Sobre el “Estado de Excepción” en Córdoba

Sobre el “estado de excepción” en Córdoba:
Cómo se reconstruye un estado terrorista

Cuando definimos al estado burgués como el estado mayor de la clase dominante, incursionamos en una terminología militar que encierra el más preciso y ajustado de los significados. Nada tiene que ver que la fachada asumida por ese estado se autoreferencie como democrático y de derecho o dictatorial y de facto.
Importa, esencialmente, a qué clase responde, qué intereses defiende y -de acuerdo a la etapa de acumulación capitalista en que se encuentra- de qué herramientas dispondrá para –siguiendo la misma terminología- definir al enemigo interior y establecer así las coordenadas para su combate.
Es que, más temprano que tarde, el estado capitalista desafiará su publicitada lógica de igualdad (la que dice que existe para mediar entre los muchos que nada tienen y los pocos que todo lo poseen) y la libertad (la que refiere que existe para equilibrar las cosas entre quienes resultan oprimidos y aquellos que los oprimen), para descargar, sobre los primeros de ambos grupos, la munición pesada de la represión disciplinadora.
La idea de un estado democrático en el sentido que se ha vulgarizado, autónomo de su naturaleza clasista, es así, la más compleja e inteligente distracción, el modo más ingenioso de sembrar cazabobos en el campo minado en que tensionan las clases.
Cuando en julio de 2007, en menos de una hora, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.268 (una de las llamadas “leyes antiterroristas”), la institucionalidad argentina se pintaba la cara.
Por expresas exigencias del Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI) y del FMI, con la excusa de declarar al país “confiable para las inversiones extranjeras”, se dotaba a las autoridades de herramientas y facultades excepcionales para combatir al terrorismo internacional y doméstico.
Presuntamente, la necesidad de terminar con episodios cuyo disparador se ubica en el 11S de EEUU, tornaba imperiosa la sanción de una ley marco que, incorporada al Código Penal, y con suficiente resorte procesal, confiere una serie de atributos investigativos y preventivos que jamás podrían convivir en un auténtico sistema constitucional-garantista-legítimo y además legal (que adelantamos, es de utópica formulación mientras existan sociedades divididas en clases).
La experiencia piloto que los compañeros cordobeses denuncian se resignifica en este contexto.
Más de un garantista, incluidos algunos jueces de la Corte Suprema, se la verán en figuritas para admitir que es propio del estado “neutral” que postulan, pinchar teléfonos, allanar e intervenir comunicaciones electrónicas o postales, sin orden judicial. Ni qué hablar de las prolongadas incomunicaciones a detenidos y hasta la resucitación de las facultades policiales para interrogar al sospechoso.
Lejos estamos de sorprendernos. En la cotidianidad estas prácticas son inveteradas. Ocurre que ahora, como en el caso de esta experiencia mediterránea, se han “legalizado” como prueba de cargo. Esto significa que, por obra y gracia de una alquimia política-administrativa-jurisdiccional, lo que antes era considerado un atropello insostenible desde un estado que se precia respetuoso de cuanto pacto, convención o declaración universal de derechos humanos existe (y que por eso obligaba a realizarlo clandestinamente), pasa a ser ahora un recurso incriminatorio legítimamente obtenido.
El estado capitalista, desata las manos de sus perros guardianes respondiendo al clamor de una opinión pública que inteligentemente confunden con el Pueblo, previamente acicateada, claro está, por una campaña de los medios de prensa, cómplices necesarios de sus arbitrariedades.
Refieren los compañeros cordobeses -con números que deberán sacudir la modorra intelectual de muchos que todavía ignoran o relativizan la magnitud y el carácter decisivo que asume la lucha antirrepresiva- que la abrumadora mayoría de casos que ilustran este multidisciplinario ensayo represivo (recordemos que intervienen conjuntamente la policía provincial, la gendarmería nacional y el poder judicial), se hace sobre casas y pobladores de humilde condición social. No es casual, no es aleatorio. Es una política claramente diseñada.
Las herramientas de represión conducen a la militarización de la sociedad, ella entendida como la facultad de que dispone la burguesía en tanto clase dominante para establecer qué es delito , quienes son sus autores y cómo se los combate. Y en la sociedad que establece privilegios de clase no es difícil entender que quien los cuestione será el destinatario excluyente de toda represión. Y ese cuestionamiento consciente o inconscientemente, sólo lo realiza la clase trabajadora.
Poco importará que detrás -y delante- del narcotráfico sean las mismas agencias del estado capitalista las que lo multiplican (polinarcos, resortes diplomáticos, corrupción en la gestión de gobierno, etc.), o si es vox populi que con fondos non-santos se financian campañas electorales de candidatos variopintos.
Nadie reconocerá que haber acuñado el concepto inseguridad tenga como objetivo la protección de la burguesía y algunos sectores medios que tiemblan cuando aquella tirita. Porque si la seguridad es un valor democrático, entonces convengamos en que ninguna agencia estatal puede brindarla, cuando mata un pibe pobre por día mediante el gatillo fácil, cuando tortura a detenidos pobres en todas sus dependencias, cuando desaparece o recluta pibes pobres, en su modalidad delictiva más reciente. Y que ninguna justicia emanada de ese mismo estado puede dictar Justicia, porque la balanza está inclinada y sus ojos “hacen” que no ven.
Lo importante es usar la excusa para desplegar uniformados por todas las barriadas, entrar a los tiros en las villas, instalar gendarmes lejos de la frontera y prefectos lejos de los muelles, y así revictimizar a quienes ya condenaron por la explotación, la inflación, el trabajo en negro y el clientelismo electoral. Hablamos entonces de selectividad del sistema penal.
Selectividad que, sumada a la militarización, deviene necesariamente en el modo menos solapado de ejecutar una sistemática criminalización de la pobreza. Gobierne quien gobierne, asuma el estado la fachada que quiera.
Obsérvese que no es un dato menor que la experiencia piloto se realice en una provincia naturalmente conflictiva, con historia de independencia gremial, con desarrollo industrial y crecimiento de su periferia, y más curioso aún, una provincia que muestra a un gobernador que denuncia al ejecutivo nacional por retacearle el envío de fondos coparticipables pero que sin embargo acuerda con él (la participación de Gendarmería es insoslayable) en todo lo que refiera el modo de aplacar y disciplinar cualquier atisbo de protesta o levantamiento.
De a poco, la institucionalidad muestra la hilacha.
Ha pasado en Chile, en Paraguay y México. Uno de los principales estados terroristas del mundo, Israel, dispone de estas herramientas, inspiradas –aquí y allá- por el exportador de material legislativo y políticas represivas apropiadas para el cuidado de sus intereses imperialistas, EEUU.
La crisis del capitalismo es inocultable, pero todavía tiene margen, aunque la realidad de su naturaleza antihumana, alienante y destructiva, pueda más que sus falsos principios y frágiles teorías. Precisamente por eso, porque nada va a regalar, cuando sospecha la organización y la lucha como baluartes de las clases oprimidas, es que emplea todos los recursos tendientes a sofocarlos.
De allí que la lucha antirrepresiva sea vital para nosotros.
No alcanza con la denuncia, hay que sumarle a ella más organización y protagonismo.
De estas experiencias piloto, a la instalación de centros clandestinos o interrogatorios forzados, ¿qué queda por recorrer?.

CORREPI, mayo de 2010.-