MANO DURA DE LA ALIANZA: HACIA EL ESTADO POLICIAL CON CONSENSO Y LEGITIMIDAD

La información periodística podría resumirse así: El presidente De La Rua quiere la reforma laboral, y el gobernador Ruckauf quiere la reforma procesal penal. Se reunieron y acordaron un intercambio de votos para conseguir cada uno su objetivo. Pero los diputados bonaerenses de la Alianza fisuraron el pacto al negarse a votar el proyecto oficial de reforma al Código Procesal de la provincia, dando media sanción a un proyecto propio, que sería más “garantista”, puesto que ellos son los “progresistas” del sistema, en contraposición a los “reaccionarios” diputados peronistas.
Sin embargo, el proyecto de los aliancistas también corresponde a la única respuesta que el sistema puede dar ante la exclusión y la marginación social, replicando la miseria con mayor aparato penal y policial. Todos los sectores en pugna en el congreso bonaerense –sean “garantistas” o autoritarios en forma más o menos expresa- pertenecen y trabajan por el mantenimiento y profundización de un mismo sistema político, económico y social, cuyo beneficiario nunca será –nunca podría ser- el pueblo. Por eso las protestas legalistas de unos y los reproches de los que califican a los primeros de “defensores de delincuentes” son simplemente una disputa interna del régimen por una mayor cuota de poder en términos electorales, condicionados siempre por la ecuación gobernabilidad-legitimación y la necesidad de obtener consenso para sus políticas.
CORREPI viene señalando hace casi diez años que los hechos de represión policial como los homicidios de gatillo fácil, las torturas, las desapariciones o las detenciones arbitrarias, que impulsaron nuestra constitución como organización antirrepresiva, no son “errores, abusos o excesos” que pueden corregirse con una legislación un poco más garantista o expulsando algún impresentable de las fuerzas de seguridad. Si así fuera, los más de 400 años de prisión que sumadas representan las condenas que con nuestro patrocinio se han impuesto a policías asesinos y torturadores en estos años, mostrarían un indefectible avance de la libertad frente al autoritarismo. Sabemos que no es así, y por eso hemos caracterizado siempre la pelea que dan nuestros abogados en los Tribunales como parte necesaria, pero no la más importante, de una lucha coherente y sostenida confrontando al sistema represor. Del mismo modo evaluamos estos tironeos entre peronistas, radicales y frepasistas, que con políticas a veces diferenciables persiguen un mismo objetivo común –que no es el nuestro.
Entre las medidas represivas que los diputados bonaerenses del Frepaso y la UCR han aprobado, se destacan por su capacidad violatoria de los derechos humanos la virtual supresión de la excarcelación y la ampliación de facultades policiales.
En el primer caso, la liquidación de la posibilidad de excarcelar retrotrae el régimen jurídico bonaerense a la vigencia del decreto–ley 9032/78 de autoría de Videla y Camps. El estado de derecho en la Argentina reinstaura normas del terrorismo de estado.
Los restauradores impiden que desde ahora sean excarcelables los delitos consumados con el empleo de armas de fuego, las tentativas de delitos utilizando tales elementos, o los delitos que se cometen contra “valores militares” (?). Presentan el tema a la opinión pública apoyados en varias falacias repetidas en los medios como verdades reveladas: 1) Es falso que hasta esta reforma toda persona imputada por ese tipo de delitos automáticamente hubiera sido excarcelada; 2) Es falso que los jueces se vieran obligados a excarcelar peligrosos delincuentes armados por insuficiente dureza del sistema penal; 3) Es falso que la existencia de menos requisitos para la excarcelación genere sistemáticamente reincidencia; 4) Es falso que pocos vayan presos en la Argentina, o en la Pcia. de Buenos Aires en particular, si hablamos de delitos comunes imputados a personas comunes.
