas delictivas realizadas en esa área, a fin de que sólo los amigos puedan cometer delitos.
La existencia de planificación por Comisarías controlada por sus superiores (cada seccional debe elevar a la Circunscripción su propio Plan de Prevención del Delito y la que cumpla los objetivos propuestos recibirá un fondo de productividad) no garantiza nada en materia de disminución de las acciones ilegales por parte de la institución policial. Ya dijimos cuál es el concepto de productividad que prevalece en la fuerza y no hay razones para pensar que cambiará con estas reformas cosméticas.
Lo mismo sucede con la evaluación semanal de la marcha del plan por parte de los vecinos en los CGPs, en un regreso del ya clásico mito del control barrial sobre una fuerza de casi cuarenta mil efectivos.
Es improbable que la creación de una unidad de inteligencia criminal, entrenamiento y educación de seguridad en espectáculos deportivos evite el maltrato que todas las semanas sufren por parte del personal policial quienes concurren a ver partidos de fútbol y tampoco hay razones para suponer que se tomarán acciones contra los grupos delictivos con poder en esos ámbitos.
Para realizar tareas de vigilancia las 24 horas en cinco grandes parques y plazas, operativos de control sorpresa en 50 puntos de la Ciudad, control de alcoholemia y venta de bebidas en diversos lugares y reforzar el operativo cerrojo en la General Paz el ministro Béliz se refirió expresamente al personal de los Cuerpos (Guardia de Infantería, Policía Montada y Policía de Tránsito), a los que todos conocemos por su reiterado accionar en la represión de manifestaciones, el desalojo de familias (por ejemplo el PADELAI) o trabajadores (Brukman) u otras tareas “al servicio de la comunidad”. Tal vez teniendo en cuenta estos “gloriosos” antecedentes, Béliz señaló que “nuestros (se puso la gorra) cuerpos especiales son de élite”. La intensificación de la prevención especial por parte de personal de sustracción de automotores, drogas y defraudaciones no garantizará que no se cometan hechos delictivos a los que en muchos casos no son ajenos y, al igual que todas las medidas enumeradas en este párrafo, multiplicará los riesgos de ser víctima del gatillo fácil policial en todos los que habitamos o trabajamos en esta Ciudad y, en especial, los de menores recursos.
La creación de una Superintendencia de DD.HH. y Desarrollo Social a cargo de alguno de los actuales superintendentes, todos los cuales prestaron servicio bajo la Dictadura, resulta tragicómica.
Una de las tareas de esta Superintendencia sería la puesta en práctica de un “Protocolo de actuación en materia de protestas sociales” (del cual se olvidó el diario “La Nación” al enumerar las medidas anunciadas). La única novedad de ese protocolo sería su publicidad, ya que buena parte de las medidas descriptas son las que desde hace tiempo toma el personal policial, mientras que otras son de control imposible por quienes no formamos parte del aparato represivo. Por otra parte, aún hay que ver cuáles son las exigencias que se formularán a quienes realicen protestas o movilizaciones, ya que el Ministro Béliz anunció que, lógicamente, habría condiciones para la aplicación del protocolo.
En este marco, Béliz habló del objetivo de “DESCRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL” para dedicar efectivos policiales a otras tareas.
El refuerzo de la formación del personal policial de cada barrio en mediación comunitaria y social apunta a mejorar la imagen de la fuerza y a profundizar el perfil “comunitario”, lo mismo que el refuerzo de las áreas de asistencia a la víctima y violencia familiar, en las cuales ya no figuran torturadores conocidos como el Comisario Scifo Módica.
La mayor asistencia a las familias de policías caídos, el mantenimiento de un puesto en la PFA u otras áreas estatales para los heridos o para sus parientes son anuncios destinados a buscar apoyo de los efectivos policiales. Los créditos para que suboficiales que vivan en el Gran Buenos Aires se compren una casa en la Ciudad tienen ese mismo objetivo y el propósito adicional de aumentar la rapidez de su convocatoria al servicio en caso necesario (por ejemplo, el 19 de diciembre de 2001 alrededor de las 18.00 horas se ordenó a todo el personal policial concurrir a prestar servicio).
La clausura de todo desarmadero que no justifique el origen de sus productos es una medida que seguramente chocará con los intereses de los sectores (políticos y de la propia fuerza) que lucran con ese negocio, fuertemente favorecido por la devaluación y el consiguiente aumento de los precios de los repuestos. Por otra parte, la mayor parte de los policías muertos cayeron con motivo de robos de automotores contra ellos o terceros, lo cual podría generar la necesidad de entregar algunos de esos negocios para mantener la cohesión interna.
