NI UNA MENOS

Cuando decimos que el Estado es responsable de la muerte de una mujer cada 18 horas, también lo decimos desde el momento en que vamos a una comisaría o nos encontramos ante funcionarios, jueces y fiscales para denunciar la violencia que se descarga sobre nosotras, y nos niegan la ayuda, nos violentan y revictimizan.

El Estado es responsable, por casos como el de Analía “Higui” de Jesús, hoy presa desde hace siete meses por defenderse de quienes quisieron violarla, después de sufrir innumerables ataques por ser lesbiana. También es responsable por Angie Velázquez Ramírez y Pamela Macedo Panduro, militantes trans que murieron en prisión tras negárseles la atención médica necesaria para atender sus enfermedades crónicas; o también cuando Belén, en Tucumán, estuvo privada de su libertad por realizarse un aborto.

Es una decisión política del Estado, la de reprimir como han hecho históricamente en casi todas las movilizaciones que dieron cierre a los Encuentros Nacionales de Mujeres, como hicieron el último 8 de marzo en el Paro Internacional de Mujeres. También fue el Estado el que decidió reprimir a un grupo de mujeres detenidas en el pabellón 22 del penal de Ezeiza, que reclamaban por mejoras en las condiciones de detención; fueron golpeadas, manguereadas y trasladadas a tortuosas celdas de castigo. La misma cárcel donde mataron a Florencia Cuellar en 2012, por rebelarse ante las injusticias del Sistema Penitenciario.

La violencia no sólo es física, sino también psicológica, y hasta obstétrica, en mujeres que deben permanecer encarceladas durante el embarazo o desarrollar su maternidad junto a sus hijos entre rejas. Policías, jueces y fiscales son responsables directos en el armado y funcionamiento de las redes de trata, de las desapariciones de nuestras pibas y de los femicidios. Así lo demuestra la última actualización de nuestro Archivo de Casos, donde advertimos que los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres en manos del aparato represivo. De 481 mujeres víctimas, 291 son femicidios en manos de miembros de las fuerzas de “seguridad”. En el caso de los travesticidios, el sistema jurídico cuenta con otras herramientas para invisibilizar las cifras, y ocultar la identidad de las compañeras que aún no pudieran modificar su DNI.

El Estado busca avanzar sobre nuestros planes de lucha, e institucionalizar nuestros reclamos con cursos de capacitación en géneros y derechos humanos para los miembros de las fuerzas. Estas estrategias, poco novedosas, buscan instalar la idea de que lo necesario es educar y capacitar a la policía, cuando sabemos que los numerosos cursos en derechos humanos que “capacitaron” a las policías de la democracia, no frenaron el aumento de las hoy, más de 5000 víctimas de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, y represión a la protesta social.

Este 3 de junio, por tercer año consecutivo, salimos a las calles a reclamar y exigir que nos dejen de matar. Más unidas y fortalecidas que nunca, decimos:

NI UNA MENOS

Contra el patriarcado y la represión, ¡organización y lucha!