Las cárceles y comisarías (federales y bonaerenses) están repletas de presos que sólo en un 10 % están cumpliendo sentencias firmes. El resto es técnicamente inocente, de acuerdo a la manda constitucional. La enorme mayoría de esos detenidos sin condena están acusados de delitos contra la propiedad, con o sin el uso de violencia. Los jueces, si algo aplican de manera automática, es la máxima limitación posible al beneficio de la excarcelación, lo que se constata verificando los números concretos en los registros penitenciarios y judiciales. Esto es sistemáticamente así, sin necesidad de reforma alguna, salvo en algunos casos en los que concurren circunstancias especiales que ponen de relieve la selectividad del sistema penal. Ultimamente se ha convertido en norma no escrita para los jueces bonaerenses excarcelar procesados por homicidio simple con uso de armas de fuego, con la justificación de que “no existen elementos para suponer que el imputado, que tiene domicilio y empleo fijo, pueda profugarse u obstaculizar la acción de la justicia”. Recibieron ese trato privilegiado, por ejemplo, el cabo federal Fabián Goyochea, custodio de Corach que asesinó a Marcos Viera en Lanús en noviembre de 1999, y el agente bonaerense Walter Badel, que mató a Mauricio Passerini el 31 de enero de este año 2000 en Villa Diamante.
Desafiamos a cualquiera –diputado, juez, fiscal, policía o periodista- a que demuestre que existen otras excarcelaciones similares en beneficio de quienes no sean miembros de las fuerzas de seguridad o armadas. Para el sistema penal argentino es objetivamente más grave el delito que imputan al dirigente de los jubilados Castells que el homicidio de un joven cometido por un policía. Y éste resulta más confiable para ser excarcelado que quien reclama al Estado el derecho elemental al alimento para ancianos desposeídos y desprotegidos. No podría ser de otra manera. El debate en el congreso bonaerense no es entre garantistas y autoritarios, sino entre quienes proponen ser literales y expresos en materia represiva y quienes recurren al ropaje democrático para legitimar las políticas represivas con consenso popular.
CORREPI decía en agosto del año pasado que debíamos armarnos teórica y doctrinariamente no ya para cuestionar la ilegalidad propiciada desde los sectores autoritarios, sino la “legalización” del endurecimiento del sistema penal, reformado por los “demócratas”.
Estos “demócratas”, en su afán electoralista (disfrazado de cuestión de Estado), no ignoran que el sistema penal es en sí mismo una acción violenta del estado y cuando más violento y extendido es, menos democrática y libre es la sociedad para la que legislan.
En vez de propiciar el pleno empleo, prefieren aumentar el número de presos, sin desconocer que estas medidas incrementan la “delincuencia” como alternativa de supervivencia. La eliminación del instituto de la excarcelación implica retroalimentar el sistema penal y arrojar a más y más familias a la marginación y el abandono.
Los diputados de la Alianza conocen las condiciones infrahumanas de las cárceles, y la cantidad de muertes intramuros, los vejámenes y las torturas. Tampoco ignoran que el ingreso al sistema carcelario estigmatiza y condiciona la reincidencia. Serán, pues, responsables por cada nuevo muerto, lesionado o torturado y por las reincidencias de quien, antes, podía ser excarcelado.
Dejar librado al “criterio judicial” la facultad de remitir o no una persona a una cárcel no es una garantía de que se resolverá lo mejor para el imputado y para la sociedad. Es garantizar que se seguirán aplicando los mismos parámetros clasistas que mandan preso al arrebatador y liberan al asesino de uniforme, los que hacen esperar lo máximo al detenido para indagarlo cuando es cualquiera pero habilitan el juzgado un domingo a la mañana si el preso del sábado a la noche tiene fama y dinero.
La reforma en ciernes también amplía las atribuciones policiales, dando marco legal a conductas de las que nunca prescindieron las policías, aunque tuvieran que esforzarse en ocultarlas. Si la bonaerense siempre hizo lo que quiso con la población más desprotegida, ahora puede seguir haciéndolo con el Código Procesal dando validez legal a sus actos.
