Ni “autogobierno” ni “aberración”: política de estado.

Bruno Rodríguez Monsalve tenía 24 años. El 18 de enero, preso en la comisaría 2ª de Trelew, vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años, usando, entre otros métodos, la violación con un bastón “Tonfa”. Su testimonio era clave.

Durante la instrucción de la causa, Bruno confió en las garantías que el propio estado torturador le ofreció para protegerlo, tras haber sido objeto de incontables amenazas a su vida. Así, lo trasladaron a otra provincia para “resguardar su vida” porque no estaba seguro en su hogar. Volvió a Trelew esta semana para retirar su DNI, necesario para conseguir trabajo en su nuevo lugar de residencia. Pensaba hacer el trámite en el día y regresar, pero ese mismo día, llegó a su casa mortalmente herido, con tres puñaladas. Clarísima advertencia, además, para los demás testigos, el joven víctima de la tortura y su familia.

No necesitamos que se identifique a los autores materiales de este asesinato para conocer la identidad de los responsables políticos, ni nos convencen las declamaciones del gobierno provincial y el gobierno nacional para despegarse del crimen.

El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de “cambio de figuritas” y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de “aberración” y alegando el “autogobierno de la policía”. Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la “burocracia autónoma”, el “descontrol”, la “política propia” o el “autogobierno”.

Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del APARATO REPRESIVO DEL ESTADO, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratósfera.

El aparato represivo ES EL ESTADO. Y su jefe es el gobierno que lo administra, en cada ciudad, provincia y nación. El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de los de uniforme, mientras jueces y fiscales, legitimadores de la represión, garantizan su impunidad, como la semana pasada vimos también en Trelew, con la absolución de los asesinos de Julián Antillanca.

Integrado por:

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional);
FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata);
CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario);
Sociedad de Resistencia (Mendoza),
AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva - Comodoro Rivadavia);
Corriente del Pueblo (Jujuy),
Jóvenes KURMI (Jujuy),
Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu);
Militantes Antirrepresivos de Olavarría;
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón;
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH);
Pájaros en la Cabeza (Santa Fe);
Antirrepresión (Misiones);
Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela).