MANO DURA CON LOS RESPONSABLES POLITICOS

Con el recurso remanido del “progresismo”, los mismos que acompañaban a Ruckauf en el año 2000 han aprobado modificaciones para atenuar los alcances de aquella ley y modificar el sistema de la prisión preventiva. Se trata de la misma clase política que, dos años atrás, impulsada por el kirchnerismo, votaba las leyes Blumberg y acentuaba descomunalmente el aparato punitivo del estado.

La ley 12.405, promovida y promulgada por el gobierno de Carlos Ruckauf y Felipe Solá, impedía todo tipo de excarcelaciones para los “enemigos” sociales, los excluidos del neoliberalismo. El principio de inocencia y la posibilidad –también constitucional- de transitar el proceso en libertad hasta el juicio oral, era eliminada para los transgresores del derecho de propiedad. En tanto que para los procesados de otra estirpe, las excarcelaciones extraordinarias y los medios alternativos a la prisión preventiva eran la salida habitual. Para el “enemigo” social –el pobre que roba- cárcel y juicio con penalidades altísimas, mientras que para los “próceres” al estilo del viudo Carrascosa o del padrecito Grassi, ni siquiera pabellones VIP. Tampoco para los policías procesados por homicidio o torturas, que son premiados con la excarcelación por su condición de brazo armado del sistema.

El efecto querido de esta ley fue el incremento inaudito del sistema penal y en términos particulares, el aumento de presos que “se pudren en las cárceles”; de los 13.000 que había antes de la entrada en vigencia del esperpento de Ruckauf-Solá, a los casi 30.000 depositados hoy en penitenciarias y comisarías bonaerenses. El propio gobierno del que era vice y ahora es gobernador, asume que “fracasó la ley de mano dura” (Clarín 4-3-06, pág. 67).

Decía CORREPI, en febrero de 2000, cuando se debatía esta ley, que “la única respuesta que el sistema puede dar ante la exclusión y la marginación social, replicando la miseria con mayor aparato penal y policial”. Sosteníamos que la legislación Ruckauf–Solá importaba la liquidación de la posibilidad de excarcelar y que ello retrotraía el régimen jurídico bonaerense a la vigencia del decreto–ley 9032/78 de autoría de Videla y Camps. Advertíamos que los autores y votantes de esta reforma serían responsables de la proliferación de privaciones ilegales de libertad, vejaciones, tortura. Y que “En vez de propiciar el pleno empleo, prefieren aumentar el número de presos, sin desconocer que estas medidas incrementan la “delincuencia” como alternativa de supervivencia. La eliminación del instituto de la excarcelación implica retroalimentar el sistema penal y arrojar a más y más familias a la marginación y el abandono.”

Desgraciadamente no nos equivocamos. Los que ayer imponían la restricción a los derechos y garantías constitucionales, hoy pretenden hacernos creer que rectifican su rumbo. Al aumento exorbitante de la cantidad de presos se adicionó una no menos advertida consecuencia, la violencia intramuros, que significó el incremento proporcional de muertos dentro de los penales bonaerenses. Por homicidios perpetrados directamente por penitenciarios como en la Masacre de Magdalena, pero también por las consecuencias del hacinamiento y la indignidad, la cárcel del vicegobernador que se convirtió en gobernador fue cada vez más antesala del cementerio.

Esa clase política que alegremente alzó manos y loas al combate contra “el delito”, y que ahora pretende hacer que enmienda con esta nueva ley excarcelatoria, debería ser repudiada socialmente, debería ser “destituida” como Aníbal Ibarra y deberían “pagar” como dice el argot carcelario. Aclara el funcionario del vice que ahora es gobernador kirchnerista que la reforma “no es para llenar las calles de delincuentes”. NO hace falta, la mayoría ocupa despachos públicos.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2006