Soldati, la represión y el nuevo ministerio de Seguridad.

En los planos de la ciudad, el terreno de Cruz y Escalada aparece señalado como “Parque Indoamericano”. Pero no es Plaza Francia ni el Parque 3 de Febrero. Es un enorme basural, lleno de escombros y maleza.

Ahí se instalaron, hace una semana, centenares de familias sin techo. Cuando la miseria aprieta y la desocupación avanza, cualquier lugar sirve, por inhóspito que sea, para colgar unas mantas y salir de la calle, o del hacinamiento en una pieza de la villa, a no menos de 700 pesos por mes.

El operativo de desalojo del martes, ordenado por una jueza de la ciudad, mostró una aceitada división de tareas entre las fuerzas de la Nación y de la Ciudad. El reparto del trabajo se hizo de acuerdo a los recursos de cada uno. La metropolitana no tiene, todavía, grupos de choque, como la guardia de infantería o la montada. Por eso, fue la federal la que entró a la toma en la primera línea de combate. Las balas que mataron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Churapuña fueron federales.

Vimos, así, que, cuando se trata de defender intereses comunes de la burguesía, como la propiedad privada y los negocios inmobiliarios, sus sectores enfrentados dejan de lado, momentáneamente, sus disputas internas y se unen para agredir al enemigo que también es común: la clase trabajadora.

Al día siguiente, mientras el activo militante se congregaba en el predio para apoyar la toma y repudiar los asesinatos, las familias regresaron al parque. Fracasado el desalojo encargado a los uniformados, empezó la segunda etapa del operativo. Supuestos “vecinos honorables” –es decir, propietarios- de los barrios linderos coparon los medios, reclamando su derecho al “espacio público” al grito de “fuera bolivianos y peruanos”. Pronto se los identificó como la mano de obra habitual de cualquier gobierno cuando tiene que tercerizar la represión: eran barras bravas y patotas de Sutecba, el sindicato burocrático liderado por Amadeo Genta y Patricio Datarmini. Como en Barracas el 20 de octubre, la zona fue liberada, por ambas policías, para garantizar la impunidad del nuevo ataque. Otros dos muertos y decenas de heridos aumentaron la cuenta, con el indudable beneficio, para los gobiernos nacional y de la ciudad, de los funcionales titulares de los diarios: “Vecinos contra ocupas”; “Justicia por mano propia”; “Guerra entre pobres”.

Mientras sus grupos armados parapoliciales masacraban en Soldati, el kirchnerismo y el macrismo volvieron a su interna y se cruzaron todo tipo de acusaciones. Los oportunistas de siempre, reclamaron que el gobierno nacional actúe como “mediador” en el conflicto que insisten en atribuir sólo a la ciudad, resignados, como están, a ser furgón de cola del “gobierno de los DDHH”. Aníbal Fernández, feliz de la vida, anunció por Twitter su rol “pacificador”. Unas horas después, anunció el envío de tropas de gendarmería y prefectura al barrio, de nuevo, para “pacificarlo”, para lo cual ambas fuerza cuentan con experiencia acumulada, por ejemplo, en Las Heras y en el conflictopesquero de Mar del Plata.

La cuarta víctima fatal fue ejecutada al mismo tiempo que la presidenta, por cadena nacional, celebraba el Día de los Derechos Humanos y el fin de su tercer año de gobierno. Un año que termina con un muerto por día con el gatillo fácil y la tortura, y 10 asesinados en la represión a la protesta.

A mediados de los ’90, cuando la represión menemista no lograba acallar las protestas estudiantiles, de los jubilados ni las constantes movilizaciones antirrepresivas, el presidente Menem anunció la creación de la “Secretaría de Seguridad”. Con la excusa del atentado a la AMIA, dictó el decreto n° 1193/94 que concentró en un mismo puño el mando directo de todas las fuerzas federales.

El gobierno de la Alianza UCR-Frepaso pasó la secretaría de Seguridad al ministerio del Interior, y desde ahí dirigió los operativos criminales del puente de Corrientes y del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En 2002, después del Puente Pueyrredón, el presidente Eduardo Duhalde la unificó con Justicia y DDHH, dándole rango ministerial bajo su hombre fuerte, Juan José Álvarez. Kirchner primero mantuvo el esquema, luego la devolvió a interior, al mando de Aníbal Fernández, y finalmente la secretaría de Seguridad regresó a Justicia, aunque su verdadero jefe siguió siendo el hoy jefe de gabinete.

Ahora, en el día de los DDHH, flanqueada por Hebe Pastor de Bonafini y Estela Barnes de Carlotto, símbolos nacionales de la claudicación y el travestismo político, Cristina Fernández anunció la conversión de la secretaría de Seguridad en ministerio autónomo. Puso al mando a la actual ministra de defensa, Nilda Garré, la misma del contrabando de partes de FAL, la misma que obedientemente mantiene tropas argentinas en Haití, para hacer el trabajo sucio al imperialismo.

Como Menem en los ’90, De la Rúa de 1999 a 2001, o Duhalde en 2002, el kirchnerismo muestra de nuevo, en los hechos, a quién defiende, y contra quién, aunque, al mismo tiempo, dispute con el macrismo la caja de la ciudad. La prioridad de ambos, es armarse para reprimir al pueblo trabajador. La nuestra, mientras velamos a nuestros muertos, es organizarnos para resistir, contra unos, y contra otros.