Ni desgracia ni accidente

Ante la convocatoria a la movilización por la masacre del boliche Cromañón, CORREPI ratifica su solidaridad con la víctimas y sus familias. Los acompañaremos en la movilización del Jueves 6 de Enero, como lo hicimos desde el primer momento y lo seguiremos haciendo hasta que los culpables sean castigados.

La hipocresía de los funcionarios que lloran lágrimas de cocodrilo viene de la mano con la represión y la detención de ocho jóvenes al término de la última marcha, cazados por la PFA con tal arbitrariedad que uno de ellos resultó ser un menor de edad discapacitado, otros ajenos a la movilización y todos lesionados.

El techo inflamable, las puertas trabadas, la falta de habilitación, la guardería en el baño, la sobreventa de entradas, la coimas para tener habilitado un local así, son todos elementos comunes a la lógica empresarial, de la que Omar Chabán no es más que un exponente. Es la lógica de una sociedad donde los jóvenes ya no son ni siquiera mano de obra barata, sino apenas un sobrante para sacarle el jugo y eliminar lo antes posible. No es casual que la enorme mayoría de las víctimas pertenezca a la misma franja de edad que concentra más del 60 % de los asesinatos por gatillo fácil y torturas.

Las responsabilidad política del gobierno de la ciudad no es simplemente permitir que funcionen boliches como República de Cromañón. El gobierno de Ibarra viene de imponer –en acuerdo con el Macrismo- un código contravencional que se inscribe dentro de esa misma lógica de criminalizar a la pobreza y a la juventud. Alguno dirá que el Código Contravencional (aún en su versión todavía vigente) también sanciona algunas conductas dañosas realizadas por empresarios, como la sobreventa de entradas a espectáculos artísticos. Sin embargo, una norma no es sólo su letra sino también su aplicación. El esfuerzo del Gobierno ibarrista y la PFA siempre estuvo puesto en la persecución de vendedores ambulantes, prostitutas, manifestantes y otros “contraventores” de similar poder y peligrosidad. Si en lugar de perseguir a los pobres hubieran controlado a los empresarios importantes, esto no hubiera pasado (obviamente, sería impensable en esta sociedad destinar de ese modo los recursos). Tampoco puede obviarse la responsabilidad del gobierno nacional, del que depende el cuerpo de bomberos de la PFA, que aprobó las instalaciones de lo que era una trampa mortal.

Mientras tanto, en reemplazo del fusible ibarrista Juan Carlos López, se ha designado al ex intendente de Hurlingham Juan José Alvarez, que ya ocupara la cartera del área en los gobiernos provincial y nacional sucesivamente de la mano de Ruckauf, Duhalde, Rodríguez Saa y Solá. El nombramiento estuvo precedido por reuniones de Kirchner con el nuevo secretario y con Ibarra, y cuenta con la bendición del PJ bonaerense. El partido de gobierno ha cerrado filas para sostener a Ibarra frente al clamor popular por su renuncia, reforzando su gabinete con uno de sus hombres fuertes, de fluidos vínculos en la ciudad con Macri y experto en “resolución de crisis”.

“Policía moviéndose rápido, mucho vehículo y sorpresa”. Así definió Alvarez (Diario Clarín, 28 de septiembre de 2003), su objetivo como ministro de seguridad bonaerense.

Seguramente Kirchner e Ibarra piensan que el ideólogo de operaciones políticas y represivas de envergadura contra el campo popular en el marco de los hechos del 20 y 29 de diciembre de 2001, y uno de los máximos responsables de la masacre del 26 de junio de 2002, es la persona apta para traer “seguridad” a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vamos a tener, con seguridad, es más represión.

CORREPI, Buenos Aires, 5 de enero de 2005.