Otro ladrillo en la pared

“Hace tres años, los diarios titulaban que un ‘justiciero’ había ‘abatido dos hampones y herido un tercero’. Hoy, gracias a la lucha organizada, tres juezas tuvieron que reconocer que el subcomisario Veysandaz es un asesino, que fusiló a los chicos, y que debe seguir preso”, dijo nuestra compañera María del Carmen Verdú cuando terminó la lectura del veredicto, y comenzó el festejo sobre la avenida Yrigoyen, en pleno centro de Quilmes, frente a los tribunales.

Desde varias horas antes, convocados por CORREPI, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y una gran cantidad de organizaciones que se sumaron a la campaña por perpetua para el subcomisario asesino, se congregaban en el lugar, igual que durante las audiencias anteriores, compañeros y compañeras como Cachito Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Carla Lacorte, sobreviviente del gatillo fácil y militante del CeProDH-PTS, HIJOS La Plata, la agrupación Hombre Nuevo, Izquierda Revolucionaria, el Partido Obrero, Marcha Guevarista del Pueblo, la Coordinadora Antirrepresiva del Sur y muchos otros.

Beti y Gladys, las madres de David y Javier, salieron del edificio con los brazos en alto, rodeadas por los compañeros familiares de otros chicos asesinados por la policía y organizados con ellas en CORREPI, algunos venidos de zonas tan apartadas de Quilmes como Moreno y José C. Paz. Ellas fueron las que iniciaron la pelea, cuando supieron secarse las lágrimas para salir a cortar una autopista y denunciar que el policía estaba prófugo. Así lograron, a fuerza de lucha organizada y movilización, que se lo detuviera y enjuiciara.

La alegría por la condena no nos impide señalar que, una vez más, la justicia del sistema se anima a condenar al asesino, pero se esfuerza en preservar al aparato represivo del estado. Por eso, aunque admitieron el planteo de nuestra querella, de que fueron tres homicidios (uno tentado) y no dos homicidios y una lesión leve, como pretendía el fiscal, rechazaron nuestra acusación por homicidio calificado por la condición de policía del asesino, que hubiera permitido la condena a prisión perpetua, y eligieron, en cambio, el homicidio simple agravado por el uso de arma, con pena máxima de 25 años.

La sistemática resistencia de los tribunales para aplicar a los policías la figura del homicidio calificado por la pertenencia a una fuerza de seguridad, no es un debate jurídico fundado en interpretaciones técnicas del código penal, sino un claro posicionamiento político que busca disimular la responsabilidad del estado, y de los gobiernos que lo administran, cuando el que mata es parte de su brazo armado.

Por eso, mientras celebramos esta condena a 21 años de prisión, que suma un ladrillo a la pared que venimos construyendo contra todas las variantes de la represión estatal en democracia, seguimos diciendo:

· No es un policía, es toda la institución.

· El crimen policial es un crimen de estado.

Contra la represión, ¡unidad, organización y lucha!