Las “huelgas” policiales

La corporación de uniformados conocida como “la familia policial” -un mote no desprovisto de cierto retintín siciliano- viene llevando, desde hace 25 años, una lucha en defensa de sus intereses sectoriales.

Sus desgracias comenzaron con la llegada de la democracia parlamentaria en 1983, cuando dos graves problemas se abatieron sobre la corporación: una serie de recortes presupuestarios, y su exposición pública por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Este contexto es clave para entender la génesis del actual movimiento de sindicalización policial.

Las rebeliones tucumanas comandadas en los ’80 por el notorio criminal y ex comisario Mario “Malevo” Ferreyra, fueron las primeras reacciones de la corporación ante la nueva realidad. Desde entonces, se produjeron varios movimientos en provincias, que fructificaron en la creación de FASIPOL (Federación Argentina de Sindicatos Policiales), entidad que nuclea a los agentes de Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Chaco, San Juan y la Federal. Por fuera de esta Federación, existe también un sindicato cordobés.

Su discurso hacia la sociedad sostiene que el policía es víctima de un sistema injusto, en el que debe jugarse la vida utilizando equipamiento obsoleto a cambio de bajos salarios, una deficiente obra social, y la ingratitud general de la comunidad. Todos ellos se presentan como “trabajadores de la seguridad pública y solidarios con la clase trabajadora” , y en sus estatutos renuncian expresamente a ejercer el derecho de huelga y a efectuar movilizaciones.

Hasta aquí, el ciudadano medio no puede menos que simpatizar con los policías, que al fin y al cabo no dejan de ser seres humanos como cualquier otro. Sin embargo, esta fase discursiva dista mucho de reflejar la realidad de las fuerzas policiales, y de su accionar cotidiano.

La corporación, lejos de dedicarse en cuerpo y alma a garantizar la tranquilidad de los vecinos, encuentra el leit motiv de su existencia en toda suerte de negocios ilegales, y en la represión a la clase trabajadora de la cual ella misma asegura ser parte integrante.

En los diarios y en películas como El bonaerense, abundan datos sobre la indestructible corrupción que anida en la institución policial: la fabricación del paco en las “cocinas” suburbanas, la trata de blancas –en especial menores de edad, que son muy cotizadas-, la industria de los desarmaderos, o las actividades de los “piratas del asfalto”.

Al respecto, una lectura atenta a los estatutos sindicales ofrece revelaciones que rara vez se oyen en boca de sus voceros; en primera instancia, la fidelidad hacia la Institución. En la página web de los bonaerenses (www.apropoba.com.ar) se encuentra que “No existe contradicción o incompatibilidad entre los fines y objetivos de la Asociación y los del Estado Provincial que nos emplea”.

Por tal motivo, la solidaridad con la clase trabajadora no pasa de ser una mero enunciado. El gremio santafesino, en su página www.apropol.org.ar, no cuestiona la represión, sino que exige “Ante los conflictos sociales y políticos, capacitación previa y órdenes claras y precisas y por escrito antes de la salida al cumplimiento del servicio” .

Pero la verdadera esencia corporativa de la agremiación policial, queda expresada en esta amarga queja del personal bonaerense: “… nadie se ocupa de brindar una buena defensa en juicio de nuestros compañeros que, en cumplimiento del deber, se ven atrapados en los laberintos del derecho”. En buen criollo, que las causas por torturas y ejecuciones sumarísimas –el llamado gatillo fácil, aunque a la luz de las estadísticas cabe preguntarse si existe un “gatillo difícil”- sean enfocadas como un simple daño colateral producido en el “cumplimiento del deber”, como “gajes del oficio”.

Según el informe anual elaborado por CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), entre 1996 y 2007 las fuerzas de seguridad produjeron 1.273 ejecuciones ilegales de víctimas indefensas, 700 muertes en cárceles y comisarías, 51 en movilización o protesta social, y 314 en otras circunstancias. Es decir, una muerte violenta cada dos días, con target preferencial en los morochos carenciados menores de 25 años.

No deja de ser llamativo que, en este ranking de la muerte, los primeros cinco puestos estén ocupados por las policías bonaerense, santafesina, cordobesa, Federal y mendocina, en ese orden. Todas ellas fueron pioneras en la creación de sus respectivo sindicatos. Un dato, no menor, para tener en cuenta…