Boletín informativo nº 776

 

Tan sólo horas después de que Mauricio Macri ganara las elecciones, el diario La Nación, envalentonado por la conquista de un nuevo gobierno conservador y reaccionario sin tapujos, lanzó la primera piedra con su editorial “No más venganza“. En resumidas cuentas, un llamado al cese de los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, y una reconsideración de la militancia (la “izquierda verbosa”) de los ‘70 y el accionar de militares, jueces y fiscales. Un “freno al juzgamiento a la represión subversiva”, reclamaba el periódico de los Mitre, sin sonrojarse siquiera.

El guante fue rápidamente recogido por el gobierno de Macri. El jueves 14 de enero, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió al grupo de presión por la impunidad a los genocidas denominado “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” (CELTyV). En esa reunión, que los medios caracterizaron como una clara diferencia con gobiernos anteriores, reapareció el discurso de justificación del exterminio sistemático llevado a cabo en los ’70 por la dictadura en la que confluyeron militares, policías, empresarios, jueces, fiscales y la jerarquía de la Iglesia.

A 40 años del golpe militar, el gobierno macrista quiere orientar la discusión hacia el accionar de las organizaciones populares guerrilleras, validando, por omisión, el genocidio y los crímenes del terrorismo de Estado. La “deuda” que el macrismo pretende saldar con el recibimiento del CELTyV en sus despachos, esgrime una acción y justificación para el terror implementado por el Estado, con los resabios que acompañaron las operaciones de la Triple A.

Los juicios a los responsables del exterminio de miles de compañeros y compañeras siguen representando estadísticamente apenas si un represor condenado por Centro Clandestino de Detención y Exterminio existente en el país; los Archivos de la Dictadura siguen sin ser abiertos y su información permanece ajena a la sociedad; aún faltan cientos de nietos apropiados; el ex jefe del Ejército, Gral. César Milani, y el burócrata sindical del Batallón 601, Gerardo Martínez, siguen operando campantes. A ese mismo ritmo, el gobierno de Macri levanta nuevamente la teoría de los dos demonios, al mismo tiempo que afirma la reconciliación con los represores y repunta la idea de la “guerra sucia” para justificar el genocidio.
La lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una sola, y debe profundizarse con el compromiso consecuente del campo popular al calor de sus luchas, con nuestras banderas históricas en alto, y contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy.

 Detenciones arbitrarias: la libertad y la vida.

Como decíamos en el Boletín nº 775, el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo y reforzado aval a las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. El dato, puesto en contexto, no es una anécdota menor en la historia represiva de nuestro país. La averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones nos cuesta centenares de miles de detenciones arbitrarias por año. Calculamos (debemos calcular sobre la base de la experiencia, porque ningún gobierno, ni nacional ni provincial larga los números oficiales) que más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial no estaban acusadas de cometer un delito, sino que fueron víctimas de alguna de estas herramientas para el control social.
Pero también cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. Eran, según el eufemismo policial/judicial, “demorados” o “contraventores”, no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante.

Buena parte de las detenciones arbitrarias se vincula directamente con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo vendedores ambulantes, manteros, trapitos, personas en estado de prostitución, artistas callejeros y todos los que, de una forma u otra, se la rebuscan para sobrevivir en la vía pública. Todos saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigado sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna ubicua trompada que recuerde al infractor que mejor que denunciar es arreglar. Y muchos de ellos son los que engrosan nuestro Archivo de Casos cuando, en la jerga policial, “resulta ser un flojito y se les queda”.

También están los esquemas algo más elaborados, que tantas veces hemos denunciado: la brigada “levanta” alguno bien vulnerable, por ejemplo con algún pasado de “conflicto con la ley”, y, siempre después de un par de golpes que funcionan como “incentivo”, le ordena que vuelva en un par de días con una suma de dinero variable o le arman una causa. Le pasó a Desiderio Meza, que tuvo el buen tino de avisar a CORREPI, lo que permitió la detención de los policías de la comisaría 30ª con las manos en la masa, pero también a Jorge “Chaco” González, que murió 14 días después por la hemorragia interna causada por las patadas en la comisaría 5ª de Fiorito. O el aprovechamiento de estas facultades de llevarse alguien a la comisaría para “ablandarlo” y que admita hacerse cargo de algún delito que los policías no tienen ganas de investigar. Así murió Sergio Durán, a los 17 años en la comisaría 1ª de Morón, y desapareció Andrés Núñez en La Plata, en 1990.

El verano es propicio para estas prácticas extorsivas. Todos conocemos alguien que fue parado en la ruta con un farolito roto o el seguro vencido, y, una vez en la comisaría, fue forzado (siempre con el “incentivo”) a llamar a un familiar para que le mande dinero. Hasta ha ocurrido con turistas extranjeros, que debieron pagar su “rescate” con una remesa de euros, como hace unos años en Santa Fe.

Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle, tengas la pinta que tengas. Es, también, la defensa de la vida de nuestros pibes, que nos convoca a organizarnos cada vez más.

 La ¿nueva? policía de la Ciudad.

Ya votaron los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de alrededor de 18.000 policías federales a la órbita porteña, para sumarse a los 6.500 metropolitanos, es ley, con 39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra.

Votaron en contra los legisladores del Frente de Izquierda, Patricio del Corro y Marcelo Ramal, y Fernando Vilardo, de AyL. Los dos primeros, en sus intervenciones, denunciaron los crímenes de ambas policías, especialmente en sus operativos conjuntos, como las represiones del Indoamericano, el Hospital Borda, la Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco y se apoyaron en los datos que surgen del Archivo de Casos de CORREPI. El diputado del PTS, Patricio del Corro, destacó la presencia, en la manifestación que se realizó en la puerta del edificio, y en el recinto, de familiares de víctimas de las policías federal y metropolitana, como nuestras compañeras Marta Almirón y Soledad Barrientos.

La bancada del Frente para la Victoria, después de un arduo debate interno, pues varios –especialmente los más vinculados a la burocracia sindical- querían votar a favor, decidió abstenerse, con el argumento de que debía discutirse en el Congreso Nacional. Los 39 votos positivos sumaron al PRO, Confianza Cívica y al Interbloque ECO, que contiene a Suma+, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista Auténtico.

En definitiva, pasaron a la Ciudad toda la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (con las comisarías), y una parte de Bomberos, Policía Científica, Investigaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Aviación, aunque todavía no está claro cómo se resolverá el tema del escalafón (la PFA tiene escalafón de oficiales y suboficiales, la Metropolitana escalafón único) y cuestiones nada menores como el enorme negocio de los servicios adicionales y la remuneración.

La ley, denominada Convenio de Transferencia Progresiva, establece que los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y formarán equipos de trabajo conjuntos “para llevar adelante las etapas de transición y consolidación”. Como venimos denunciando, un comando conjunto para la represión, reforzado por el segundo proyecto que se votó, que autoriza al Poder Ejecutivo a “realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias”. O sea, a sacar dineros de donde mejor le parezca al GCBA para destinarlo a la nueva megapolicía.

Todo en línea con lo que, a nivel nacional, estableció la “emergencia en seguridad”, que, además de aunar acciones entre las fuerzas policiales conla Gendarmería, la Prefectura y las Fuerzas Armadas, con posibilidad hasta del derribo de aviones, también quita todo control legal, judicial o administrativo para compras de armamento y movimientos de personal.

Veremos pronto, en las calles y los barrios, en las manifestaciones y movilizaciones, y en todos los ámbitos imaginables, cómo nuestra vida cotidiana empeora todavía más con estas medidas.