No se ha demostrado la relación entre la prohibición de la venta de alcohol en quioscos desde las 22 a las 6 horas y la eventual disminución de hechos delictivos de alguna clase.
Unidades del Hospital policial “Churruca-Visca” harán campañas de vacunación móvil en los barrios para crear confianza en la PFA, o como señaló “La Nación”, alcanzar la “integración por vía de la salud”. Cualquier parecido con la Acción Militar Cívica propia de las operaciones contraguerrilla de tantos manuales estadounidenses no es pura coincidencia. El mismo objetivo tiene el empleo de móviles de documentación en barrios carecientes para otorgar documentos.
El plan conjunto contra la droga con Gendarmería y Prefectura es otra medida tendiente a reforzar la coordinación entre las fuerzas, varias veces demostrada contra el movimiento piquetero.
La creación de un teléfono 0800 para denunciar al que vende drogas no sólo constituye una denuncia anónima, con todas las prevenciones que ello genera, sino que no garantiza que se tome medida alguna contra quienes trafican esos productos.
El seguimiento de las detenciones y excarcelaciones ordenadas por los jueces en las causas donde intervino la PFA, el estado general de cada causa, como así también en cuáles existieron vicios de procedimiento, seguimiento que se tendría en cuenta a los fines de la productividad, tiene varias aristas complejas. En primer lugar, no hay referencia alguna a las detenciones por averiguación de antecedentes, de las cuales no hay ningún control. En segundo lugar, si el control se utiliza para publicitar que tal o cual “delincuente” fue liberado por el Poder Judicial tras ser detenido por la PFA, se generaría un efecto sobre los jueces que tenderían a restringir aún más las excarcelaciones. Por último, debemos recordar la postura de la PFA sobre las nulidades, expresada reiteradamente por el rector de su Instituto Universitario, Dr. Luis María Desimoni quien insiste en que no debe dejarse a nadie en libertad por nulidades procesales y culpa en esos casos al Poder Judicial (que, aclaramos para quienes no lo conozcan, son muy reacios a anular algún procedimiento) en lugar de inculpar al personal policial que cometió el acto ilegal nulo. No es casual que se lo haya designado “Mapa del rendimiento judicial”, lo que parece enfocar a la crítica del accionar de ese poder más que al de la PFA. En la labor de elaboración de este mapa – como en otros aspectos de las medidas anunciadas - participarían pasantes.
La generalización del Plan Alerta, originado en Saavedra, a toda la Ciudad implicaría un estricto control sobre quienes habitan o trabajan en Buenos Aires, ya que junto con medidas razonables y no represivas para disminuir las probabilidades de ser victimizado por determinados hechos delictivos (siempre se trata de determinados delitos y se excluyen otros de gravedad igual o mayor) incluye otras que traen aparejado fuerte recelo hacia toda persona no conocida en el barrio que ingresa a él.
El proyecto referido a la creación de una escuela de seguridad pública – con fuerte injerencia del Instituto Universitario de la PFA - para generar una burocracia civil (quisieron decir no policial) que acompañe el Esfuerzo Nacional de Policía implica crear un eslabón intermedio entre la comunidad y las fuerzas policiales, formado en buena medida por la propia PFA y que serviría para dar mayor (y más disimulado) sustento “externo” a los intereses de la fuerza.
Por supuesto, es preocupante el anuncio de un plan urgente de re-equipamiento, que se suma a los que reiteradamente se han realizado desde el gobierno nacional o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal vez no sería negativo el anuncio acerca de la profundización de la enseñanza a los efectivos policiales sobre preservación de pruebas, si realmente hubiera interés por parte del Poder Judicial de controlar las pruebas forenses. No debemos olvidarnos que si cada vez que la policía les coloca “perros” (es decir, armas que no llevaban) a alguna persona los jueces exigieran verificar la existencia de huellas dactilares en el “perro”, no podría existir esa práctica sistemática. Pero, dado que existe, podría darse el caso de que el mayor conocimiento en la materia ayudara a los efectivos policiales a adulterar mejor los hechos y ello generaría un incremento en estas prácticas en lugar de una disminución.
Por supuesto, no hubo en los anuncios ni una palabra acerca de las reparticiones de alto contenido político incluidas en el organigrama de la PFA, ni de la práctica sistemática del gatillo fácil, las torturas y las causas fraguadas, ni nada que pudiera ofender a los centenares de oficiales superiores y oficiales jefes que estaban oyendo a las autoridades.

Julio de 2003