Los diputados aliancistas permiten con su proyecto que la más mínima garantía de la que gozaban los ciudadanos sea avasallada por la “prevención” policial. Todos quedamos a merced del conocido “olfato” policial, y todos (no los sectores dominantes, por supuesto) sucumbirán bajo el estado de sospecha legalizado por la bancada dirigida por Mosquera.
Es necesario que los segmentos populares sientan la “presencia policial”, se “acostumbren” a su metodología de represión y ni se les ocurra resistir los ajustes y las injusticias, y que las capas medias aterrorizadas por la “ola de inseguridad” vean a “su” policía en acción, “al servicio de la comunidad”, reprimiendo pobres, jóvenes y morochos –los sospechosos de siempre.
Los autores y votantes de esta reforma serán responsables de la proliferación de privaciones ilegales de libertad, vejaciones, abusos de autoridad y sobre todo del gatillo fácil –que por cierto, nunca se fue.
La posibilidad de “recoger del presunto imputado indicaciones e informaciones útiles a los fines de la investigación” es la institucionalización de la tolerancia a la tortura.
Es ingenua la explicación de que sólo pueden ser extraídas esas informaciones en el lugar del hecho o en sus inmediaciones. La experiencia indica que las falsedades de las actas policiales son la constante, y las inmediaciones pueden ser hasta “aguantaderos” policiales para que las torturas no sean delante de otros presos que los pueden denunciar. En este sentido, el sistema también se retrotrae a la dictadura militar, donde los acusados siempre “espontáneamente” brindaban informaciones útiles para la instrucción policial, práctica que tampoco desapareció después de 1983.
Seguramente los “progresistas” diputados de la Alianza seguirán repitiendo que el proyecto de Ruckauf y Rico era peor. Otra vez nos quieren envolver en el perverso juego del “policía bueno y el policía malo”, al tiempo que garantizan la “gobernabilidad”. Ya vimos este mismo juego a principios de 1997, cuando se discutían en el congreso nacional los proyectos de ley antiterrorista que la movilización popular logró abortar. El mismo sector que hoy impuso su proyecto de reforma procesal penal propiciaba aquel verano un proyecto consensuado de ley antiterrorista con el argumento de que “habían introducido modificaciones garantistas y ampliado la intervención judicial”, pero que era un instrumento para la represión del campo popular tan útil –o más- que el entonces oficialista.
La reforma del Código Procesal Penal votada por los diputados de la Alianza no es la vuelta a la “maldita policía” -que nunca se fue-, ni es la máxima expresión posible de garantías legales para “suavizar” el proyecto Ruckauf. Lejos de ser “insuficiente para garantizar la lucha contra la delincuencia, pero mejor que lo que había”, como sostuvo el subcomisario Luis Patti, va hacia la implementación del Estado Policial, de la guerra contra los pobres y el disciplinamiento del conjunto de la sociedad, legalizada con disimulo democrático.
Con o sin reforma, la lógica interna del sistema será siempre la misma. Para la policía, para los jueces, para los legisladores (aún los “progresistas” o democráticos”), hay ciudadanos (vecinos, como les gusta decir ahora) y sospechosos. Unos son blancos, ricos y propietarios, y los otros son pobres, negros y desposeídos. En algún caso podrá haber excepciones, pues no es lo mismo un campesino riojano petiso y morocho que un múltiple ex funcionario riojano con jubilación de privilegio, aunque sea petiso y morocho. Rico, Ruckauf o Patti representan un sector que prefiere reprimir aquí y ahora, sin eufemismos, apelando al miedo del burgués amenazado. Los otros, que se apropiaron del concepto de democracia, también quieren enarbolar la bandera de los Derechos Humanos, y prefieren ser más sutiles a la hora de diseñar sus políticas represivas, apostando a la retórica que disfraza su discurso garantista y les da consenso. Es una disputa entre ellos, que confirma una vez más que nuestra lucha es contra el sistema en su conjunto.